La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por los combates entre las Autodefensas Gaitanistas y nuevos grupos creados al servicio del narcotráfico.
“En nuestro territorio, y en el sur de Córdoba en general, se vienen presentando muchas cosas que no coinciden con lo que ustedes llaman el proceso de paz”. Esto es lo primero que nos dice Gabriel Arturo Domicó, gobernador de la comunidad indígena emberá katío en el municipio de San José de Uré, al sur de Córdoba. Sentado, con las manos cruzadas y apoyadas sobre una mesa, levanta la cabeza y dice que sí, que acepta una entrevista: “Si me van a matar, pues que me maten, pero que la gente conozca la verdad”.
Domicó camina sin escoltas. Aunque a veces lo acompañan integrantes de la guardia indígena con bastones, lo usual es que recorra San José de Uré desprotegido. Ese mismo municipio que se quedó sin presidentes de Juntas de Acción Comunal en sus cinco corregimientos. El mismo territorio en donde fue asesinado Plinio Pulgarín –antiguo presidente de la JAC de San Pedrito– el pasado 18 de enero, cuando hombres armados irrumpieron en su residencia. Pulgarín, campesino y amigo de los indígenas zenú y emberá, respaldaba el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
A la región del sur de Córdoba todavía la persigue una estela de violencia. Para no ir muy lejos: el domingo 11 de marzo las autoridades reportaron el asesinato de Tomás Barreto Moreno, líder de las comunidades afrodescendientes en San José de Uré. Barreto, como Pulgarín, habitaba en las estribaciones del Nudo de Paramillo, donde confluyen diferentes rutas de narcotráfico.
En 1988, por ejemplo, grupos paramilitares al mando de Fidel Castaño asesinaron a 27 personas y a un menor de 10 años para generar terror y apoderarse del territorio. En esta zona también hicieron estragos los frentes 18 y 58 de las Farc, este último responsable de la masacre de 21 personas en el municipio de Tierralta, en mayo de 2001. Con los procesos de paz de las Autodefensas y de las Farc, quienes fueron durante muchos años los principales victimarios, no cesó la violencia. Primero llegaron las Bacrim, hoy más conocidas en la zona como las Autodefensas Gaitanistas. Después, a finales de 2016, comenzó a hacer presencia el ELN, un grupo armado que hasta entonces se había mantenido al margen de estos territorios.
En tres décadas de conflicto armado intenso, las comunidades zenú y emberá katío han resistido, esta última, por ejemplo, nunca ha desistido en la idea de tener un resguardo, una petición que viene desde 1971. No obstante, ese sueño se ve más distante ahora, cuando en pleno posconflicto con las Farc, otros grupos armados están desplazando a las familias y amenazando a todas las personas que quieran participar en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis).
Gabriel Arturo Domicó viajó a Bogotá el 5 de marzo. El tema del resguardo no estaba en el primer punto de su agenda, sino algo mucho más grave: “Es la primera vez que los grupos armados nos desplazan masivamente de nuestro territorio. Lo estamos perdiendo”. Su afirmación es respaldada por cifras de Naciones Unidas. El pasado 24 de enero, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de ese organismo denunció que al menos 425 personas pertenecientes a 131 familias de la zona rural de San José de Uré se desplazaron por amenazas y enfrentamientos de grupos armados.
Del total de familias desplazadas, 25 pertenecen a la comunidad emberá katío. Ninguna, según Domicó, ha podido regresar al territorio. La mayoría se encuentran albergadas en el polideportivo de San José de Uré, esperando una tregua de violencia para volver a sus casas. Han pasado tres meses y las cosas, como lo confirma la Defensoría del Pueblo, han empeorado. Según la entidad, desde comienzos de este año, los frentes Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos y Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas entraron en disputa con otros frentes de grupos dedicados al narcotráfico, como ‘Los Caparrapos’ y ‘Los Paisas’.
De hecho, el asesinato de Pulgaín fue atribuido al grupo de ‘Los Caparrapos’. Después de matarlo, como lo documentó la Defensoría, convocaron a las familias y les dieron menos de dos horas para abandonar el territorio. Días más tarde, el 18 de enero, la líder Diana Dorado, de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, fue amenazada de muerte y tuvo que abandonar la zona. El 31 de enero, también ‘Los Caparrapos’, asesinaron a Antonio María Vargas, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ilusión. El último desplazamiento masivo se presentó el 19 de febrero, cuando este mismo grupo sostuvo enfrentamientos armados con la Autodefensas por el control de las rutas ilegales de Versalles y Brazo Izquierdo.
En el transcurso de esos enfrentamientos, los grupos armados llegaron al territorio de los embera katío y preguntaron por Donaciano Mojaré y Donadó Aurelio Jumí, ambos líderes de la comunidad. Por fortuna, no los encontraron. “En cualquier momento nos matan”, dice Gabriel Arturo refiriéndose a esta incursión. Antes de hablar con ¡Pacifista! comenta que prefiere no mostrar su rostro, aunque no tiene problema si escribimos su nombre.
Usted vino a Bogotá a hacer una denuncia de lo que esta pasando en sus territorios. ¿Qué es exactamente?
El problema en el sur de Córdoba está muy complejo: desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas, alta presencia de actores armados y una serie de asesinatos selectivos. Ya emitieron una amenaza contra nuestra comunidad.
¿Quiénes los amenazaron? ¿Qué intereses tienen?
No sabemos quiénes son, solo sabemos que están armados y que están desplazando o matando a las personas que apoyen la erradicación o sustitución de cultivos. Acá tienen un interés en el territorio, es muy fértil, ya sea para los narcotraficantes o para empresas multinacionales.
¿Esos actores estaban antes del proceso de paz con las Farc?
No. Cuando la guerrilla se fue comenzaron a llegar grupos que nunca habíamos visto. Muchos dicen que son paramilitares, pero la verdad es que para nosotros son lo mismo de siempre: la misma harina pero en otro costal.
¿Les podrían quitar el territorio?
Nosotros tenemos 115 hectáreas que nos dio el Incora y que son reconocidas por el Estado como territorio colectivo. Desde el año 1971 hemos adelantado un proceso para que se nos reconozca como resguardo porque es un territorio ocupado ancestralmente. Si nos dan el título de resguardo, podríamos estar más protegidos, pero no ha sido posible.
Sabemos que están armados y que están desplazando o matando a las personas que apoyen la erradicación o sustitución de cultivos
¿Cómo han hecho con los cultivos de coca?
Nuestra zona esta cundida de cultivos, es un problema serio. Con el proceso de paz la gente le creyó al gobierno y se acogió al programa de sustituir la coca. La respuesta de los actores armados fue amenazar a los campesinos, matar a los líderes y seguir amenazando a los que siguen en el territorio. Gracias a dios no han asesinado a nadie en el resguardo indígena, pero sí estamos muy preocupados porque ya señalaron a dos compañeros con nombre propio. Ellos son líderes.
¿Cómo fue el desplazamiento?
El 18 de enero, cuando asesinaron a un líder campesino, las familias tuvieron que desplazarse a la cabecera municipal de San José de Uré. Después de matarlo, los hombres armados dijeron: “todos los que estén involucrados en la sustitución de cultivos es porque están trabajando con el gobierno. Entonces, nos dejan la tierra a nosotros, por las buenas o por las malas”. Les dieron media hora a las familias campesinas, afro e indígenas para que se desplazaran. De nuestra comunidad se fueron 25 familias, 91 personas en total.
¿Cómo se han acercado los grupos armados a su comunidad?
En nuestra comunidad no hay señal de celular. Para coger señal toca subir a un filo de una montaña que queda a una hora. El 19 de febrero, después de un enfrentamiento que hubo en la zona, un compañero subió al filo para hacer una llamada. Luego llegaron unos sujetos extraños, vestidos de civil y le preguntaron que de dónde era, que si conocía a toda la comunidad. Le dijeron, ‘ah, tú eres hermano de Feliciano’, y él se sorprendió porque no había dicho nada. Él respondió que no conocía a nadie. Ellos se miraron y le dijeron: “Aquí no vamos a respetar ni a indígenas ni a campesinos”.
¿Cuál fue la respuesta de las instituciones?
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana y en la cabecera municipal, pues la Alcaldía, la Defensoría y la Unidad de Víctimas han atendido a las familias, les dieron un bono de emergencia, pero eso no es suficiente, no hay garantías para regresar a nuestros territorios. Y el problema es que si las familias regresan pues no tienen garantías de seguridad y tampoco de vivir bien. No hay profesores, no hay una escuela y hace como cuatro años que los niños no estudian ni tienen servicio de salud.
¿De qué están subsistiendo?
De la agricultura y pues no lo voy a negar: la mayoría de la coca, raspado hoja de coca.
¿Hasta dónde ha avanzado el plan de sustitución?
En diciembre pasado vinieron unos funcionarios del gobierno, hicieron una verificación de los cultivos y a algunos que habían erradicado les pagaron. A ellos les ha tocado desplazarse o han resultado muertos… Lo que se escucha es que estos grupos armados están financiados por el Cartel de Sinaloa, pero no sabemos. Lo que es cierto es que están bien dotados de armas y matan al que se acoja a ese plan.
¿Qué medidas de protección les han dado?
Estamos resistiendo solos. A la Defensoría del Pueblo le pedimos una protección colectiva, pero no ha dicho nada. Ahora, si nos van a dar escoltas, para nosotros es peor. ¿Qué hacemos con dos tipos armados al lado de nosotros todo el día? Si van con uno al monte llega un grupo armado y se los come vivos. Lo que necesitamos es que nos ayuden a capacitar a la guardia indígena, que nos ayuden por lo menos con un radio satelital.
¿Los grupos armados han reclutado menores en su región?
Por la presencia de la guardia indígena no se han acercado tanto. Sabemos que algunos hablaron con los jóvenes y les dijeron que les pagaban bien, que se unieran, pero ellos no aceptan, ellos saben que eso no es bueno porque se los hemos dicho.
Los grupos armados suelen fragmentar las comunidades, por eso se lo preguntaba…
Claro. Es que el 3 de diciembre se acercaron a la comunidad con esa intención pero los pelados respondieron bien por las capacitaciones que han recibido, por las charlas sobre paz y pensamiento. Por ahora han respondido bien, pero no sabemos qué va a pasar, la gente está muy asustada. Vivimos en un territorio que hace parte de una zona de corredor de narcotráfico.
¿También han atacado a la comunidad zenú?
Sí, y a los campesinos. Es que atacan a todos los que defiendan el territorio, a todas las comunidades que estén priorizadas en el Acuerdo de Paz.
¿Qué podría hacer el gobierno?
Primero, no solo mandar Ejército. Segundo, reconocernos como resguardo, demostrando que respetan nuestro territorio. Y en seguridad, necesitamos una seguridad colectiva, no escoltas para un líder.
¿Esta ha sido una de las épocas más duras que ha vivido su comunidad?
No sabría decir. Antes también teníamos víctimas, jóvenes que morían por minas, también nos mataban líderes. Para mí sí ha sido la más dura porque antes, como en 2008, cuando había más combates, yo era un estudiante, no un líder. Además nunca habíamos vivido un desplazamiento como este. Ahora ser líder es muy riesgoso, yo lo sé, pero por eso quiero poner en conocimiento lo que está pasando. Si me van a matar, que me maten porque conté la verdad.
Ustedes no están tan lejos de la zona en donde se desmovilizó las Farc…
Sí, regionalmente no estamos lejos de lo que era la zona veredal. Pero los excombatientes se han incorporado a otros grupos armados porque ya conocen todo el corredor del narcotráfico por el Urabá.
¿Cómo están las familias que fueron desplazadas?
Hace poco logramos que nos dieran un espacio en el Polideportivo, porque nosotros somos gente de aire libre y cuando nos ofrecieron un colegio pues las familias no querían porque no son de estar encerradas en cuatro paredes. La Unidad de Víctimas está allá, pero como le decía, las familias no tienen ninguna garantía para regresar al territorio. La única garantía es la muerte.
