Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, asegura que en varias regiones del país, los grupos armados tienen bloqueado su trabajo.
- Mariana Escobar llegó a la dirección de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) un mes antes de las elecciones del plebiscito del 2 de octubre de 2016. En ese entonces, el ambiente en el Gobierno era distinto. La mayoría de funcionarios contaban con la victoria del ‘Sí’, pero ocurrió lo contrario. La renegociación entre los triunfadores voceros del ‘No’ y las delegaciones de La Habana retrasó los planes del Gobierno y las Farc, tanto el proceso de desarme como la aplicación de los programas rurales en los territorios. Ahora, con las elecciones que se vienen en 2018, la tarea se complica un poco más.
Escobar está trabajando a contrarreloj. Antes de mayo del año entrante debe tener listos –o por lo menos muy avanzados– los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), indispensables para el cumplimiento de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de La Habana. En total son 170 municipios los que participarán en la elaboración de los PDET, todos con un alto nivel de conflictividad y ausencia estatal. En diálogo con ¡Pacifista!, Escobar explicó las dificultades que se le han presentado para sacar adelante este gran reto, principalmente en regiones donde los grupos armados amenazan la institucionalidad, aún sin importar que hoy las Farc estén en el terreno.
¿Ha llegado la presión de Donald Trump a su oficina por el problema de los cultivos de coca?
Nosotros no somos directamente responsables del programa de sustitución. Toda la agenda está en la subdirección de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Alta Consejería para el Posconflicto. Sin embargo, el tema de la sustitución está en el corazón de los PDET. De los 170 municipios con los que estamos trabajando, 118 tienen presencia de cultivos ilícitos. De hecho, podríamos decir que el 95% de los cultivos están en esos municipios.
Y para implementar los programas productivos es necesaria la sustitución…
Es un tema difícil. El Acuerdo final de la Habana tuvo interpretaciones distintas por parte de las Farc y el Gobierno. Tuvieron que sentarse para definir el alcance del punto cuatro –sobre drogas ilícitas–, y llegaron a un acuerdo el pasado 27 de enero. A partir de ese momento comienza el programa de sustitución de una manera armónica en los territorios, buscando negociaciones con la comunidad. En los primeros momentos se presentó una descordinación institucional porque el Gobierno fue muy claro en que no iba a renunciar al mecanismo de erradicación forzada de cultivos, cuando ya había miles de familias con algunos preacuerdos de sustitución.
¿Estos preacuerdos tienen previsto el desembolso de rucursos para campesinos que accedan a la sustitución de cultivos?
Se les entrega un total de 36 millones de pesos. Estos recursos se entregan cada dos meses durante un año y se invierten en una plataforma de seguridad alimentaria y proyectos productivos a corto y largo plazo. Esto también tiene sus complejidades. Por ejemplo, podemos tener 34.000 preacuerdos con familias en Putumayo pero éstos deben pasar a ser acuerdos individuales, someterlos a verificación y, después de la entrega del primer millón de pesos, la Undoc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) tiene que verificar que el predio esté libre de coca para desembolsar el segundo pago.
En ese proceso a veces entra el Ejército con el programa de erradicación y se arma un problema, se complican los acuerdos con las familias. Ahora, no todas las familias aceptan los acuerdos y las organizaciones de los cultivadores de coca son muy fuertes. El Gobierno tiene dos metas para el final de este año: 50.000 hectáreas de coca erradicas y 50.000 sustituidas. Sé que por erradicación forzosa van 31.000. Sustituidas, verificadas, 5.000. Aunque se debe aclarar que ya se firmaron acuerdos para la sustitución de 15.000.
¿En qué regiones ha sido más difícil aplicar los programas?
Catatumbo es muy complejo, por ejemplo. En Putumayo usted sabe que las Farc era el único autor armado, entonces los integrantes de la guerrilla se desmovilizan y contribuyen en la implementación del acuerdo, pero en Catatumbo está el Eln, Los Pelusos y otros grupos armados que tienen un control muy grande sobre la coca. El negocio sigue dinámico pero el Gobierno está tratando de avanzar hacia Tibú y El Tarra, donde se concentran los cultivos de coca. Lo mismo está haciendo en Tumaco. En el Guaviare, por ejemplo, el Frente Primero –disidente de las Farc– tiene todo bloqueado y no se ha podido intervenir. A eso súmele el paro minero. Cuando estábamos comenzando las asambleas para discutir el PDT en Tarazá (Antioquia) tuvimos que suspenderlas porque la situación estaba muy compleja. En Miraflores, Guaviare, declararon objetivo militar las asambleas del PDET. Estamos bloqueados en algunas zonas.
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Escobar llegó a la dirección de la Agencia en septiembre de 2016.
¿Tienen el respaldo de la institucionalidad local?
El primer semestre trabajamos con los gobernadores de los departamentos, las comunidades indígenas, las organizaciones sociales, no puedo decir que con todos todavía, pero sí con los actores más relevantes. De los 170 municipios ya estamos construyendo los PDET en 30. Vale la pena decir que en los 170 municipios tenemos 10.500 veredas, 425 resguardos indígenas, 305 consejos comunitarios con título legal (en realidad pueden ser 800) y cinco zonas de reserva campesina. Como el PDET se construye desde lo veredal tenemos que involucrar a todas las personas, dialogar con todas las comunidades. Con los resguardos, por ejemplo, buscamos que el PDET sea acorde a sus planes de etnodesarrollo, a su visión de territorio.
¿Sí van a alcanzar a cumplir los plazos?
La primera etapa del PDET, la de formulación, dura ocho meses. Esto quiere decir que en mayo de 2018 desearíamos tener listos los 16 planes de acción en las regiones donde están ubicados los 170 municipios. Sin embargo, este trabajo de construcción de PDETS es muy complejo. No es lo mismo sacar adelante el PDET del sur de Tolima, donde son cuatro municipios con condiciones relativamente homogéneas, que hacer el del norte del Cauca y la región de Alto Patía , donde confluyen tres departamentos y 24 municipios. Solamente en el norte del Cauca la conflictividad política y social es muy profunda. Es necesario tramitar estos conflictos porque el PDET debe ser un gran acuerdo territorial acorde con la Reforma Rural Integral.
¿No es insuficiente el presupuesto?
Estamos en una crisis fiscal muy compleja. Este año tuvimos casi $300 mil millones de presupuesto. ¿Qué hemos hecho con estos recursos? Primero, financiar operativa y logísticamente lo que implica construir un PDET, es decir, movilizar a gente de 10.500 veredas. Segundo, tenemos inversiones específicas para los 51 municipios declarados prioritarios durante los primeros 100 días del posconflicto; en estos lugares están las zonas veredales y es donde hay más coca. Con la FAO, por ejemplo, tenemos convenios para Dabeiba, Vigía del Furte, Planadas, entre otros municipios, para crear líneas productivas de café, plátano, palma, cacao, yuca, banano, caucho, ñame, etc…
También tenemos un programa de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), en el que invertimos $130.000 millones. Con este programa, las comunidades definen proyectos de baja complejidad técnica que pueden resolver brechas en términos de infraestructura, energía y servicios públicos en general. Estamos haciendo planes de energización con energía solar o sistemas de potabilización de aguas. Tenemos otro plan vial que se llama 50/51, que consiste en que se recuperen 50 kilómetros de red vial terciaria en los municipios prioritarios que mencioné.
¿Cuándo planean pasar del nivel verdal al municipal?
La idea es que en los que nos queda de este año logremos una propuesta de plan con los resguardos y los consejos comunitarios. Se subiría al escenario municipal en enero y ahí entrarían nuevos actores: los alcaldes, los rectores de los colegios, los gremios locales, la Iglesia… Cuando se consolida el nivel municipal se sube a una instancia regional, donde queda definido el PDET. Eso sí, será con una instancia colegiada, sin actores dominantes. Ningún gobernador puede decir “ese PDET es mío”. El plazo es corto y nosotros les hemos dicho a las comunidades que tenemos que avanzar en lo que más podamos porque en agosto de 2018 llega otro gobierno y no sabemos qué va a pasar.
Seguramente necesitarán más plata para el año que viene…
Aspiro a que nos den mucha más plata, porque si bien los PDET son planes que se van a ejecutar en 10 años, tenemos que seguir con la dinámica y pasar de los 52 municipios prioritarios a los 170. Creo que hay que empezar a desatar cabos. Tenemos más de $680.000 millones en regalías que no se han podido ejecutar porque en los municipios tienen las ideas de los proyectos pero no la plata para estructurarlos. Aspiro a tener los recursos para ayudarles a los alcaldes y sacar esos proyectos adelante, como mejoramiento de vías, hospitales públicos, colegios…
Para los próximos 15 años el Ministerio de Hacienda designó $129 billones de para el posconflicto, de los cuales $110 billones son para la Reforma Rural Integral. La discusión radica en que los $110 billones no se pueden dividir por partes iguales en los 1.122 municipios que tiene el país. Lo más vulnerables deben ser prioritarios.
Tenemos que avanzar en lo que más podamos porque en agosto de 2018 llega otro gobierno y no sabemos qué va a pasar
¿No le preocupa el clientelismo que se puede presentar alrededor de los PDET el año que viene?
Se nos atravesaron los PDET con las campañas electorales, también con las circunscripciones electorales especiales: por cada PDET hay una circunscripción. Es un tema muy interesante porque los 170 municipios que estamos interviniendo, además de ser los más pobres y los más afectados por el conflicto, son los que menos representación tienen en el Congreso. Ahora llegarán 16 representantes nuevos desde esas regiones. En ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho el riesgo de captura de esos espacios por parte de los actores armados o los partidos tradicionales.
En el sur de Córdoba el Clan del Golfo está controlando, además de las rutas de narcotráfico, las juntas de acción comunal y podrían tomarse espacios de los PDET. ¿Se acuerda de los primeros años de la parapolítica en Córdoba? Bueno, se puede estar presentando algo similar y el Clan puede estar fabricando un candidato para las circunscripciones especiales. Por eso se deben activar todos los mecanismos: Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la MOE (Misión de Observación Electoral). Todos deben poner la atención en los PDET. Ya hicimos el llamado para que no capturen estos espacios. Si lo hacen, el posconflicto peligra.
