OPINIÓN. Estrategia armada, terrorismo cibernauta y acción política abierta: los tres grandes enemigos de la restitución.
Columnista: Francisco Javier Cuadros
La andanada contra la restitución de tierras de los últimos días demuestra que hay actores gremiales y personalidades de las entrañas del Estado que no se han adaptado a los cambios moderados que viene transitando Colombia y, por el contrario, buscan detenerlos y mantener al país en un ambiente como el de la “restauración conservadora” de los años 40 y 50.
Si esa es la reacción de estos sectores ante la restitución de tierras, ¿cómo será ante la implementación de la reforma rural que se pactó con las Farc y que afecta la inequitativa propiedad de la tierra? Veamos.
En nuestro país tenemos pocas certezas, pero entre ellas está que la concentración de la tierra, el modelo de desarrollo y la profunda desigualdad social, han sido el principal animador de los largos periodos de guerra que hemos padecido. Esa es la ‘pepa’ del problema.
En la periferia de este núcleo está el despojo de tierra ilegal y legal de las últimas tres décadas. El despojo masivo, que asciende a 6.6 millones de hectáreas; las 7.165.906 víctimas de desplazamiento forzado en el periodo 1985 a 2016 y los 103.766 de bienes muebles o inmuebles despojados son cifras contundentes.
Hay que reconocer que, ante el despojo, hay un esfuerzo institucional por reconocer a las víctimas y restituirle derechos. La Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y de restitución de tierras) es un cambio gradual en la dirección correcta. Y digo que es gradual porque reconoce derechos de las víctimas en medio de un entramado que favorece la concentración de la propiedad.
Por ejemplo, la disposición de tierras baldías para favorecer los llamados agronegocios (Ley Zidres) fue impulsada por el mismo Gobierno y es la misma estructura del Estado la que ha dejado que solo se haya resuelto el 3,4% de las 87.000 solicitudes de restitución de tierras.
La implementación de la restitución se ha enfrentado con diversas formas de oposición, registradas por organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y entidades del Estado. Me voy a arriesgar a plantear tres:
- Estrategia armada: Hay debates sobre cómo denominar este fenómeno (bandas criminales, paramilitares o neo-paramilitares); pero más allá de los debates sobre la denominación del fenómeno, sí se han registrado acciones armadas en vía de contener la restitución, mediante asesinatos selectivos, ocupación armada de territorios donde existen solicitudes de restitución por parte de poblaciones víctimas y paros armados.
- Intimidación y terrorismo cibernauta: Internet se ha convertido en el medio para difundir de forma masiva mensajes de intimidación, amenazas con el propósito de producir miedo y terror en la población y, en particular, en las víctimas demandantes de restitución.
- Acción política abierta: este tipo de acciones ha sido más visible en los últimos días. Recurren a la movilización masiva de personas que se declaran víctimas de la restitución, compradores de buena fe de predios despojados. Es decir, personas que desconocieron los episodios de violencia que se presentaron en el predio adquirido. La acción mas visible, que al parecer no será la ultima, fue la asamblea masiva liderada por el procurador Alejandro Ordóñez.
Para mí, resolver la restitución de tierras es una deuda impostergable y de primer orden moral, pero hacer una reforma agraria es una deuda con la democracia de nuestra nación. En este aspecto, en la mesa de conversaciones de La Habana, entre el Gobierno y las Farc, se logró llegar a un acuerdo que implica formular e implementar una política de desarrollo rural integral con enfoque territorial. Sin duda, un punto que va más allá de la restitución de tierras.
Lo pactado entre el Gobierno y las Farc es un cambio mayor porque afecta el corazón del problema y por ende implica mayores cambios en todo el sistema social. No es para menos, la realidad del mundo rural expresa una tendencia alarmante. Si bien el territorio rural representa el 94% del total del país y el 32% de las personas viven allí, el 77% de la tierra es del 13% de los colombianos y, de estos, el 3,6% es propietario del 30% de la tierra. También, la situación de pobreza en lo rural es mayor que en lo urbano: el ingreso promedio de una familia campesina en 2009 fue de $220.000, mientras que el de una citadina fue de $668.000.
En suma, las reacciones de estos actores ante la restitución de tierras deja una pregunta: ¿cómo será la implementación del punto 1 del acuerdo de La Habana que implica afectar el corazón del problema?
Esperemos que estos sectores tengan todas las garantías para dar los debates, pero es necesario que reflexionen, que declinen en esos discursos que incentivan a la violencia. Ojalá se inscriban en el momento de la transición que el país y el mundo esperan de las instituciones colombianas, que tengan la capacidad de adaptarse al proceso de cambio, lento para mi parecer, pero necesario.
