La Defensoría del Pueblo se le midió a medir la violencia policial contra las personas de orientación sexual e identidad de género diversas. Esto dice el informe
Golpizas sistemáticas, retención prolongada e injustificada de documentos de identidad, detenciones arbitrarias, requisas no justificadas en nombre de la “seguridad ciudadana”. Este es el panorama de una persona LGBTI en los espacios públicos del país cuando pasa por enfrente de un CAI o cuando es abordado por la Policía en la calle.
La realidad es que la Policía Nacional de Colombia no siempre está a favor del ciudadano y mucho menos a favor de la comunidad LGBTI, o al menos así lo revela el último informe de la Defensoría del Pueblo. De hecho, la tendencia de la Policía a violentar a personas pertenecientes a la comunidad es tan marcada, que la Defensoría decidió ser el ente oficial que marque la pauta para hablar de estos casos.
“Son relaciones muy tirantes. Como si nos tuviéramos que cuidar de quienes supuestamente nos cuidan. Es muy agresivo, su actitud es como si nos tuvieran que normalizar”.
Danys Acevedo, activista Transgénero de Medellín.
La violencia contra la población puede ser simbólica, física, sexual, por omisión (falta de respuesta policial) o violencia en los procedimientos regulares de la policía como requisas y solicitud de documentos. Se explica que el abuso policial nace de la percepción de “que la víctima ha transgredido las normas de género aceptadas por la sociedad”, y esto –desde la perspectiva del agresor– justifica este comportamiento violento.
Asimismo, la “idea de superioridad de lo masculino sobre cualquier expresión que pueda considerarse ‘femenina’”, es otro prejuicio que colabora a justificar los comportamientos de la Policía. Es decir, una mujer que no sea suficientemente femenina es una ‘machorra’ o un hombre que no es lo suficiente varonil, es una ‘loca’.
“Puta”, “marica”, “machorra” y “loca” son algunos de los gritos que han escuchado las personas entrevistadas por parte de agentes policiales en las calles.
Es importante aclarar que la metodología que se usó para este informe es cualitativa, es decir que no se basa en cifras, sino en percepciones, ¿por qué? Porque no hay cifras oficiales al respecto. A pesar de que este ha sido un problema que lleva ya varios años rondando y visibilizando, sobretodo en las grandes urbes, los datos no se han recopilado con rigurosidad por los entes del Estado.
Hace 11 años durante la Marcha por la Ciudadanía LGBTI en Bogotá, la Defensoría empezó a compilar una base de datos con testimonios del escenario de violencia que, hasta ese momento, había sido invisibilizado. Fue hasta 2007 que se dieron cuenta de la dimensión que alcanzaban las agresiones de la fuerza pública, ya que de los entrevistados durante la marcha, el 43 % aseguró haber sido víctima de discriminación por parte de la Policía Nacional por el simple hecho de pertenecer a la comunidad, es decir, ser gay, lesbiana, transgénero o intersexual. Sin embargo, fue hasta 2018 que la entidad sacó un informe tratando este tema específico, sin mucha evidencia del trabajo hecho los últimos 11 años.
En comparación con otros países de América Latina, Colombia es el que tiene la mayor “insuficiencia para abordar de manera efectiva la violencia contra esta población”, explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en su informe ‘Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex en América’ de 2015. Esta conclusión se expuso a partir del “alto nivel de impunidad” de las investigaciones contra la fuerza pública.
Además, las pocas cifras que hay en el informe de la Defensoría, tienen números bastante bajos para lo que es el problema real. Por ejemplo, se explica que la Mesa Nacional de casos urgentes de la Fiscalía, reportó entre 2006 y 2014 apenas 16 casos de discriminación de la fuerza pública hacia alguien de la comunidad LGBTI. Más tarde, en 2016, agregó seis casos más cometidos en la capital. Por su parte, la Procuraduría General explicó en julio de 2017, que había 19 procesos abiertos por denuncias contra los miembros de la Policía e Inpec por abusos a identidades de género diversas. Las cifras de Medicina Legal se escalan un poco más, informaron que entre 2015 y 2017 atendieron 83 casos de violencia de este tipo.
Pero los números siguen siendo muy bajos. Según el informe esto tiene dos explicaciones, la falta de información estatal y la inexistencia de enfoques diferenciales en entidades públicas. Eso sí, la Defensoría deja bien claro que por más de que no hayan denuncias, no significa que la problemática “sea inexistente” y que no se deba prevenir o denunciar. Pero sin una recopilación juiciosa de datos y pocos resultados por parte del Estado ¿cómo incentivar a que la población LGBTI denuncie a los mismos que reciben las denuncias?
Por su parte, la Policía Nacional aseguró a Colombia Diversa que sólo se abrieron 14 investigaciones disciplinarias por 66 hechos de violencia policial registrados en todo el año de 2017. De las 14 investigaciones, cuatro están archivadas, una está en estado de instrucción y de las nueve restantes no se conoce el estado. Incluso en las investigaciones que involucraban violaciones a derechos humanos, la Policía no informó las razones para archivar las investigaciones.
Al final, la Defensoría concluye que la violencia es “colectiva, sistemática y pertenece a un contexto”, lo cual es un avance en reconocer esto como un problema social y no unitario, además de dejar claros los vanos esfuerzos institucionales en esta materia. El informe lanza soluciones como “destinar un capítulo especial para la población”, “cumplir con los artículos de la Constitución” o “asumir compromisos eficaces con la impunidad”.
