Por lo menos ocho menores han muerto confinados. La población grita: ¡Acuerdo Humanitario Ya!
“ELN anuncia un cese al fuego durante Semana Santa”. Esta fue una de las noticias que circuló en los medios de comunicación el jueves 11 de abril. “Ustedes en Bogotá pensarán que entonces todo va a estar muy tranquilo en Chocó, que podremos salir tranquilos de la casa, pero no, nada de eso, acá está el Clan del Golfo, el Ejército; ellos también reclutan, también intimidan a la gente”. Así nos respondió un líder social del Alto Baudó cuando le preguntamos sobre la violencia en su región. Nos dijo, eso sí, que cualquier silencio – así sea temporal – de los fusiles, es “un gesto de paz y lo valoramos”.
La situación de los últimos meses en Chocó no ha sido nada fácil. En municipios como Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio y Alto Baudó la población civil ha tenido que refugiarse en sus casas ante los enfrentamientos constantes entre el Clan del Golfo y el ELN. En municipios como Bojayá, por ejemplo, existen dos núcleos de enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas, al norte y al sur. La disputa por el territorio se ha agudizado con el tiempo, pues las Autodefensas le han ganado el pulso al ELN en varios ríos que desembocan en el Atrato y que son claves para la extracción de drogas en la región.
En medio de estos enfrentamientos han resultado confinadas las comunidades indígenas. Y quienes se han atrevido a denunciar, como el líder Aquileo Mecheche, han sido asesinados. La expansión de las AGC ha llegado incluso a Quibdó, donde están controlando las extorsiones y algunos expendios de microtráfico.
En el Alto y Medio Baudó es donde se está gestando una disputa sin precedentes, donde las comunidades están siendo arrinconadas. En cuestión de semanas o meses, como lo han denunciado los gobernadores indígenas, se puede desatar una guerra mucho más frontal entre las facciones del ELN del sur del departamento y las AGC que están controlando el norte. A esta confrontación se suma otro factor: diferentes líderes sociales han denunciado la complicidad entre la Armada Nacional y las Autodefensas para operar en el territorio, una denuncia que ha sido rechazada por el gobierno.
Según Uriel –comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN– sus hombres han mantenido combates con estructuras armadas irregulares que reciben apoyo de helicópteros. “Cuando se desmovilizó la guerrilla que firmó el Acuerdo, hubo declaraciones oficiales diciendo que iban a llenar esos vacíos de poder, pero todos intuyeron que iba a ser a través de las fuerzas legales, pero no. La convivencia entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares sigue estando al orden del día. Incluso más descarada que como estaba en la última década, al estilo de los 90. En particular, en el Bajo Atrato que es donde más se está viendo. Las poblaciones que padecieron la operación Génesis (1997) están muy atemorizadas dicen que no van a abandonar sus territorios y que no quieren una nueva Génesis”.
En noviembre pasado, más de 500 indígenas viajaron por su cuenta desde Chocó hasta Bogotá para exigirle medidas al gobierno de Iván Duque. En ese entonces, el mensaje fue claro: 17 cabildos indígenas del municipio de Riosucio están en riesgo por las intimidaciones de ambos grupos armados. Los ruegos de ese entonces no fueron atendidos y por el confinamiento de las comunidades indígenas murieron ocho niños en el municipio Carmen del Darién. “Con el cese del ELN esto no cambia mucho, el confinamiento sigue”, nos dijo el líder social.
En el último año, según la organización Acuerdo Humanitario Ya de Chocó, se han presentado 292 casos de reclutamiento de menores y por lo menos 13 desplazamientos masivos que han afectado a 1.880 personas. En las zonas en disputa existen por lo menos 2.611 cultivos de coca, según los registros de la ONU. La mayoría de familias confinadas se encuentran en Bojayá y Nuquí, donde hay por lo menos 10.000 familias sin poder salir de sus casas por enfrentamientos y minas antipersonal.
El viacrusis de Chocó
En Chocó, la sociedad civil ha insistido por todos los medios en una tregua definitiva, en un Acuerdo de Paz con todos los actores armados. Desde 2016 lo han demostrado, año en el que cerca del 80% de la población – 75.257 personas – votaron por el Sí en el plebiscito. En los últimos años ha tomado fuerza Acuerdo Humanitario Ya, una iniciativa de la cual hacen parte 124 resguardos indígenas, 64 consejos comunitarios, una mesa ambiental y seis organizaciones de mujeres. Estas organizaciones han pedido lo mínimo: cesar el reclutamiento de menores, de la instalación de minas antipersonal, de extorsiones y de combates donde está la población civil. Los grupos armados han hecho caso omiso.
Uno de los líderes de estos resguardos – no revelamos su nombre por seguridad – nos dijo que el mensaje del ELN “por ahora es positivo porque parece escuchar las peticiones del Acuerdo Humanitario, pero no basta con un cese de una semana, sino con algo sostenido. Acá lo que hay que decir, también, es que el Estado no copó los territorios donde estaban las Farc y ha permitido, curiosamente, la expansión de las Autodefensas”. El problema, como nos dijo el líder, es que “así el ELN se haga a un lado o quiera hacer un gesto de paz, las familias seguirán teniendo miedo por el reclutamiento de los paramilitares”.
Un padre católico que también hace parte del Acuerdo Humanitario Ya nos dijo que la tranquilidad no se siente, así el ELN se haya comprometido con un cese unilateral. “Necesitamos uno bilateral con las Autodefensas”, dijo. Con el asesinato reciente del líder indígena en Riosucio quedó demostrado que se necesita una tregua de fondo: “las comunidades tienen miedo, porque con las Autodefensas las amenazas son en serio y cuando dicen que van a hacer limpieza social o que van a reclutar niños, lo hacen. Ahora el gobierno pareciera querer desmontar el Acuerdo de Paz con las Farc, eso es muy desmotivante, muy desesperanzador para todas las personas que creyeron en un cambio”.
El padre hizo énfasis, además, en que el ELN debe ir más allá de este anuncio: “les pedimos que no minen más, que liberen a las dos personas que tienen secuestradas, a Diana Toro y a Freddy Rangel, que nos liberen a los niños que tienen reclutados. Todos acá tienen cosas por hacer: el gobierno no puede seguir andando de la mano con los paramilitares y tiene que llegar con un enfoque mucho más humanitario a los municipios. Es que las comunidades están confinadas porque no creen ni en el Ejército. Aquí todos están incumpliendo”.
Cuando le preguntamos sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el padre se tomó unos segundos de silencio. “Mire, Chocó es uno de los pocos departamentos donde se desmovilizaron casi todos los excombatientes. Acá, los de los frentes 24 y 35 creyeron en el Acuerdo y así no les hayan cumplido desde un comienzo con el Espacio Territorial pues no han dejado de creer. En el tema de reincorporación, yo mismo lo he visto, no les han respondido con los proyectos productivos y tampoco se ha cumplido con el plan de sustitución. Las Farc ha cumplido y el gobierno no, de hecho dejó todos los espacios libres para el ELN y las Autodefensas. Ni siquiera ha puesto colegios o puestos de salud en esas zonas donde las Farc tenían el control”.
¿Y usted cómo sigue trabajando? Le preguntamos. “Nosotros no podemos dejar de trabajar con la comunidad. Y pues ha sido con la gente que hemos pedido ese Acuerdo Humanitario.Esta semana justamente voy a predicar sobre eso, sobre la voluntad de paz que tenemos todos. Oraremos por las personas secuestradas, por los niños reclutados, por todas las personas que sufren de la guerra. Vamos a celebrar la pasión de Cristo, pues las comunidades de acá sí saben lo que es el viacrucis”.
