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Los crímenes por los que las Farc (también) deberían pedir perdón
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Los crímenes por los que las Farc (también) deberían pedir perdón

Mario Zamudio Palma - Diciembre 5, 2016

La guerrilla tendría que reconocer varias masacres, secuestros y desapariciones.

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Acto de perdón entre comandantes de las Farc y familiares de los diputados del Valle. Foto tomada de internet

“Frente a todos ustedes pedimos perdón a las familias, víctimas y a la sociedad vallecaucana. Perdón por un hecho que no nos enorgullece y que va en contravía de nuestros principios e ideales”, dijo el comandante de las Farc “Pablo Catatumbo” a las decenas de personas que asistieron este domingo a la iglesia San Francisco de Cali.

Era un compromiso. En las dos ocasiones en las que las víctimas de esta masacre fueron a La Habana, los comandantes de la guerrilla habían prometido ir a la capital del Valle a darles la cara a las familias de los 11 diputados que fueron secuestrados en 2002 y asesinados cinco años más tarde.

El acto de perdón de este fin de semana se suma al reconocimiento de responsabilidades que las Farc ya hicieron en el barrio La Chinita (Apartadó) y en Bojayá (Chocó). La guerrilla llegó a esos territorios a comenzar el proceso de reparación de las víctimas. “Iván Márquez” le entregó a los afectados por la masacre de Bojayá un cristo negro para reemplazar el que quedó destruido. “Perdón, infinitamente”, dijo ese comandante guerrillero el 29 de septiembre de 2016.

Los actos de perdón por parte de la guerrilla han tenido gran relevancia mediática. Sin embargo, hay decenas de delitos graves por los que ese grupo guerrillero aún no ha dado la cara. El reconocimiento de responsabilidades es, a la luz de los acuerdos de paz, una medida de reparación a los miles de afectados que dejó la guerra.

¿Cuáles son los otros crímenes por los que las Farc deberían pedir perdón?

La bomba de El Nogal

La noche del 7 de febrero de 2003, una bomba hizo estremecer el club El Nogal, de Bogotá. Más de 200 kilogramos de C-4, un explosivo plástico de uso bélico, causaron la muerte de 36 personas y dejaron más de 200 heridos.

Desde el momento del atentado, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe responsabilizó a las Farc por el hecho. El 17 de diciembre del 2003 el entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio, dijo que tenía pruebas que demostraban cómo el Secretariado de las Farc le ordenó a Óscar Montero, alias “El Paisa”, poner la bomba.

En 2004, la Fiscalía acusó a los comandantes guerrilleros “Manuel Marulanda”,”Raúl Reyes”,”Alfonso Cano”, “Iván Márquez”,”Timochenko” y el”Mono Jojoy”, y a 11 personas más, por los delitos de homicidio con fines terroristas, tentativa de homicidio con fines terroristas, terrorismo y daño en bien ajeno.

La masacre contra una familia: los Turbay Cote

En medio de una feroz batalla política en Caquetá, las Farc emprendieron una guerra contra la familia Turbay Cote: el 16 de junio de 1995 secuestraron a Rodrigo Turbay Cote, representante a la Cámara suspendido por supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de una carretera que unía a ese departamento con Huila. El enemigo político de los Turbay Cote, Luis Fernando Almario, aseguró que las Farc habían cometido el plagio y la guerrilla dijo que habían retenido a Rodrigo para hacerle un juicio político. Dos años después, el 3 de mayo del 97, el político apareció muerto en el río Caguán.

Desde entonces, su hermano Diego asumió el liderazgo del liberalismo en la región y su madre emprendió varias denuncias contra la guerrilla y contra políticos del Caquetá —Almario, entre ellos—, a través de un espacio radial conocido como “Las voces de la selva”. Por eso, el 29 de diciembre del 2000, mientras las Farc negociaban la paz con el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, un grupo de insurgentes de la columna móvil Teófilo Forero detuvo la caravana en la que se movilizaban Diego y su mamá.

“Los guerrilleros dispararon a las llantas de los vehículos y los escoltas iban a sacar las armas, pero (Diego) Turbay Cote los detuvo y se bajó del automotor para intentar conversar con los guerrilleros. Sin embargo, los subversivos asesinaron al congresista y seis personas más que viajaban con él”, dice la aplicación “Rutas del Conflicto”. Diego recibió 42 impactos de bala. Las otras víctimas fueron Inés Cote —madre de Diego y Rodrigo—, los tres escoltas, el conductor, y un amigo de la familia.

El asesinato de dos líderes de paz: Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry

Cuando Guillermo Gaviria —gobernador de Antioquia— y Gilberto Echeverry —asesor de paz de la Gobernación— caminaban por las calles de Caicedo, un pueblo cercano a Medellín, hombres del frente 34 de las Farc se acercaron a ellos y se los llevaron. Los funcionarios hacían parte de la Marcha de la No Violencia cuando fueron plagiados por el grupo guerrillero. Era 21 de abril de 2002, y desde entonces se creó un movimiento nacional para la liberación de los políticos.

El 5 de mayo de 2003, durante un intento de rescate militar, los dos funcionarios fueron asesinados por la guerrilla. Junto a ellos murieron ocho militares que estaban retenidos. Recientemente, en su intervención ante el Senado para respaldar la refrendación del Acuerdo Final firmado en La Habana, la viuda de Guillermo Gaviria, Yolanda Pinto, calificó esa operación militar como “una chambonada”.

Vea también: Los 10 momentos de la aprobación en el Senado del nuevo acuerdo de paz

Mientras Pinto decidió “tomar el camino del perdón”, como dijo hace poco en una entrevista, Sofía Gaviria —hermana de Guillermo— se ha convertido en una de las críticas más fuertes de los acuerdos de paz, pues exige que los comandantes de las Farc vayan a la cárcel y no puedan participar en política.

Las masacres de los Awá en Nariño

El 4 de febrero de 2009, miembros del Comando Conjunto Occidental de las Farc ingresaron al resguardo Tortugaña-Telembí y se llevaron a ocho indígenas Awá a la quebrada El Hojal. Allí, según la versión oficial, los amarraron, torturaron y asesinaron con armas blancas, por considerarlos informantes del Ejército. Entre las víctimas había dos mujeres embarazadas.

Los hechos produjeron el desplazamiento de más de 400 indígenas. Ocho días después de la masacre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que otros 10 Awá fueron asesinados por las Farc. Sin embargo, las autoridades sólo han logrado encontrar un cadáver. El crimen está en la impunidad.

Un crimen contra políticos: los concejales de Rivera

Cinco minutos. Eso duró el tiroteo del 27 de febrero del 2006, cuando 15 guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero entraron al centro recreativo Los Gabrieles y mataron a nueve concejales e hirieron a cuatro personas más. Los políticos pertenecían los partidos Liberal, Polo Democrático y Convergencia Popular Cívica.

La Corte Suprema de Justicia condenó a 37 años de cárcel al exconcejal Gil Trujillo Quintero por su participación en la muerte de los políticos. Además, sentenció con 39 años de prisión a “El Paisa” y con 31 años a “Hernán”, jefes de la Teófilo. En diciembre de 2015, el Estado fue condenado a pagar $2.300 millones a las víctimas y a repararlas simbólicamente.

La masacre de Urrao

El 27 de diciembre de 2003, miembros del frente 34 de las Farc llegaron a la vereda El Saldo Arriba del municipio de Urrao (Antioquia) y mataron a dos campesinos. Luego pasaron por las veredas La Loma, Pabón y Aguas Chiquitas y asesinaron a otros cuatro. Todas las víctimas murieron por un tiro en la cabeza. Según cifras oficiales, casi 1.500 personas se desplazaron de la zona durante ese año.

Los secuestros

Varios comandantes de las Farc han dicho públicamente que el secuestro ha significado un alto costo para su organización. Para muchos de ellos, este delito los ha condenado a la impopularidad y al desprestigio. Más allá de las interpretaciones del Derechos Internacional Humanitario —en términos de secuestro o retenciones, según el caso—, en las retinas de los colombianos están grabadas las pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt, Clara López, Jorge Eduardo Géchem y Gloria Polanco; el llanto de Sigifredo López al reencontrarse con sus hijos; y los videos de policías y militares encadenados.

Las masacres de Puerto Rico

El 24 de mayo de 2005, a las 2 y 45 de la tarde, el concejo de Puerto Rico estaba sesionando. A esa hora, una veintena de guerrilleros llegó al centro del pueblo en una camioneta vino tinto, entró al recinto y sacó a cuatro concejales. En frente de todos, y a 15 metros de la estación de Policía, los mató. Tras el ataque, los insurgentes huyeron por el río Guayas.

Un año más tarde, el 25 de febrero de 2006, a las 5 y 30 de la tarde, miembros del bloque Sur de las Farc detuvieron a la altura de ese municipio un bus que hacía la ruta San Vicente del Caguán-Florencia. Hicieron bajar a todas las personas que iban en el vehículo. Frente a todos, mataron a nueve personas e hirieron a 14 más.

La Gabarra, dos veces masacrada

El bloque Magdalena Medio de las Farc colonizó en los años 90 gran parte de la zona conocida como el Catatumbo, en Norte de Santander. El 2001, en medio de las negociaciones de paz entre ese grupo guerrillero y el Gobierno, hombres del frente 33 asesinaron a cinco personas en el corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú.

Tres años más tarde, en junio de 2004, la guerrilla llegó a una finca ubicada en el cerro Pico de Águila, en La Gabarra, y mató 34 campesinos. Las víctimas, según varias versiones, eran ‘raspachines’ de hoja de coca que trabajaban en una finca que estaba en manos del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Apartadó, más allá de La Chinita

La Chinita, ese barrio de Apartadó (Antioquia) en el que las Farc mataron 35 personas, es solo una de las comunidades del Urabá antioqueño que sufrió la violencia guerrillera. En la madrugada del 26 de abril del 2002, hombres de los frentes 5 y 58 llegaron a la vereda Salsipuedes de ese municipio, dinamitaron una finca y reunieron a las personas que trabajaban allí.

Luego de preguntarles a los campesinos quién era el dueño del predio, y no encontrar respuesta, los guerrilleros les dispararon indiscriminadamente. “Entre las víctimas había dos esposos y seis integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro). Según cifras oficiales, cerca de 2.100 personas se desplazaron forzosamente del municipio”, dijo en su momento Rutas del Conflicto.