Seis decisiones del Acuerdo que ya se están implementando y quedaron en el limbo

El triunfo del No en el plebiscito dejó sin piso avances en materia de reintegración, participación política y fin del conflicto.

Convencidos de que el Sí arrasaría en las urnas, el Gobierno y las Farc decidieron poner en marcha varios asuntos contemplados en el Acuerdo Final desde antes de refrendarlo. Se trata de la conformación de grupos de trabajo y de la activación de protocolos incluidos en los puntos sobre fin del conflicto, víctimas y participación política, con las que las partes pretendían acelerar la implementación y dar muestras de voluntad de paz.

Ahora, con el triunfo del No en las urnas, al menos seis de esas medidas están en el limbo. La incertidumbre en la que se encuentra el país ha permeado también las instituciones encargadas de esos desarrollos, que se han declarado a la espera de decisiones políticas y gubernamentales para reacomodar sus líneas de acción.

Por ahora, el presidente Santos se reunirá con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para empezar a allanar caminos que permitan superar la crisis y encaminar el proceso de paz con las Farc.

Reseñamos seis de los temas del Acuerdo que ya estaban caminando y que se cayeron o se congelaron con los resultados del plebiscito.

La misión de la ONU para monitorear y verificar la dejación de armas

Desde finales de junio pasado empezó a llegar a Colombia la misión política de la ONU que integraría el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y la dejación de armas. La misión participó en las visitas técnicas que realizaron las partes para terminar de definir los lugares donde funcionarían las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios en los que se concentrarían las Farc.

El pasado 30 de septiembre, dos días antes del plebiscito, la ONU anunció que el mecanismo tripartito ya estaba listo y que tendría tres representantes: el contraalmirante Orlando Romero, por parte del Gobierno; el general Javier Pérez, jefe de los observadores internacionales, y “Marco Calarcá”, comandante de las Farc.

La ONU también declaró que la misión ya había iniciado labores en su sede principal, Bogotá, y que a partir del lunes 3 de octubre haría presencia en cinco de las ocho regionales donde tendría oficinas: Florencia (Caquetá), Popayán (Cauca), San José del Guaviare (Guaviare), Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta). Por entonces, el mecanismo trabajaba en el planeamiento y la logística de más Zonas y Puntos de concentración.

El pasado sábado, pese a que aún no se había refrendado el Acuerdo, la misión de la ONU verificó la destrucción de los 620 kilos de explosivos, detonadores, pólvora, granadas, minas antipersonal y componentes para armar bombas que entregaron las Farc como parte del proceso dejación de armas. La detonación tuvo lugar en tres puntos de los Llanos del Yarí, en Meta.

Ante el nuevo escenario, los integrantes de la misión están a la espera de lo que se decida en La Habana. Justamente, el pasado lunes viajó a Cuba el representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la misión en Colombia, Jean Arnault, con el fin de hacerle seguimiento a las consultas que adelantan las partes.

Le preguntamos a la vocera de la misión qué pasará con los observadores. Nos respondió que “ni bien tengamos una idea clara de lo que se viene, se los vamos a comunicar”.

Las nuevas unidades de la Policía y el Ejército

A mediados de septiembre, el presidente anunció la creación del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación (Ccmov), adscrito al Ejército, y de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep). A cargo del primero nombró al general Carlos Alfonso Rojas y, de la segunda, al brigadier general Álvaro Pico. Ambos cuerpos integran el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de armas.

Además de esa tarea, a la Unipep se le encomendó garantizar la seguridad y la convivencia en zonas de conflicto, proteger a los miembros del mecanismo, realizar labores de investigación y recolectar información de inteligencia. Esas dos últimas funciones estaban encaminadas a garantizar la seguridad de Zonas y Puntos.

Desde comienzos de septiembre, la Unipep empezó a llegar a los departamentos donde se concentrarían las Farc, incluyendo Cauca, Antioquia, Nariño, La Guajira, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Norte de Santander y Tolima. Estaba previsto que los 2.500 hombres que la integraban se trasladaran a Zonas y Puntos una vez estuviera en firme el Acuerdo. También estaba previsto que los 1.500 hombres de la Ccmov empezaran tareas de verificación en el norte, el oriente y el suroccidente del país.

Los 13 menores que entregaron las Farc

A comienzos de septiembre, pocos días después de que concluyera la negociación en La Habana, las Farc entregaron 13 menores combatientes al Comité Internacional de la Cruz Roja y a delegados de tres organizaciones sociales: la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia; la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y Comunidades Construyendo Paz en los Territorios.

El 10 de septiembre, tal como habían acordado las partes, los menores quedaron bajo el cuidado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que los ubicó en lugares de acogida. Se suponía que estarían allí hasta que la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias contemplada en el Acuerdo definiera su ruta de reincorporación, que incluía atención en salud y educación, y proyectos productivos y de vivienda para sus familias.

De momento, los niños y jóvenes siguen bajo la tutela de Unicef, pero se desconoce cuál será su futuro. Durante la negociación, las Farc se opusieron a que quedaran bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar, que, en condiciones normales, es la entidad encargada de reintegrar a los menores excombatientes y de ubicarlos en nuevas familias. En La Habana se pactó que, contrario a ello, los menores volverían a sus núcleos familiares y comunidades de origen.

Consultamos a Unicef sobre el futuro de los niños, pero nos respondieron que “no estamos dando entrevistas por ahora”.

Las operaciones de desminado humanitario

El 7 de marzo de 2015, en el marco de la negociación, el Gobierno y las Farc acordaron poner en marcha un proceso de descontaminación de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra. El proyecto está bajo la coordinación de la Dirección contra Minas Antipersonal (Daicma) y el liderazgo de la onegé Ayuda Popular Noruega (APN).

En desarrollo de ese acuerdo fueron intervenidas las veredas Orejón, en Briceño (Antioquia), y Santa Helena, en Mesetas (Meta). Guerrilleros de las Farc ayudaron a ubicar áreas sospechosas y peligrosas e informaron sobre los componentes con los que se construyeron los artefactos. Los expertos del Batallón de Desminado Humanitario (Bides), por su parte, removieron y destruyeron los explosivos.

En el Acuerdo Final también se pactó que los futuros exguerrilleros continuarían apoyando esas labores y que el desminado haría parte de las sanciones que impondría la Jurisdicción Especial para la Paz a quienes reconocieran a tiempo su responsabilidad. Ahora, con el triunfo del No, se desconoce si los guerrilleros continuarán ayudando a las labores de limpieza.

La unidad de la Fiscalía para perseguir a las bacrim

El pasado 24 de agosto, el recién posesionado fiscal, Néstor Humberto Martínez, creó la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales catalogadas como “responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales y políticos”. La Unidad fue acordada por el Gobierno y las Farc en La Habana e hizo parte de los acuerdos incluidos en el punto del fin del conflicto.

Además de la de acabar con esas organizaciones, el fiscal le asignó a la Unidad la tarea de perseguir “las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Como jefe de ese organismo, Martínez nombró a Alexandra Valencia, hasta entonces magistrada y presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. En ese cargo, Valencia levantó ampolla por sus conclusiones sobre la responsabilidad del Estado y de los empresarios en el fortalecimiento del paramilitarismo.

Como el Acuerdo no se puede implementar, la Unidad que dirige Valencia se quedó sin piso. Consultada sobre ese tema, la Fiscalía nos contestó que “por ahora todo está en manos del Gobierno”.

La misión para reformar el sistema electoral

En el punto sobre participación política, el Gobierno y las Farc acordaron crear una Misión Especial para elaborar recomendaciones que permitieran modernizar el sistema electoral. La Misión estaría integrada por siete expertos de alto nivel, entre los que se encuentran la Misión de Observación Electoral (MOE). Los otros seis miembros de esa entidad, según el Acuerdo, serían escogidos por el Centro Carter, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

Las partes dieron a conocer la decisión de crear la Misión el pasado 5 de julio. Desde entonces, la MOE empezó a elaborar las recomendaciones que le entregaría al Gobierno. Fabián Hernández, de la MOE, nos dijo que “nosotros ya teníamos un estado del arte y documentos de investigación que pudieran soportar los cambios concretos que queríamos proponer. Además, las universidades ya se habían puesto de acuerdo para seleccionar a los otros miembros de la Misión”.

Hernández también señaló que “aunque se cayó ese escenario, vamos a seguir manteniendo una presión durísima por reformas electorales en el Congreso. El acuerdo de paz aceleraba los tiempos y tenía un peso distinto, pero no por eso vamos a dejar de presentar propuestas en la siguiente legislatura”.