El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a entregarle a la JEP las pruebas en contra del exjefe guerrillero.
El caso de Jesús Santrich tomó un viraje inesperado: la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a entregarle las pruebas que sustentarían su extradición a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Santrich fue capturado en abril de 2018 después de que la Interpol publicara una circular roja en su contra. Esta circular surgió después de que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitiera una acusación en contra de Santrich por un presunto “acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.
La carta fue revelada por María Camila Díaz, periodista de la W Radio. En el documento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se abstiene de enviar nuevas pruebas, pues con el expediente que está en Colombia, dicen, sería suficiente para extraditarlo. Sin embargo, la JEP había solicitado las grabaciones entre el 10 de junio y febrero 13 de 2018 para determinar si Santrich cometió los delitos que se le imputan en el marco del conflicto armado o después de la firma del Acuerdo de Paz. Si fue después de la firma, Santrich no tendría ningún beneficio y sería extraditado.
Las razones del Departamento de Justicia son confusas. Dice, por un lado, que entregar nuevas pruebas es “contrario a nuestra política de extradición” y que las pruebas que solicitan son “innecesarias para el requerimiento de extradición”. Con las pruebas que resposan en la Fiscalía, aseguran, quedaría claro que Santrich cometió el delito después del primero de diciembre de 2016, cuando comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz. Entre noviembre y febrero de 2018, supuestamente, dos testigos que cooperan con la justicia se reunieron con Santrich para definir la compra y el envío de 10.000 kilos de cocaína.
En un escueto comunicado, la JEP confirmó que recibió la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Sección de Revisión de la JEP la evaluará antes de responder o tomar una decisión sobre Santrich. El proceso puede tomar otras semanas más, mientras la JEP emite un concepto sobre la extradición. Y esta sería una prórroga más en este extraño proceso. Recordemos que la carta había sido enviada el 10 de diciembre de 2018 por el Ministerio de Justicia y el documento se extravió en Panamá, por un supuesto descuido de la empresa de mensajería 4-72.
Justo cuando se daba a conocer la respuesta del Departamento de Justicia de EEUU, el Consejo de Estado negó una demanda en la que se solicitaba la pérdida de investidura de Jesús Santrich como congresista por el partido de la antigua guerrilla de las Farc. La Sala Plena del Consejo de Estado tuvo en cuenta el concepto de la Porcuraduría General y de la defensa de Santrich frente a los motivos que el exguerrillero presentó para no posesionarse como representante a la Cámara el 20 de julio de 208, cuando ya permanecía privado de la libertad.
Santrich, según el alto tribunal, no está inhabilitado para ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, solo podrá ocupar su curul cuando recobre su libertad y cuente con las condiciones físicas necesarias. Para el Consejo de Estado, Satrich no va aperder su investidura como congresista mientras no se resuelva su proceso de extradición a Estados Unidos.
En el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) lo tienen claro: Santrich debe ser liberado inmediatamente. Así lo dijo Rodrigo Londoño, “Timochenko”, en su cuenta de Twitter:
-Hoy son dos las noticias sobre Jesús Santrich:
1. El Consejo de Estado no le retiró su curul en la Cámara de Representantes.
2.EEUU 🇺🇸 no envió las “pruebas” sobre narcotrafico (porque nunca las tuvo)
-En sentido lógico mañana la noticia debería ser: Santrich fue liberado.— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 1 de marzo de 2019
Sin embargo, en los cálculos de Farc no parecen tener en cuenta que el problema con las pruebas de Santrich aparece en momentos difíciles para la JEP, pues el presidente Iván Duque tiene hasta el 11 de marzo para decidir si sanciona la Ley Estatutaria que le da todas las garantías a la Jurisdicción para operar. Una de las hipótesis es que Duque podría objetar la Ley Estatutaria de la JEP alegando que la Jurisdicción no está facultada para practicar pruebas en materia de extradición. Con el caso de Santrich, otrora uno de los jefes más polémicos de Farc, no resultaría descabellado pensar que el presidente podría objetar la Ley que la da vida a la JEP para alinearse con la postura del Centro Democrático y de paso intentar aumentar su, hasta ahora esquiva, popularidad.
