OPINIÓN | Estos tres congresistas nos deleitaron con en el reggaetón contra la corrupción, pero su actitud en una tutela presentada contra ellos los hace dignos de cualquier lírica sobre traición y desengaño.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. (Yatra, 2016).
A comienzos de este año, la ONG Dejusticia y el medio de comunicación Cuestión Pública hicieron una serie de derechos de petición a 20 congresistas con el fin de que estos entregaran copia de sus declaraciones de bienes y rentas. Solo cinco de estos 20 congresistas entregaron la información sin ningún tipo de restricción.
No deja de llamar la atención que dos de los congresistas que negaron expresamente la solicitud sean Rodrigo Lara Restrepo, del partido Cambio Radical y Luis Fernando Velasco, del partido Liberal y que su colega del Polo Democrático, Jorge Robledo, haya dado respuesta positiva pero no remitiera la información.
Meses después de dar sus respectivas respuestas, estos congresistas debutaron en el mundo del reggaetón entonando un tema contra la corrupción. Que a nadie se le olvide que esta consulta tenía como pregunta 6° si los votantes estaban de acuerdo con que todas las personas electas por voto popular tuvieran que hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés.
Te pone una trampa, primero se deja querer,
Te eleva hasta el cielo y luego te deja caer. (Ozuna, 2017).
Dejusticia y Cuestión Pública presentaron su derecho de petición con el argumento de que la ciudadanía tiene derecho a saber si sus congresistas tienen incrementos injustificados en su patrimonio en el tiempo que ocupan su cargo.
Rodrigo Lara, por su parte, dijo que le resultaba problemático entregar la información sin saber el propósito y uso que se iba a dar a la información o “la garantía de que no se utilizará de manera indebida y el riesgo que su publicación conlleva, en particular y en mi caso, por la condición de víctima de hechos ocurridos al prestar servicios mi familia al Estado”. Velasco dijo que su intimidad lo protegía. Robledo dijo que los documentos pedidos estaban en custodia de la Secretaría del Senado y que esperaría a que esta entidad se los entregara para poder remitirlos. El tiempo pasó y esto último no se cumplió. La ONG y el medio de comunicación presentaron una tutela.
¿Significa esto que la participación de Robledo, Velasco y Lara Restrepo en el reggaetón anticorrupción fue tan falsa como la amistad de Don Omar con Romeo en el clásico del perreo, Ella y yo? ¿Por qué promovieron con tantas ganas una iniciativa que en la práctica pareciera no importarles?
Lo triste es que, en realidad, no debería hacerse consultas populares, ni escribir reggaetones, ni entutelar a nadie para que este tipo de información llegue a la ciudadanía.
La Ley de Acceso a la Información Pública, que muchos jueces y entidades olvidan que existe, dice que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos es limitado. Esto debería ser un argumento suficiente para que Lara no de respuestas de este tipo.
Tú me confundes, no sé qué hacer. (Shakira, Jam, 2018).
Pero por si no quedara claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la ciudadanía tiene derecho a conocer asuntos de la vida privada de los gobernantes. La discusión llegó a tal punto que esa Corte dijo en 2011, en un caso contra Argentina, que la gente tenía derecho a saber asuntos como la posible existencia de un hijo por fuera del matrimonio del presidente de la República. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, que la gente tiene derecho a conocer sobre el estado de salud de figuras de la realeza.
La Corte Constitucional también ha dicho que la intimidad de los funcionarios públicos, especialmente los de elección popular, es menor que la de una persona cualquiera. En el gobierno pasado, varios ministros dieron a conocer sus declaraciones de bienes y rentas. Siguen vivos, nadie los ha secuestrado y no ha habido “malos manejos” como dice Lara. Hace poco, la corte Constitucional dio a conocer las declaraciones de sus magistrados.
Es cierto que las respuestas de Robledo Velasco y Lara son distintas. Lara y Velasco niegan la información por razones de fondo, mientras que lo de Robledo parece ser solamente un descuido o, en el peor de los casos, desdén. Pero, a la larga, los dos están causando un daño muy grande contra el derecho de la ciudadanía a conocer sobre asuntos de interés público. Y es cierto que ellos no son los únicos que negaron el acceso a la información. Pero es normal que se esperara algo diferente de ellos.
Lamentablemente, Dejusticia y Cuestión Pública perdieron la tutela contra los congresistas tanto en primera como en segunda instancia, principalmente, por razones de forma. El proceso va a llegar a la Corte Constitucional, donde los magistrados decidirán –casi un año después desde que la ONG y el medio de comunicación presentaran el derecho de petición– si revisan el proceso para dictar jurisprudencia más clara sobre el tema. Ojalá la Corte no decida hacerse la de la vista gorda y siente un precedente a favor de la transparencia.
Aquí dañándome la mente,
He sido paciente cuando te demoras. (Balvin, 2018).
* En Twitter: @EmmanuelVP
