La verificación de la ciudadanía a los acuerdos y a la implementación será vital para el posconflicto. OPINIÓN.
- Columnista: Andrei Gómez-Suárez*
El 24 de noviembre de 2016, en su discurso después de la firma de la paz en el Teatro Colón, Rodrigo Londoño, minutos antes conocido como Timochenko, afirmó que las Farc proponían la conformación de un gobierno de transición que estuviera comprometido de lleno con la implementación del acuerdo de paz.
Esta afirmación causo revuelo en la política colombiana. Sin embargo, las palabras de Londoño dibujan, quizás, una de las propuestas más sensatas que han hecho las Farc. Vale la pena que la opinión pública piense la idea con cabeza fría, porque si la exitosa refrendación en el congreso es aprobada por la Corte Constitucional como mecanismo para activar el fast-track, en 2017 los colombianos seremos espectadores – ¡ojalá partícipes! – de una reconfiguración política sin precedentes en la historia reciente de Colombia.
A esto le teme el Centro Democrático, pero es una transformación necesaria para la sociedad colombiana. La democracia necesita oxigenarse para desmontar la corrupción que se ha tomado las administraciones locales, convirtiéndolas en la billetera de servidores públicos que no rinden cuentas ante los ciudadanos, y para poner fin al nexo entre crimen organizado y política, que en ciudades como Barrancabermeja prolonga el espiral de violencia contra líderes sociales que le apuestan a la construcción de paz.
Para lograr esta transformación, un gran paso debe ocurrir esta semana. Después de que paradójicamente el Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del Estado –donde se cuecen toda clase de triquiñuelas y se decide en gran parte el reparto de las riquezas del país, condenando a los territorios al atraso, gracias a la miopía de la clase política– refrendara el acuerdo de paz, hoy le toca el turno a la Corte Constitucional para materializar el fin de la guerra que han pactado el gobierno y las Farc.
La refrendación no ha sido una discusión, como maníqueamente los voceros del No lo han sugerido, sobre si se respetaba la voluntad de los colombianos el pasado 2 de octubre. El debate es más profundo. Tiene que ver con aprobar e implementar un acuerdo de paz, cuyo contenido ha sido construido con la participación de organizaciones campesinas, movimientos sociales, grupos de víctimas, partidos políticos, diversas iglesias, organizaciones de mujeres, LGTBI y movimientos juveniles.
En esas 310 páginas de acuerdos están contenidos puntos de consenso para modernizar el campo y proteger a nuestros campesinos, satisfacer los derechos de las víctimas y dignificarlas, desmontar los diferentes eslabones de la economía del narcotráfico, lograr el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado y fortalecer la democracia garantizando la participación política de los que piensan distinto.
El Centro Democrático ha intentado de todas las formas –incluso haciendo lobby internacional– que la construcción de paz no se ponga en marcha. Sin embargo, la minoría uribista, que a duras penas representa el 20% del congreso, no ha logrado obstaculizar el apoyo de amplios sectores a la política de paz del gobierno Santos –incluso Cambio Radical refrendó el acuerdo en Cámara y Senado.
Ni siquiera aquellos sectores que llegaron al Congreso buscando llenarse los bolsillos, y ven la coyuntura actual una oportunidad para pescar en río revuelto y asegurar su tajada al interior del sistema político, se han opuesto a la paz. Esto ha ocurrido porque una ciudadanía activa se ha alzado como veedora de la refrendación y la implementación. Hace dos semanas su presencia fue definitiva para que los políticos oportunistas dejaran de utilizar el Congreso como una esfera privada y se convirtiera en una arena pública con participación ética y moral muchos ciudadanos.
Hoy ante la Corte Constitucional los ciudadanos exigen que los magistrados cumplan con su deber constitucional de garantizar el Artículo 22 de la Constitución Política según el cual “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Ojalá que los magistrados evalúen la complejidad del momento y las consecuencias nefastas de aquellos casos en que el Estado ha sido incapaz de cumplir con los acuerdos de paz.
Las Farc buscan cambiar la política clandestina que han hecho por años, por una política legal enmarcada en las leyes colombianas. Los ciudadanos que no participamos en las maquinarias políticas debemos impedir que el temor del Centro Democrático a permitir dicha participación domine a amplios sectores de colombianos. Por ese miedo a dejar que otros participen nos hemos estado matando desde 1810.
Nuestra participación en política ahora, exigiendo a nuestros gobernantes, legisladores y jueces coherencia y convicción de paz, es la clave para recuperar el amor por nuestro país y comprometernos a cambiar la realidad que tanto criticamos. Si logramos dar ese gran paso, las transformaciones que vería la opinión pública en el 2017 estarían acompañadas de un cambio en nuestra cultura política. En este contexto, las elecciones presidenciales del 2018, serían contrario a la campaña del plebiscito, una oportunidad para participar en un debate político de altura que afiance la importancia de que el siguiente gobierno consolide la transición a través de un compromiso indeclinable de implementar las reformas que urgentemente necesita el país.
*Profesor y Consultor en Justicia Transicional y miembro de Rodeemos el Diálogo Twitter: @AndGomezSuarez)
