¿Revivir las fumigaciones aéreas con glifosato va en contra de lo que se firmó en La Habana?

La propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez puso al Gobierno, los campesinos y los expertos a la defensiva.

El fin de semana pasado, Néstor Humberto Martínez, el Fiscal General, le pidió al ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño que convoque al Consejo Nacional de Estupefacientes para que evalúe la política contra los cultivos de coca y, en particular, para que considere la reanudación de las fumigaciones aéreas, que están suspendidas desde mayo del 2015. En una carta de siete páginas, el Fiscal expresa su preocupación por el incremento en el número de hectáreas cultivadas y por la intención de las bandas criminales de apropiarse de los territorios ‘cocaleros’ que quedarían “libres” luego de la desmovilización de las Farc.

Si bien el Fiscal nunca habló de fumigar con glifosato –un herbicida que de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud podría ser cancerígeno y cuyo uso pidió suspender la Corte Constitucional–, sí dejó en el aire que esa sería su alternativa. Hasta hoy, no hay una sustancia alternativa que pueda ser asperjada y que, con certeza, no produzca efectos nocivos para la salud y el ambiente, o por lo menos no hay una que esté registrada. Incluso, el panorama es tan complejo que el glifosato sigue siendo utilizado por la Policía de manera terrestre e individual pues, según el Gobierno, es una forma efectiva de controlar los cultivos sin expandir sus probables efectos nocivos.

La propuesta de Martínez cayó mal en diversos sectores. Para algunos, volver a concentrar la lucha antidrogas en la fumigación aérea sería contradecir lo acordado con las Farc a pocas semanas de que, probablemente, lo que se firmó en Cuba sea refrendado por los colombianos. Otros, consideran equivocado interpretar que el incremento de hectáreas cultivadas se debe a la suspensión de las aspersiones. Y, otros más piensan que poner en marcha la propuesta sería borrar de un tajo los avances en el cambio de enfoque de la guerra contra las drogas que el Gobierno ha prometido durante los últimos años.

El Gobierno se mantiene en la suspensión y se la juega por lo acordado con las Farc

El primero en oponerse a la iniciativa del Fiscal  fue el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, a quien iba dirigida la carta. En diálogo con diversos medios de comunicación, quiso tumbar uno de los argumentos de Martínez recordando que “2007 fue uno de los años en que se asperjó con mayor intensidad y, aún así, fue el año en que más cultivos ilícitos hubo. La aspersión aérea no soluciona nada”, dijo Londoño. También aseguró que, jurídicamente, es imposible volver a las fumigaciones aéreas pues la Corte Constitucional dejó claro que, por el principio de precaución –es decir, si existe riesgo de daños contra la salud y el medio ambiente–, el Estado no podía valerse de esa estrategia contra la coca.

Londoño aseguró, de paso, que la solución al incremento de los cultivos ilícitos “la va a dar con seguridad el proceso de paz. Vamos a intervenir esas zonas con mayor justicia social. La combinación de los diferentes programas contenidos en los acuerdos será más efectiva, eficiente y eficaz”.

Por su parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, respondió que las razones citadas por el Ministerio de Salud para prohibir el uso del glifosato siguen vigentes y, mientras no haya información adicional ni evidencia que sea contraria, “sería imposible para el Consejo Nacional de Estupefacientes tomar una decisión distinta a la que se tomó en su momento”, advirtió.

Aunque varios medios de comunicación han afirmado que la Policía está adelantando pruebas con glufosinato de amonio para suplir al glifosato, Gaviria insistió en que formalmente no se ha presentado ninguna nueva sustancia para su evaluación. “Quiero ser enfático, no existe ninguna otra sustancia, no existe ninguna petición formal ante ninguna agencia estatal. Sólo se podrá tomar una decisión distinta si hay una reclasificación de la sustancia, si hay evidencia alternativa y distinta sobre la ausencia de riesgo o si tiene un principio activo distinto. En este momento nada de eso ha pasado”.

Desde la visión del Minsalud, antes que alarmarse por el aumento de los cultivos, que viene constante desde el 2012, hay que analizar el contexto adecuado. Según él, después de hablar con varios expertos en el tema de cultivos, encontró tres razones principales para el incremento de plantaciones: la disminución del precio del oro que llevó a que “los dueños” de la minería ilegal migraran de nuevo a los cultivos ilícitos, el aumento del precio del dólar y la expectativa por una retribución económica con el fin de los acuerdos con las Farc y la aplicación del posconflicto.

En sus intervenciones, los funcionarios del Gobierno defendieron los acuerdos firmados en La Habana como la hoja de ruta para reducir drásticamente los cultivos de uso ilícito y “eliminar” el narcotráfico. Aclararon que el Estado y las Farc pactaron la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, que tendrá énfasis en la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. La idea es generar confianza entre el Estado y los cultivadores, y definir conjuntamente alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental. En caso de incumplimiento de las comunidades, o de no llegar a un acuerdo para la erradicación, el Gobierno procederá a erradicar de manera manual. Pero, en lo firmado, el Estado no renunció a las aspersiones aéreas como último recurso y ahí podría existir una puerta para incorporar algo de la propuesta de Martínez.

Campesinos y expertos le piden al Estado que se convenza del cambio de enfoque

Para Luis Felipe Cruz, investigador de De Justicia, quien hace poco estuvo escuchando las preocupaciones de los campesinos cultivadores de coca en el Guaviare, la propuesta es “absolutamente inconveniente. Es claro que lo que se necesita en este momento es generar confianza con las comunidades”. Insistió en que, si el Gobierno pretende construir los programas de sustitución de cultivos con las comunidades, debe mantenerse en la suspensión de las fumigaciones, pues si no lo hace perdería legitimidad frente a la gente. “Es como ir en contravía. Esta propuesta demuestra lo inconveniente que era elegir a Nestor Humberto Martínez como fiscal, pues no tiene un concepto claro ni de la paz ni del momento político que está viviendo el país. Esto es un tema de desarrollo no de derecho penal, policía o ESMAD”, dijo Cruz.

Esto es un tema de desarrollo no de derecho penal, policía o ESMAD

Para David Curtidor, uno de los fundadores de Coca Nasa, la propuesta de Martínez “demuestra las contradicciones que hay al interior del Estado frente a la  política de guerra contra las drogas. En unos escenarios y según el público se dan determinados discursos, más o menos avanzados, pero en la práctica la visión del problema es absolutamente regresiva”, dijo. A Curtidor le preocupa que la propuesta del Fiscal se imponga por encima de la visión del Gobierno, pues sería “atacar al eslabón más débil de la cadena” del narcotráfico y dejar de concentrarse en traficantes y mafiosos, como promete el acuerdo de Cuba.

Por su parte, Eder Sánchez, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC),  manifestó, en nombre de varias organizaciones de campesinos y cultivadores que se reunieron este lunes para hablar sobre la petición del fiscal, que dicha propuesta “fue un desatino” pues desubica a las comunidades, que ya se vienen preparando para poner en marcha lo que quedó pactado en el punto de drogas de los acuerdos.

Sánchez anunció que en caso de darse la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, van a solicitar que los inviten a participar pues ellos quieren insistir en los efectos nocivos de la fumigación aérea con glifosato. “El fiscal no dimensionó todo el tema social que implica reanudar las fumigaciones. La respuesta, decimos desde ya, sería la protesta social y eso generaría un ambiente muy complicado a pocos días del plebiscito por la paz” dijo Sánchez.