¿Quién está matando a los líderes sociales? Esto dice la Misión de Paz de la OEA

Le pedimos a ese organismo internacional que nos contara qué está pasando en los territorios.

Este año, las garantías para los líderes sociales, especialmente los campesinos, han estado en el centro de la controversia. El tema fue incluido en los acuerdos de La Habana, pero las demoras en su implementación, generadas por el resultado del plebiscito, han agravado la situación de los dirigentes en las regiones. En 2016, las balas de desconocidos asesinaron líderes indígenas, campesinos y juveniles, algunos de ellos pertenecientes a Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista.

En noviembre, cuando arreció la persecución contra Marcha, varios sectores de la izquierda llamaron la atención por la posible ocurrencia de otro “genocidio” político en Colombia. La sombra del exterminio de la UP todavía pesa sobre movimientos como Marcha y el Congreso, que agrupan decenas de organizaciones agrarias, étnicas y barriales de todo el país.

Aunque esas organizaciones responsabilizan por los crímenes a estructuras sucesoras del paramilitarismo, el fiscal Néstor Humberto Martínez declaró el 7 de diciembre pasado, en una audiencia de control político en la Cámara de Representantes, que “hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”. Es decir, que no hay un único responsable ni un único móvil.

Al tiempo que avanzan las investigaciones judiciales, organizaciones victimizadas, plataformas de derechos humanos y organismos internacionales han sacado sus propias conclusiones sobre el fenómeno. Entre ellas están las consignadas en los informes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y de la Misión de Observación Electoral (MOE), así como el comunicado que expidió la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El pasado 2 de diciembre, la ONU aseguró que los crímenes contra líderes campesinos obedecen al vacío dejado por las Farc en áreas rurales, la debilidad del Estado en esos territorios, “la percepción de ciertos actores que ven a los defensores de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos”, la decisión de los pobladores de solucionar sus conflictos por la fuerza, y las condiciones de pobreza que facilitan la existencia de economías ilegales —como cultivos ilícitos y minería ilegal—, ahora en disputa por actores armados que intentan ocupar las zonas previamente controladas por las Farc.

Para aportar al debate, en ¡Pacifista! decidimos consultar a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) sobre el asesinato de líderes en todo el país. La Misión llegó a Colombia en 2004 para apoyar el proceso de desarme de los 30 mil paramilitares que se desmovilizaron luego de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe.

Desde entonces, la Misión desplegó observadores en las regiones más apartadas y conflictivas del país, incluyendo el Urabá antioqueño, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Putumayo, Chocó y Meta. En esas y otras zonas, la Mapp acompaña a las comunidades y monitorea las condiciones de seguridad de los territorios para hacerle recomendaciones al Gobierno “en materia de prevención, mitigación de riesgos y abordaje de nuevos fenómenos criminales”.

Estas son las principales reflexiones de ese organismo:

Las víctimas

Según la Misión de la OEA, en lo corrido de 2016 se han presentado más de 100 agresiones contra líderes, entre las que se encuentran amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos, siendo las amenazas el delito más frecuente.

El organismo menciona la circulación de panfletos en Caquetá y en el Catatumbo (Norte de Santander), y llama la atención por el hecho de que en Leiva (Nariño) permanezcan amenazados los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). En la región de Losada-Guayabero, donde hay una zona de reserva campesina en constitución que abarcaría terrenos de Meta y Caquetá, también se han masificado las amenazas “con la distribución de un panfleto con nombres de futuras víctimas”.

Pero la Mapp señala que no todos los afectados tienen una afiliación política homogénea o un rol social uniforme. Además de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, la Misión relaciona a líderes del movimiento comunal, de organizaciones de víctimas, de comunidades afros e indígenas y ambientalistas.

Los presuntos responsables

De acuerdo con la Mapp, es difícil saber quiénes son los directos responsables de esos hechos, debido a la presencia de varios actores armados en un mismo territorio. Ello ocurre en el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Bajo Ariari (Meta), donde operan las Farc, el ELN, el EPL y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños).

Para la Misión, la responsibilidad de las agresiones no siempre recae en los “sucesores del paramilitarismo”. Por ejemplo, en San Calixto (Norte de Santander), el asesinato de una lideresa de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en enero de este año fue atribuido al EPL, que en esa región es percibida por los pobladores como una guerrilla —pese a ser considerada como una estructura narcotraficante—.

También en el Catatumbo, donde existe presencia histórica de las Farc y el ELN, se presentó hace más de diez meses la desaparición del líder Henry Pérez, en el corregimiento La Gabarra, de Tibú. Una dinámica similar ocurre en el Cauca, donde recientes homicidios de líderes socio-ambientales son relacionados por la comunidad con la presencia del ELN.

En otras zonas del país, dice la Misión, se identifica a los “Grupos Armados Organizados” como victimarios. Ello ocurre en el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, donde “se percibe la responsabilidad directa del Clan del Golfo” en las afectaciones a líderes y organizaciones sociales.

Finalmente, la entidad anota que existen casos en los que la responsabilidad recae en colaboradores y mafias locales, que no necesariamente pertenecen a estructuras más grandes, pero que sí sirven a sus intereses.

Las causas

La Mapp señala que existen diversas hipótesis sobre los motivos de las afectaciones a los líderes sociales. En primer lugar, advierte que “algunas agresiones podrían estár relacionadas con las funciones de visibilización de dinámicas que los líderes adelantan en sus territorios”, tales como denuncias sobre fenómenos como el microtráfico, la minería, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la explotación de recursos naturales, en los que terceros tienen intereses.

Otra hipótesis que plantea la Misión está relacionada con la salida de las Farc de territorios como el sur de Córdoba y Bolívar, el Bajo Ariari (Meta), el Catatumbo, y la cordillera y costa de Nariño, que en su concepto serán “zonas claves para el posconflicto”.

De un lado, la entidad comenta que, si se mantenienen las condiciones de aislamiento y ausencia estatal, esos territorios podrían seguir siendo atractivos para la llegada de nuevos grupos armados ilegales. Entonces, los líderes seguirían siendo potenciales objetivos, porque su constante labor de denuncia puede resultar incómoda para los intereses de esos grupos.

Por otro lado, la Misión llama la atención sobre la situación de riesgo que se puede derivar de los cambios sociales y políticos en esas zonas, como resultado de las posibles tensiones que surjan entre los nuevos liderazgos producto de la implementación de los acuerdos y los procesos organizativos que ya cuentan con trayectoria.

Finalmente, en concepto de la Mapp, otra causa de las agresiones contra los líderes sociales estaría relacionada con retaliaciones hacia quienes respaldan el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, como se identificó en Montelíbano (Córdoba). A similar conclusión llegó la MOE en un informe publicado en septiembre pasado.

Las consecuencias

La Mapp concluye que la persecución contra los dirigentes genera “miedo, zozobra y autocensura”. Las intimidaciones estarían empujándolos a abandonar momentáneamente su trabajo comunitario y a no denunciar los hechos ante las autoridades para evitar represalias. Sobre todo, porque “se ha identificado que tras las denuncias han llegado nuevas amenazas presionando para no seguir reclamando la investigación de los hechos”.

Como ejemplo de ello, la Mapp denuncia que la junta de acción comunal de La Gabarra y la esposa del dirigente Henry Pérez fueron amenazados por exigir su liberación.

Frente a ese panorama, la Misión concluye que “atentar contra un líder social es atentar contra toda una comunidad”, y que la pérdida de los dirigentes rompe el tejido social en las regiones.

En varias ocasiones, la Mapp y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han condenado los hechos y han señalado que la demora en la investigación, así como el retraso en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes, “son desafíos que demandan urgente atención por parte de las autoridades”.

Para que esta la oleada de crímenes no vuelva a ocurrir, la Misión dice que es necesario implementar medidas oportunas de prevención y protección para los líderes que sean acordes con las características de cada territorio; fortalecer el sistema judicial en las regiones; abordar los casos no como hechos aislados, sino como “una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos y contra personas con perfiles diferentes, pero con roles similares en sus comunidades”, y avanzar en las pesquisas sobre las amenazas para impedir que se traduzcan en nuevos homicidios.