OPINIÓN | Al caso de Assange se suma la detención de su principal fuente y el arresto de un experto en seguridad digital. El mensaje que dejan los poderosos es: no nos investiguen, no nos denuncien, queremos hacer todo en secreto.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
Assange, fundador de Wikileaks, se hizo famoso por dejar mal parado a Estados Unidos al publicar toneladas de información calificada como reservada por ese país. Muchos secretos militares quedaron en evidencia, incluyendo hechos que evidenciaban desmanes del ejército gringo durante la guerra en Afganistán. El arresto de Assange es por conspirar para hackear al gobierno y no es por publicar la información. Eso equivaldría legalmente a meter a la cárcel a los periodistas de Semana por publicar el caso de las Chuzadas.
Esto parece un alivio para el periodismo a primera vista: La prensa podrá seguir recibiendo filtraciones y destapando ollas podridas. Pero con el arresto de Assange, del hacker Ola Bini y la detención de Chelsea Manning, fuente de Assange, se puede estar iniciando una persecución a actividades normales del periodismo: contactar una fuente que quiere estar en secreto, comunicarse de forma segura con esa persona y usar herramientas digitales que faciliten la entrega de información sin que nadie se dé cuenta. Dentro de las cosas que pesan contra Assange se encuentran crear carpetas seguras en la nube para que Manning le entregara información.
Chelsea Manning, ex analista de inteligencia norteamericana que estuvo presa por la condena de 35 años que cayó en su contra por haber filtrado esa información a Assange, fue perdonada en 2017 por el entonces presidente Barack Obama. El 8 de marzo, Manning fue detenida por negarse a declarar ante un gran jurado en el caso de Assange. El 22 de abril, una corte negó su petición de libertad. Los abogados de Manning dicen que ella no tiene nada que declarar contra Assange porque ya dijo todo lo que tenía que decir cuando la juzgaron por las filtraciones de Wikileaks pero que, según les contó un funcionario de la fiscalía gringa, las autoridades creen que ella dio información falsa, contradictoria o incorrecta. Según los abogados de Manning, esto implicaría que han vigilado y tergiversado sus comunicaciones.
Lo sucedido con Manning es un ejemplo de los peligros que afrontan los denunciantes de actos de corrupción (popularmente conocidos como whistleblowers). En muchas empresas o entidades estatales suele haber gente como Manning que presencia o tiene conocimiento de actos ilegales y deciden no quedarse callados. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este tipo de denuncias son una de las formas más frecuentes a través de que las se identifican delitos y suelen ser más efectivos que los sistemas de inspección.
Esta gente debería ser premiada y protegida, no castigada. Lamentablemente, la realidad suele ser muy adversa para quien denuncia ilegalidades de su lugar de trabajo. Según el Relator de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, estas personas suelen ser víctimas de acoso, intimidaciones, persecuciones y varios tipos de represalias. Un estudio de Transparencia Internacional en Latinoamérica muestra que 28% de las personas que denunciaron actos de corrupción dijeron que padecieron consecuencias negativas después de esto. Un ejemplo de esto en Colombia me lo dijo un funcionario de la Procuraduría: siempre que llega a una entidad a partir de una denuncia anónima, lo primero que hace el implicado es preguntar quién le contó el chisme. Algunos gobiernos han tomado iniciativas para proteger a estas personas, como la Unión Europea en los últimos meses, pero esto no es algo que todavía sea una tendencia mundial.
El otro caso es el de Ola Bini, activista sueco que trabaja por la privacidad en Internet. Bini desarrolla y promueve el uso de herramientas de encriptación de comunicaciones. Esto es fundamental para que los periodistas o activistas como Assange puedan comunicarse con sus fuentes y que, si alguien los está chuzando, no entienda de qué están hablando. Bini fue arrestado en el aeropuerto de Quito apenas horas después de que pasara lo mismo con Assange en Londres. Bini es acusado de estar en un complot para chantajear al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, con la amenaza de revelar información comprometedora sobre él.
Las pruebas que el gobierno ecuatoriano alega tener en contra de Bini son información sobre viajes de esta persona para encontrarse con Assange en Londres y de vuelos que hizo simultáneamente o en fechas cercanas a Ricardo Patiño, Canciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Este último se ha vuelto enemigo del presidente Moreno y también fue quien en un principio le otorgó asilo a Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
El mundo de los activistas de Internet ha llamado la atención sobre irregularidades que habría en el arresto de Bini. Una de las cosas que ha causado molestia es que las evidencias recogidas contra Bini incluyen “equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, libros relacionados con hackeo electrónico, dinero, entre otros “porque se trata de material que cualquier persona que trabaje en seguridad digital tendría en su vida cotidiana. Y la verdad es que estas son cosas que muchas otras personas que hacen actividades legítimas tendrían en su vida cotidiana, como periodistas, defensores de derechos humanos, etc.
Los activistas de Internet que muestran su preocupación sobre el caso de Bini dicen que esto es, en últimas, una estigmatización sobre el hackeo y sus herramientas. Un hacker, además de la desafortunada conexión que suele recibir con la delincuencia informática, es alguien que trabaja en seguridad digital, algo que es necesario para los bancos, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los propios gobiernos.
Los relatores de libertad de expresión de la CIDH y de la ONU han dicho que el caso de Bini es preocupante. Según ellos, el arresto podría ser arbitrario o desmedido. Varias organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y de derechos digitales también se han manifestado en contra del arresto de Bini. Nadie debería ser considerado delincuente por apoyar a Wikileaks o por reunirse con personas que no agradan al gobierno.
En conjunto, estos casos muestran que hay un cierre en contra de las filtraciones de información y que el periodismo de investigación puede ser uno de los principales afectados. A la larga, la sociedad es la que más se ve afectada pues se crea un ambiente de miedo: si veo o sé de algo ilegal es mejor quedarme callado y, peor aún, el gobierno tiene y usará sus herramientas para tapar sus errores.
Siga a Emmanuel en Twitter por acá.
