La familia de José Edilbrando Huertas inhumó su cuerpo el 19 de febrero en Bogotá, tras 17 años de búsqueda. Aunque la Fiscalía sospecha que se trata de un ‘falso positivo’ no hay ningún capturado. Su caso retrata la crueldad de la desaparición forzosa, pero también de la parsimonia estatal y la impunidad. Esta es su historia.
Desde pequeña, José Edilbrando Huertas siempre le dijo a Yudy, una de sus hijas, que él le iba a pagar sus estudios de Medicina. Cuando llegó el momento, ella hizo varios intentos por ingresar a la Universidad Nacional a esa carrera, pero el puntaje nunca le alcanzó. Tampoco le sirvió para Trabajo Social. Pero en febrero de 2015 ingresó a la Santo Tomás a estudiar Sociología. Terminó la carrera y recibió su diploma el 24 de marzo de 2020 a las tres de la tarde. Justo 16 años atrás, también a las 3 de la tarde pero el 24 de marzo de 2004, tres hombres que se identificaron como paramilitares se llevaron a José Edilbrando: la razón por la que nunca pudo costear los estudios de su hija.
“Quería aprender mucho sobre la historia de Colombia, sobre lo que había pasado y saber qué le pasó a mi padre”, dijo Yudy. Amalia Ballesteros, la mamá de Yudy y esposa de Edilbrando, fue la primera que intentó averiguar qué pasó con él. Ella estaba en Bogotá cuando se enteró de que se lo habían llevado, por eso buscó dinero para devolverse a San José del Guaviare y averiguar dónde lo tenían. El 27 de marzo de 2004 llegó a la inspección de La Libertad, Retorno (Guaviare) y confrontó a los paramilitares, ellos negaron cualquier responsabilidad y le aseguraron que la guerrilla lo había asesinado. Ella los señaló de mentirosos, les mostró a su niño de seis meses y les preguntó qué iba a hacer con él y con sus otros cinco hijos, pues toda la familia dependía económicamente de Edilbrando. Esa misma noche, ella se fue a la finca donde él trabajaba y allí recibió una llamada de advertencia: los paramilitares la estaban buscando para matarla. No esperó al amanecer, ella y su bebé salieron del pueblo a las 3 am del 28 de marzo.
La familia Huertas Ballesteros vivió en la vereda La Unilla, de Retorno (Guaviare) hasta 2000. “A causa de una ola de reclutamiento por parte de las Farc, tuvimos que trasladarnos”, relató Yudy. Su familia intentó radicarse en Bogotá, pero las condiciones económicas eran precarias. Entonces, Edilbrando y Amalia dejaron en la capital a los tres hijos que tenían más riesgo reclutados: tenían 13, 14 y 16. La pareja les enviaba lo necesario para su manutención y se devolvió a Retorno junto con otros dos hijos. Tras el regreso, una incursión paramilitar los obligó a desplazarse hacia la inspección de La Libertad, en el mismo municipio.
Cuando Amalia regresó a La Libertad, el 7 de marzo de 2004, reconstruyó parte de lo que pasó. Le contaron que Edilbrando estaba tomando guarapo mientras descansaba un rato de fumigar palmas de chontaduro en la finca La Flor, vereda Alto Cachamas (Retorno). Llegaron tres personas que se identificaron como paramilitares y le amarraron las manos. Mientras lo llevaban hacia la casa él le mostró a una vecina que lo llevaban amarrado, los armados se percataron y le pegaron con la culata de un revólver. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron hacia La Libertad, ahí lo subieron a otra camioneta. Varios habitantes de esa inspección le dijeron que hacia las seis de la tarde escucharon tres disparos. Otro testigo vio que unos militares tenían el cuerpo de Edilbrando y les preguntó quién era él, a lo que un soldado le contestó que era “un guerrillero que se le había explotado una granada en la jeta”. Amalia preguntó dónde estaba su esposo, pero nadie le dio razón. Lo desaparecieron forzosamente.
Aunque Amalia tenía información , no pudo averiguar más por la persecución de los paramilitares. Llegó a Bogotá con sus seis hijos y un nieto. “A falta de este proveedor mi madre se vio obligada a responder por sus hijos. Las mayores tuvimos que volvernos mamás, los siguientes tuvieron que empezar a contribuir con las cosas del hogar. Hubo un cambio de roles y una ruptura familiar”, recordó Yudy. Durante mucho tiempo temieron contar lo que le pasó a su papá porque tenían la certeza de que iban a ser estigmatizadas: “existe mucho el ‘por algo sería’”, puntualizó.
La familia Huertas Ballesteros empezó a vivir en medio del duelo incompleto por la desaparición forzada de Edilbrando y con carencias de todo tipo. Los sacaron del apartamento donde vivían porque no pudieron pagar el arriendo y terminaron en una sola habitación las siete personas. “Todos dormíamos en un camarote y una cama, había una pequeña cocina y compartíamos baños con otros como en un inquilinato”, recuerda Yudy. Amalia vendía chorizos, arepas y tinto en un parque del barrio Patio Bonito en Bogotá.
A esas carencias se sumó la inacción del Estado. A Amalia no le recibieron la denuncia en 2004 porque dijo que le habían contado que su esposo había muerto, y el funcionario judicial le pidió un certificado de defunción que ella, por supuesto, no tenía. Por desaparición forzada tampoco le recibieron la denuncia, le dijeron que tenía que esperar más tiempo, que era probable que se hubiera ido “con otra”.
Amalia cargó con esa respuesta durante cinco años. El 15 de julio de 2009 se volvió a acercar a la Fiscalía, contó lo que pasó con su esposo y le recibieron la denuncia por homicidio. La misma entidad emitió el 28 de septiembre de 2012 una resolución por medio de la cual archivó el caso porque las acciones de policía judicial no dieron resultados.
En 2016, la familia recibió la llamada de una funcionaria de la Fiscalía que estaba buscando a Edilbrando y tenía datos que quería corroborar. Por fin, tras 12 años de búsqueda, hubo esperanza. La investigadora indagó sobre muertes violentas en Retorno ocurridas el 24 de marzo de 2004.
Después de ese primer contacto, el 2 de julio de 2017, la investigadora contactó a Amalia y le dijo que quería que viera unas fotos para saber si correspondían a su esposo. Le envío las imágenes por Whatsapp de un cadáver con varias heridas de bala y la familia lo confirmó: era Edilbrando.
La funcionaria llegó a esas fotos por medio de una inspección que hizo de un proceso abierto por el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar por el delito de homicidio. Aunque la investigación de la Justicia Penal Militar no dio resultados, la investigadora encontró varios documentos que serían clave para acercar a la familia a la verdad.
PACIFISTA! conoció un informe en el que un oficial adscrito al equipo de contraguerrilla Centella 6, de la Brigada Móvil 7, del Ejército comunicó que, en la tarde del 24 de marzo de 2004, tropas de esa unidad militar sostuvieron un combate con un grupo de guerrilleros en La Libertad, luego del cual “se encontró un bandido muerto, el cual tenía en su poder una granada de mano, un revolver Smith and Weson y poseía 3 minas antipersonales y una motocicleta color amarillo”. Las fotos que la investigadora le envió a la familia corresponden al cadáver que los soldados afirmaron que era un integrante de las Farc.
Otro documento en poder de este medio, firmado por una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, pone en duda la versión de los militares enfatizando que “este hecho puede tratarse de un falso positivo”. “Las estructuras paramilitares cometían asesinatos y estos eran entregados para que fueran reportados como triunfos operacionales del Ejército”, señaló Gloria Silva, abogada de la familia.
Con esos fuertes indicios de que el cuerpo del supuesto guerrillero era el de Edilbrando, la Fiscalía hizo una exhumación en el cementerio de San José del Guaviare. En la diligencia estuvieron Yudy y otros familiares en compañía de algunas organizaciones que les brindan atención psicosocial. El cuerpo, que estaba enterrado como ‘NN’, fue enviado al laboratorio de genética y en julio de 2020 le confirmaron a la familia que era Edilbrando.
La entrega
Luego de tener la certeza de que Edilbrando había sido asesinado, la familia y la Fiscalía empezaron a coordinar cómo se haría la entrega del cuerpo, lo que fue un proceso tortuoso para Yudy, sus hermanos y su mamá.
La Fiscalía les dijo que el cuerpo debía ser inhumado en un cementerio público, pero la familia se opuso. “Eso no era muy digno para nosotros ya que los padres de mi padre y sus hermanos se encuentran en el Apogeo y allí lo queríamos dejar después de 16 años”, explicó Yudy. Sin embargo, los funcionarios de la entidad argumentaron que no podían comprar un osario en un bien privado, como es el cementerio Jardines del Apogeo, al sur de Bogotá.
La familia no se acogió al plan de la Fiscalía, por lo que hizo una colecta. “Monté un afiche a Facebook y empecé a solicitarle a la gente que me ayudara rotándolo, se unieron amigas mías del colegio que estaban en el momento de la noticia de la desaparición de mi padre”, dijo Yudy. Eso fue a inicios de diciembre de 2020, y hacia el 22 del mismo mes ya habían recolectado los siete millones de pesos que necesitaban. “La solidaridad de la gente realmente nos llenó”, enfatizó. Organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Equipo Jurídico Pueblos apoyaron a los familiares. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas acompañó a la familia en el proceso de la entrega del cuerpo.
Desde este viernes 19 de febrero de 2021, los restos de José Edilbrando Huertas Salazar resposan en un osario del cementerio el Apogeo. “Tenemos ese lugar adonde ir a llorar”, dijo Yudy. “Ahora nos proponemos darle impulso al proceso en búsqueda de verdad y justicia”, agregó la abogada Silva, quien reveló que hasta el momento no hay ningún condenado por la desaparición forzada y el asesinato de Edilbrando.
El pasado 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló, mediante un auto, que entre 2002 y 2008 el Ejército colombiano perpetró por lo menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Aunque Guaviare no fue uno de los departamentos priorizados por ese tribunal para la investigación, la información sobre esa región del país está siendo sistematizada y analizada por la justicia transicional. El asesinato de Edilbrando se dio en un momento en el que los ‘falsos positivos’ a nivel nacional iban en aumento. Silva aseguró que esperan que la justicia ordinaria esclarezca el caso de Edilbrando.
A pesar de que logró acabar con la incertidumbre que genera la desaparición forzada, la familia aún tiene muchas preguntas que la justicia deberá resolver: “¿Por qué mi padre? un hombre que tenía seis hijos, que proyectaba un futuro muy diferente lo asesinaron ¿Por un paseo? ¿Por 500.000 pesos? ¿Por qué?”, insiste Yudy.
A Nicolás lo pueden leer acá
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