Querido candidato: párele bolas a esta gente si quiere una política de drogas que sí sirva

#ProyectoCOCA | Tres grupos de centros académicos y organizaciones, expertos en el tema de drogas, se animaron a dar recomendaciones a los candidatos presidenciales. 

Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.

En las últimas dos semanas, tres grupos de centros académicos, ONGs y agrupaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en el tema de drogas se juntaron para escribirle a los candidatos presidenciales. Su mensaje central: sí necesitamos cambios en la política de drogas del próximo gobierno, pero no a ciegas.

Proyecto Coca estudió los tres documentos y presenta los principales consejos y sugerencias que le están pidiendo tener en cuenta a los cinco presidenciables en caso de que sean elegidos.

Los 10 consejos de los reformistas moderados en política de drogas

Este es el decálogo de recomendaciones que escribieron los investigadores Juan Carlos Garzón, Julián Wilches y María Victoria Llorente –que vienen monitoreando los procesos de sustitución de coca desde la Fundación Ideas para la Paz– y el economista Hernando Zuleta que dirige el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.

1. Aprender de lo que ya hemos hecho y mirar evidencia de qué funciona y qué no:

En Colombia hemos intentado muchas cosas para reducir la cantidad de cocaína que sale del país. Algunas funcionaron, muchas no: por eso es importante revisar con calma los resultados de cada estrategia y no insistir en aquellas que no dieron los esperados. Por ejemplo, la sustitución de coca no ha funcionado cuando no ha sido acompañada por un fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios. Igualmente, el consumo de drogas no solo debe ser tratado desde la prevención y la educación (que en Colombia ha sido muy baja), sino también con tratamientos de salud y medidas que reduzcan los riesgos para quienes las usan.

2. Reducir los síntomas, pero también atacar las causas:

En general, hoy no estamos viendo el bosque completo sino árboles sueltos. Como consecuencia, muchas de las cosas que estamos haciendo en política de drogas están aisladas entre sí y refuerzan el círculo vicioso. Por ejemplo, es importante ver que para reducir la existencia de cultivos de uso ilícito, se necesita generar oportunidades en esas regiones aisladas, conectarlas al resto del país y fortalecer el Estado. En las ciudades, para reducir la constante llegada de jóvenes vulnerables a los grupos que controlan el microtráfico, se necesitan programas de inclusión social.

3. La solución al problema de la coca pasa por el desarrollo rural:

No basta con erradicar a la fuerza la coca, sino que hay que cambiar las condiciones en los territorios donde se cultiva. Los municipios donde hay coca son, en general, más pobres y tienen menor presencia de las instituciones del Estado que el resto del país, probando que –más que solo mano dura- se necesita invertir en vías, en cadenas comerciales, en servicios públicos y, al final, en oportunidades para la gente allí. Eso es lo que garantiza que los cambios duren.

4. Los problemas de consumo de drogas requieren del componente de la salud pública:

Es importante entender, primero, que no toda la gente que consume sustancias psicoactivas desarrolla un consumo problemático de éstas. Y, segundo, que los casos donde sí hay un consumo problemático necesitan soluciones científicas que ayuden a resolverlo desde la salud pública, incluyendo medidas que reduzcan el daño que se puede hacer una persona a sí misma (por ejemplo, el contagio de enfermedades por mal uso de jeringas). Además, la evidencia muestra que criminalizar el consumo no solo no sirve, sino que tiene efectos contraproducentes como el hacinamiento en cárceles y la concentración de fuerzas de seguridad en los actores que no son realmente fuertes en la cadena del narcotráfico. En cambio, el enfoque de salud pública ayuda a reducir los impactos negativos de las drogas.

5. Las medidas contra el narcotráfico deben pensar en comunidades y su seguridad:

Se necesita que las medidas contra los grupos criminales que controlan el narcotráfico no solo ayuden a recuperar la seguridad de las regiones donde operan, sino que se ganen la credibilidad de las comunidades que viven allí. La llegada de mayor presencia de fuerzas de seguridad debe ir acompañada de las otras instituciones del Estado para que eso suceda. Al mismo tiempo, se deben concentrar los operativos en los actores de la cadena donde está la plata, incluyendo la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos y la detección del lavado de activos.

6. Hay que ordenar la casa por dentro:

Actualmente hay muchos actores que trabajan en temas de drogas, sin ninguna coordinación entre sí y muchas veces –como ocurre con los programas de erradicación forzosa y sustitución voluntaria de coca– pisándose los zapatos. Se necesita reorganizar la casa, de manera que todos actúen en el marco de una estrategia integral y conectada que entienda el problema. Hacerlo implica actualizar la legislación en tema de política de drogas (porque la vigente es de 1986, cuando era muy distinta la situación del país) y crear una entidad que pueda encargarse de esa coordinación.

7. Piensa local y acertarás:

Aunque muchas regiones del país se han visto afectadas por el problema de las drogas, las características son muy distintas en cada lugar. Eso significa que hay que pensar soluciones que entiendan las particularidades de cada región y que las soluciones tienen que involucrar activamente a las alcaldías y las comunidades, que son quienes entienden mejor el problema.

8. No hay recetas mágicas, ni un mundo en blanco y negro:

La realidad del problema de las drogas es mucho más compleja que lo que la mayoría lo pinta. Por eso, no hay que pensar que una única receta será infalible. Más bien, hay que tener un espectro amplio de soluciones y evaluar cómo cada una está funcionando hacia sus metas. Y, cuando se vea que no lo están logrando, tener la flexibilidad para hacer los ajustes necesarios.

9. No sigamos pensando en pañitos de agua tibia, sino en soluciones duraderas:

Uno de los problemas grandes de la política de drogas es que hemos privilegiado soluciones efectistas que, a la larga, no producen resultados que se mantienen en el tiempo. Y que, el anverso de la moneda, las soluciones que sí son sostenibles requieren un esfuerzo continuo. Por eso, la erradicación forzada es contraproducente porque hay hasta un 50 por ciento de resiembra casi inmediatamente y las comunidades no están montadas en la solución. A eso se suma que necesitamos metas claras, que se puedan medir y monitorear, porque –de lo contrario– es imposible saber si estamos poniendo pañitos de agua tibia o realmente procurando una solución.

10. No podemos seguir mirándonos el ombligo:

Dado que el problema de las drogas es global, sus soluciones también tienen que serlo o, por lo menos, estar conectadas entre sí. Colombia ha sido muy activa en el debate internacional sobre el tema, insistiendo en la importancia de políticas basadas en los derechos humanos y en la salud pública, pero ha sido menos buena en aplicarlas dentro del país. Por eso, hay que seguir jugando ese rol de proponer soluciones, al tiempo que las implementamos realmente.

Los 9 consejos de los reformistas avanzados en política de drogas

Este es el decálogo que presentaron los investigadores de una decena de ONGs que han propuesto reformas sustanciales a la política de drogas colombiana, incluyendo a Dejusticia que trabaja en temas jurídicos ligados a la política de drogas; el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (Occdi) que monitorea la sustitución de coca y lidera Pedro Arenas; Acción Técnica Social y Elementa que trabajan con reducción de daños en el consumo: y Sisma Mujer que trabaja en temas de género.

1. La sustitución de coca tiene que ser de la mano de las comunidades:

La solución al problema de la coca pasa no solo por meterle desarrollo rural al campo colombiano, sino por involucrar activamente a las comunidades en estas regiones, incluyendo a las mujeres, las minorías étnicas, las organizaciones sociales y las autoridades locales. Además, hay que garantizar que esos procesos de sustitución tengan un apoyo técnico para que los cultivos sustitutos sean viables. Al mismo tiempo, se deben eliminar métodos de erradicación forzosa que afecten el medio ambiente o la salud de las comunidades.

2. Ponerle la lupa a las mujeres para la sustitución de coca:

Hay que meterle un enfoque de género a la sustitución de coca y de desarrollo rural, de manera que sean reconocidas como un actor clave en que los procesos rurales sean exitosos y que las transformaciones que se den en estas zonas rurales no fomenten –sino que reduzcan– las tasas de desigualdad que hoy existen.

3. Montar a los afros e indígenas en el bus de la sustitución:

A sabiendas de que hoy un 26 por ciento de todos los cultivos de uso ilícito del país están en territorios colectivos étnicos, es fundamental activar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz para encontrar soluciones a esta realidad, siempre de la mano de las comunidades afro e indígenas que allí viven.

4. No olvidemos posibles usos lícitos de la coca, amapola y marihuana:

Se debe promover la investigación científica en torno a distintos usos legales que puedan tener plantas como la coca, la amapola y la marihuana, incluyendo productos tradicionales, médicos, nutricionales y comerciales, de manera que pueda haber una solución productiva para las comunidades que las han cultivado. Eso sí, siempre manteniendo la penalización a cualquier desvío de las plantas o sus derivados para fines ilícitos.

5. Mantener despenalización de la dosis mínima:

Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han protegido en su jurisprudencia la dosis personal. Cualquier modificación que eche hacia atrás este marco legal terminaría vulnerando los derechos de los ciudadanos y no resolvería el problema.

6. Meterle salud pública al tema del consumo:

Es fundamental diferenciar entre las distintas sustancias psicoactivas y, sobre todo, entre los tipos de consumo –los que son problemáticos y los que no lo son– para poder diseñar estrategias efectivas y ayudar a que las personas que tienen hábitos problemáticos de consumo encuentren soluciones de salud apropiadas. Además, hay que garantizar que estos programas de reducción de daños tengan financiación y entretejan relaciones sólidas con las poblaciones más vulnerables a esos consumos problemáticos.

7. Centrarse en estructuras criminales, no en cultivadores y consumidores:

En vez de concentrarse en los eslabones más débiles de la cadena, que no tienen realmente incidencia dentro del negocio de la droga, es fundamental que el Estado oriente su estrategia hacia desarticular las redes criminales que realmente se lucran de éste. Esto incluye revivir el proyecto de ley para pequeños cultivadores frenado en el Congreso, que asegura que éstos no sean perseguidos siempre y cuando estén inmersos en programas de sustitución de cultivos.

8. Ganarse la confianza de las comunidades en regiones afectadas:

Es fundamental que el Estado reconstruya la confianza con las comunidades en las zonas afectadas por el cultivo de coca, muy erosionada por las estrategias que se centraban en los eslabones débiles de la cadena como los cultivadores.

9. Necesitamos nuevas maneras de medir éxito contra las drogas:

En vez de seguir midiendo toda la política de drogas a partir de las hectáreas de coca erradicadas o sustituidas o las personas detenidas (que no dan cuenta realmente del problema de las drogas), se necesitan indicadores que muestren las transformaciones en los territorios afectados por el problema, incluyendo si se ha reducido la violencia que acompaña estos mercados ilegales, si se están desarticulando los grupos criminales y si se están desarrollando social y económicamente las regiones donde la economía dependía antes de las drogas.

Los 5 consejos de expertos en transiciones y posconflicto

Finalmente, la oficina en Colombia del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) –que está especializado en asesorar países en procesos de transición y donde trabajan varios de los asesores técnicos de la delegación del Gobierno en la mesa en La Habana– presentó sus recomendaciones generales para el próximo gobierno en temas de paz. De éstas, tomamos las que piensan en políticas de drogas.

1. Estabilizar los territorios más afectados por el conflicto:

La presencia de grupos criminales y los asesinatos de líderes sociales muestran que en muchas regiones del país, el reto para el Estado es continuar fortaleciendo su presencia y replantee la estrategia general de Fuerza Pública por una donde prime la seguridad de los ciudadanos (es decir, pasar de una fórmula militar a una más policial), que ataque los factores que alimentan a los grupos criminales y el narcotráfico (como el lavado de activos), que protejan a los líderes sociales y que mejore el acceso a la administración de justicia en lo local.

2. Invertir en muchos en el campo, no en pocos:

Los cambios en las regiones más azotadas por la guerra dependen no solamente de cerrar los ciclos de violencia, sino por impulsar transformaciones sociales y económicas que eleven las condiciones de vida en ellos. Lograrlo pasa por cambiar el modelo de inversión del Estado en estas regiones, de manera que se prioricen las obras de infraestructura y los servicios públicos que beneficiarán a comunidades enteras y permitirán su tránsito de economías ilegales como la coca hacia legales. Esto implica pensar en vías terciarias, distritos de riego y drenaje, agrónomos y veterinarios, centros de acopio, electricidad, salud, educación y acceso a crédito.

3. Centrarse en los territorios más afectados por la guerra y la coca:

Además de concentrarse en los territorios más rezagados del país por culpa del conflicto, se requiere que el próximo gobierno continúe los esfuerzos que ya se están haciendo de planeación participativa en los territorios, donde las comunidades están ayudando a identificar las obras que necesitan con mayor urgencia. Esos espacios de diálogo y concertación, además de útiles para asegurar que las inversiones del Estado son las necesarias, son verdaderos esfuerzos que construyen tejido social y reconcilian comunidades.

4. Seguir formalizando la tierra de los campesinos sin título:

Si uno de los grandes dramas del campo colombiano es que uno de cada dos pequeños productores que tienen tierra no tienen título, es necesario continuar el esfuerzo titánico de garantizar que pueden tener su escritura y, por lo tanto, acceder a servicios de los que estaban anteriormente marginados, como el crédito o la asistencia técnica de agrónomos y veterinarios. Esta realidad, como hemos contado en Proyecto Coca, es especialmente dramática en regiones con coca.

5. Juntar la zanahoria y el garrote bajo un mismo paraguas:

Para que las dos estrategias del Gobierno contra la coca –la erradicación manual forzada y la sustitución voluntaria de la mano de las comunidades- no sigan pisándose los zapatos y generando choques en los territorios, se necesita organizarlas bajo una sola estrategia integral. De este modo, en las comunidades donde haya acuerdos de sustitución, apostarle a esa estrategia, y –donde no- proceder con la forzada. Es decir, volverlas una estrategia de zanahoria y garrote, como estuvo pensada antes de que se desdibujara.

Si quiere saber más sobre el tema, recomendamos leer:

• Decálogo sobre política de drogas para los candidatos presidenciales. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), 2018.
• Acciones para el cambio hacia una política de drogas más efectiva. Elaborado por Dejusticia, Fescol, Elementa, Acción Técnica Social, Sisma Mujer, Humanas, GPaz, Temblores, Transnational Institute, Occdi Global y Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), 2018.
• Recomendaciones para los primeros 100 días del próximo gobierno en materia de construcción de paz en Colombia. Elaborado por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), 2018.