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Las guerras que nos quedarán después de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc
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Las guerras que nos quedarán después de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc

María Flórez - Junio 23, 2016

En medio del júbilo por el acuerdo sobre el cese bilateral, les presentamos cinco problemas que siguen pendientes.

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El 23 de junio pasado, cientos de bogotanos se reunieron en la carrera séptima con avenida Jiménez para escuchar el anuncio del acuerdo parcial sobre el punto del fin del conflicto. Foto: Santiago Mesa

No es por aguar la fiesta, pero —hay que decirlo— aún falta mucho para el fin de la guerra en Colombia. Desde luego, la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para parar la confrontación armada es un hito histórico para el país, que lleva cinco décadas viendo los horrores de la devastación en el campo, el estrépito de los bombazos en las ciudades y el fracaso de las negociaciones.

Pero este acuerdo —también hay que decirlo, aunque sea obvio— es un pacto entre el Gobierno y una sola de las guerrillas, que deja por fuera otros factores que alimentan el conflicto armado y que frenan la posibilidad de hablar del cierre definitivo de la violencia política.

En medio del júbilo colectivo por la firma del acuerdo sobre el fin del conflicto y la refrendación, les presentamos cinco de los problemas que nos impiden dar la vuelta a la página de la guerra.

El ELN

Aunque para buena parte de la opinión el ELN es una guerrilla marginal y con poca capacidad de desestabilización, su fuerza político-militar se mantiene en algunos de los territorios donde ha tenido una relación sostenida con las comunidades. Es el caso de Arauca, Casanare y la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Con ocho frentes de guerra (entre los que se cuenta el de los presos políticos), el ELN también tiene presencia en Antioquia, Cesar, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá y el sur de Bolívar. Además, cuenta con milicias urbanas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barrancabermeja, entre otras ciudades capitales.

Durante décadas, el ELN ha compartido algunos de esos territorios con las Farc, por lo que es imprevisible cómo se implementarán los acuerdos de La Habana en las zonas donde esa guerrilla continuará ejerciendo su actividad militar.

De otro lado, el ELN sigue abanderando demandas que coinciden con las de algunos sectores sociales y que no fueron incluidas en las discusiones de Cuba. Y aunque se podría pensar que la apertura política acordada en La Habana permitiría debatir sin armas estas reformas, el ELN parece estar convencido que esos asuntos deben resolverse en la mesa para garantizar verdaderas transformaciones institucionales con la participación de la sociedad civil.

Foto: Frente de Guerra Oriental del ELN
Se estima que el ELN tiene presencia 11 departamentos Foto: Frente de Guerra Oriental del ELN

Entre los temas de discusión se encuentran, por ejemplo, el medio ambiente, la desigualdad económica y la política minero-energética.

Algunos analistas aseguran que, si la negociación con el Gobierno no cuaja, el ELN constituirá un verdadero obstáculo para la implementación de los acuerdos y buscará fortalecerse con apoyo internacional, particularmente de Venezuela. El incremento del accionar militar de esa guerrilla traería consigo un mayor despliegue de fuerza por parte del Ejército y el conflicto armado continuaría en zonas como Arauca y el Catatumbo, con serios impactos para las comunidades.

De momento, los diálogos entre esa organización insurgente y el Gobierno siguen estancados, aparentemente, por desacuerdos en el tema humanitario.

 

El EPL

Pese a que el grueso de sus militantes firmaron la paz y se desmovilizaron en 1991, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) continuó operando en el Catatumbo. Allí se le considera una organización insurgente con base social y proyecto político, aunque el Gobierno la catalogue como una banda criminal dedicada al narcotráfico.

Como el resto de las guerrillas, el EPL ejerce control social, recluta menores, cobra “impuestos” (extorsiona), ataca a las Fuerzas Militares y reparte propaganda entre la población civil.

Durante las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, el EPL parece haber volcado todos sus esfuerzos a ocupar los espacios que ha ido dejando esa guerrilla, con el fin de tomarse el Catatumbo y monopolizar la compra de hoja de coca —de cuyo cultivo dependen cientos de familias campesinas de la zona—.

Por eso, en el Catatumbo tienen claro que para que haya paz hace falta desarticular o negociar, según se mire, con el ELN y el EPL.

 

Las bandas criminales o paramilitares

A lo largo de las negociaciones con el Gobierno, las Farc han insistido en la necesidad de acabar con el paramilitarismo para garantizar la estabilidad de la paz. La sociedad civil, de otro lado, ha alertado sobre las amenazas, los atentados y los asesinatos contra dirigentes políticos y sociales cometidos —presuntamente— por organizaciones herederas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Este es el mapa de las bandas criminales en Colombia, según Indepaz.

La más grande y poderosa de esas organizaciones es conocida como los “Urabeños”, “Clan Úsuga” o “Clan del Golfo”, y tiene presencia en más de 20 departamentos. Su centro de operaciones está en el Urabá antioqueño, donde ejerce control social y amasa fortunas apunta del narcotráfico, la extorsión y el contrabando. En Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, los Urabeños también hacen parte del negocio de la minería criminal. Y aunque han emitido varios comunicados adjudicándose un estatus político, el Gobierno ha declarado que nunca lo tendrán.

Además de los Urabeños, y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), existen otras 17 bandas criminales o paramilitares en 338 municipios de 31 departamentos. Entre ellas se encuentran los Rastrojos, los Botalones, los bloques Meta y Libertadores del Vichada, la Oficina de Envigado, las Autodefensas Campesinas del Tolima y las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia.

Ante la amenaza, el Gobierno autorizó en mayo los bombardeos contra las bandas criminales y la mesa de conversaciones acordó este jueves que se intensificará la lucha contra esas organizaciones y sus redes de apoyo, “con respeto a los derechos humanos”. Para ello se tomaron medidas de corte político e institucional, entre las que se encuentran la firma de un “Pacto Nacional” y la creación de tres organismos: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una unidad especial de investigación en la Fiscalía y un cuerpo élite de Policía.

Así las cosas, nos espera una larga guerra contra los ‘paras’.

 

La corrupción

Según la organización Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto número 83 en el Índice de Percepción de Corrupción, que estudia 168 países del mundo. En una escala de 0 a 100, donde 100 es “muy limpio”, el país sólo recibió 37 puntos en la última medición. De acuerdo con estos resultados, los esfuerzos del Gobierno, que en 2011 expidió el Estatuto Anticorrupción, parecen no estar rindiendo suficientes frutos.

El robo soterrado de recursos públicos podría ser un grave obstáculo para la implementación de los acuerdos con las Farc, que requerirá la inyección de varios cientos de millones de dólares a las instituciones viejas y nuevas que operen en las regiones. Por sólo poner un ejemplo, el país deberá vigilar rigurosamente la inversión de los 575 millones de euros que la Unión Europea donará para la creación de pequeñas empresas en el campo, el fortalecimiento de las radios comunitarias y el desminado humanitario.

De ahí que, para garantizar que esos y otros dineros se inviertan en la puesta en marcha de lo acordado, las partes pactaran este jueves que el Gobierno garantizará la idoneidad de los funcionarios y le hará un seguimiento riguroso a su patrimonio para saber si está o no “acorde con sus salarios y actividades legales”.

La pérdida de la plata para el posconflicto en bolsillos de servidores públicos podría poner en jaque la implementación y, por esa vía, el cumplimiento de los acuerdos; es decir, la sostenibilidad de la paz con las Farc.

 

Las fracasada guerra contra las drogas

Durante su segundo periodo presidencial, Juan Manuel Santos se ha convertido en un abanderado internacional de las reformas en la política global de lucha contra las drogas. Fue durante su mandato que se prohibió la aspersión área de glifosato y se creó, al menos en el papel, el Plan Integral de Sustitución de Cultivos, una apuesta para erradicar las matas de coca de manera concertada con las comunidades, llevar los servicios del Estado a las zonas rurales de los departamentos donde se concentra la producción y dirigir la persecución penal hacia los eslabones más fuertes de la cadena.

Según Naciones Unidas, en 2014 Colombia tenía sembradas 69.000 hectáreas de hoja de coca. Foto: Santiago Mesa

El Plan se pensó como una pista de aterrizaje para el acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas al que se llegó en La Habana, donde se decidió que el tema no podía abordarse con un enfoque punitivo, sino más bien desde una óptica social.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que, desde 2014, los cultivos de hoja de coca han ido en aumento. Esa realidad, sumada a la presión generada por la desaparición de las aspersiones áreas, empujaron al Gobierno a aprobar la erradicación con glifosato, esta vez haciendo uso de la aspersión manual.

Esa y otras medidas han llevado a algunos expertos a asegurar que el discurso del Gobierno en el exterior no coincide con las decisiones que toma internamente. De hecho, en marzo pasado el Ministerio de Defensa declaró que ante el crecimiento de los sembradíos fortalecería los grupos de erradicación forzosa, integrados por policías y soldados, y que reforzaría el control militar de los espacios fluviales, marítimos y aéreos.

El Gobierno parece no haber sido capaz de robustecer lo suficiente los programas sociales para los pequeños productores, de abordar el problema del consumo como un tema de salud pública y de avanzar en un enfoque de reducción de riesgos y daños.

El debate sobre la regulación está abierto. La demanda de drogas a nivel global no se reduce y el enfoque prohibicionista no ha logrado cumplir con el objetivo de un mundo libre de drogas. Académicos, oenegés y sectores de la sociedad civil se lo han dicho al Gobierno y a la comunidad internacional: si no se empieza a pensar en una regulación del cultivo de hoja de coca, de sus usos alternativos, y de la misma cocaína, con un enfoque basado en derechos, será imposible pensar en una Colombia sin violencia asociada al narcotráfico.

A esos y otros grandes desafíos nos enfrentamos.