Es el miembro de la Fuerza Pública de mayor rango que entra en la jurisdicción. Así empieza un proceso para determinar su responsabilidad hechos del conflicto armado colombiano.
Este miércoles 17 de octubre tuvo lugar la segunda audiencia del general Mario Montoya en la Jurisdicción Especial para la Paz, el miembro de la Fuerza Pública con más rango que ha comparecido hasta ahora.
Su caso es icónico, mediático. Al someterse a esta jurisdicción, Montoya se comprometió a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de los crímenes en los que está implicado.
La audiencia duró cuatro horas, mucho menos que otras audiencias. Lo más importante que sucedió fue la firma de Montoya del acta de sometimiento a la JEP. En pocas palabras, esto significa que su proceso lo va a llevar esta jurisdicción, y que en caso de ser culpable, y reconocerlo, recibirá penas alternativas. Sus procesos judiciales, entonces, dejarán de ser investigados por la justicia ordinaria.
Esta audiencia no fue un juicio, más bien fue el principio de un proceso largo.
“Yo, Mario Montoya”, dice el acta de sometimiento, “como persona que pertenece o perteneció al Ejército en el cargo de general, acepto someterme a la JEP y me comprometo a contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas…”
Distintas víctimas y sus representantes se hicieron presentes en la audiencia, tanto desde la JEP en Bogotá como desde el Palacio de Justicia de Medellín. “Soy madre de …, asesinado hace 10 años por la Fuerza Pública”. “Soy la hermana de …., asesinado hace 12 años”. “Estoy aquí a pesar de haber recibido amenazas a mi vida por venir”. Cosas como estas se escucharon en la presentación de las partes.
Mario Montoya llegó a ser el comandante de más alto rango de la Fuerza Pública hace una década. Fue el jefe la Operación Orión en Medellín y estuvo implicado presuntamente por omisión en la masacre de Bojayá y en el escándalo de los “falsos positivos”, entre otros casos. Se estima que en los procesos por los que se acogió a la JEP, y que antes se hallaban en expedientes de la justicia ordinaria, involucran a por lo menos 2.000 víctimas.
Durante la audiencia varias de estas víctimas y sus abogados tomaron la palabra para decir que no entendían la finalidad de la citación, y algunas decidieron irse porque se le dio prioridad a la firma del acta de sometimiento de Montoya, y no al reconocimiento legal de ellas como víctimas en la audiencia. Hace un mes, en la primera comparecencia de Montoya, fueron necesarios 38 minutos para leer todos los nombres de quienes se consideran víctimas suyas.
Pedro Luis Díaz, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, y magistrado a cargo de la audiencia, explicó que el objetivo principal de esta cita fue darle visibilización a la firma del acta de sometimiento de Montoya. El argumento fue que se quería resaltar este hecho “importante” de parte de un personaje trascendental para los intereses de la JEP, y que es una justicia en construcción.
En todo momento Mario Montoya mostró una cara seria, adusta, preocupada. Una de sus manos casi siempre tapó parte de su cara y evitó mirar a las víctimas directamente. Habló solo lo necesario, y casi siempre dejó que sus abogados lo hicieran por él. El único atisbo de sonrisa que se le vio fue cuando firmó el acta de sometimiento.
¿Qué sigue ahora?
Este es el principio de un proceso que, como otros en la JEP, puede ser muy largo. El caso de Montoya pertenece a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la encargada de aplicar un tratamiento penal diferencial a miembros de la Fuerza Pública implicados en hechos del conflicto armado colombiano.
Con la firma del acta, para próximas audiencias se pasará a establecer la responsabilidad de Montoya en los actos que se le señalan. En caso de que Montoya acepte su responsabilidad, su caso pasa a un proceso dialógico en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Si no la acepta, se activaría un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación, donde la JEP lo investigaría por los presuntos crímenes. Si la JEP lograra establecer responsabilidades lo llevaría a un juicio, y si es declarado culpable pagaría una pena máxima de 20 años. En caso de no aceptar responsabilidad y durante el proceso arrepentirse, Montoya podría aceptar responsabilidad de manera tardía y no pagar cárcel.
Un comienzo de verdad para la Comuna 13 de Medellín
En el marco de la audiencia a Montoya y de la conmemoración de los 16 años de la Operación Orión, algunas organizaciones de víctimas de la Comuna 13 de Medellín le entregaron ayer a la JEP varios informes, que ahora están en manos de la Sala de Reconocimiento. Esta los podrá usar para sus investigaciones.
Estos textos representan la versión de las víctimas, hasta ahora no reconocida en su totalidad por el Estado. Contienen información de violaciones a los Derechos Humanos, supuesta infiltración de grupos paramilitares en Medellín, colaboración de estos con la Fuerza Pública e insumos para la no repetición.
La operación Orión, aunque fue reconocida como un éxito por las autoridades estatales del momento, dejó 88 muertes, más de 200 heridos, 370 capturas arbitrarias y por lo menos 95 desaparecidos. Incluso, el exjefe paramilitar, alias ‘Don Berna’ aseguró que hay más de 300 cuerpos que sus hombres enterraron en el sector de La Escombrera de la Comuna 13. Nadie los ha encontrado todavía.
En estas cifras y realidades es donde se asienta la importancia de que la JEP tenga la versión de las víctimas. El sometimiento del general Montoya será trascendental para que 16 años después, se empiece a conocer la verdad.
