Las delegaciones confirmaron que han sido destruidos 33 artefactos explosivos. Los líderes de la comunidad insisten en que no se ha avanzado en proyectos sociales.
¿Qué se necesita para que una guerrilla como las Farc felicite a una general de las Fuerzas Militares? Lo hizo el pasado 19 de noviembre, un día después de que Rafael Colón Torres, general (r) de la Infantería de Marina y director de Acción Integral contra Minas Antipersonal, recibiera el Premio Nacional de Paz. Fue un mensaje escueto, pero suficiente para dejar la sensación de que en Colombia, poco a poco, están cambiando las lógicas de la guerra.
La respuesta pueden tenerla en dos comunidades distantes, pero con un detalle en común que trastoca sus vidas hace años. La gente de El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia) y la de Santa Elena, en Mesetas (Meta), no solo les enseña a sus niños a caminar, sino por donde no pueden hacerlo.
Las minas sembradas por las Farc —hasta hace unos meses en El Orejón había una por cada 135 metros cuadrados—, han condicionado los pasos de esas poblaciones donde hoy avanza de forma simultánea el plan piloto de desminado con la participación conjunta de guerrilleros, soldados del Batallón de Desminado Humanitario y la ONG Ayuda Popular Noruega (APN). Al frente de ese proyecto, por parte del Gobierno, se encuentra el general Colón.
El proceso en Santa Elena, en el Meta, comenzó el lunes con el diagnóstico técnico que debe adelantarse antes de empezar la destrucción de los artefactos explosivos. Mientras tanto, en El Orejón, este martes las comisiones hicieron la evaluación de los avances de que hasta el momento tiene esa primera experiencia, luego de seis meses de que aterrizara el primer helicóptero en la zona para preparar el inicio del operativo.
Además de Colón y de los encargados directos de las acciones de desminado, a la vereda viajaron, desde Cuba, los negociadores guerrilleros “Pastor Alape” y “Matías Aldecoa” con la idea de conocer de primera mano los avances del proceso.
De acuerdo con un comunicado de las delegaciones negociadoras publicado también este martes, hasta el momento han sido desactivados en total 33 artefactos explosivos desde el inicio del operativo. Agregaron que esperan entregar ese territorio libre de sospecha de minas antes de finalizar el año.
“Confiamos que antes de finalizar el año podamos devolver la tierra, libre de sospecha por la presencia de este tipo de artefactos explosivos a la comunidad, con el único propósito de que sus habitantes puedan recobrar la tranquilidad y mantener la esperanza de un futuro mejor”, dice el comunicado.
El cara a cara entre Colón y “Alape”
Colón y “Alape” ya no son unos desconocidos para los habitantes de El Orejón. Si bien los guerreros –de todos los bandos– no son una novedad en ese lugar del Norte de Antioquia, controlado desde hace años por el frente 36 de las Farc, sí fue extraña la llegada de los dos hombres que tienen en sus manos la representación de las dos fuerzas que trabajan juntas para retirar de la tierra los explosivos que rodean el pueblo.
La primera reunión fue el 20 de mayo pasado. Colón, “Alape”, uno de los cabecillas del frente 36 y varios miembros de la comunidad sellaron lo que sería el inicio de un operativo complejo en términos de seguridad, pero también con una alta exigencia desde el punto de vista del acompañamiento social y humanitario.
Según recuerda uno de los líderes de la vereda, ese día un guerrillero de las Farc entregó un mapa hecho a mano con la ubicación aproximada de las minas que estarían enterradas en el lugar. Ese fue el punto de partida de una tarea mucho más rigurosa que, poco tiempo después, permitió definir tres áreas peligrosas que suman 12.500 metros cuadrados.
El cara a cara entre quienes ahora son los hombres fuertes del proyecto de desminado por parte del Estado y las Farc se repitió este martes. Ahora con el propósito de hacer el balance de una labor que, sin embargo, no ha estado exenta críticas y de riesgos. Uno de los momentos más complejos, hasta el momento, se dio en julio pasado, cuando Wilson de Jesús Martínez, uno de los soldados del Batallón de Desminado Humanitario, pisó una mina que cobró su vida.
Esa muerte forzó la suspensión de las actividades durante casi dos meses. En ese periodo se evaluaron los protocolos de seguridad y, luego de implementada la tecnología de los robots barreminas, el proceso pudo continuar. A principios de octubre el propio general Colón hablaba de un 75% de avances en el desminado de ese territorio.
Las deudas sociales
Pese a que de acuerdo con el Gobierno y las Farc los resultados del proyecto son positivos, algunos líderes de la región aseguran que falta mucho para que esa zona pueda considerarse desminada. Además, criticaron que aún no se hayan iniciado los proyectos sociales y la construcción de algunos espacios que fueron solicitados por la comunidad con el propósito de que haya un cambio efectivo en sus condiciones de vida luego de terminado el proceso.
Al respecto, el comunicado de las delegaciones asegura que “se definieron de la mano con la comunidad, proyectos de desarrollo social e infraestructura que buscan satisfacer sus demandas más sentidas, fortalecer la organización social y proveer capacidad técnica con miras a brindar bienestar y mejor calidad de vida a la población victima del conflicto. La comunidad será protagonista de su futuro a través de la participación activa en el desarrollo de éstos proyectos. Como aporte a la transformación y construcción de paz, se estudia la implementación de proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Sin embargo, los líderes insisten en que todavía no hay resultados papables de “esos proyectos de desarrollo social” y que a eso se suma la petición reitera de APN y del Gobierno de no formular públicamente sus críticas en contra del proceso de desminado.
“Ninguna de las exigencias sociales ha llegado a la comunidad. No se tiene escuela ni puesto de salud, no se han superado esas condiciones de conflicto y de exclusión”, afirma Isabel Zuleta, integrante de Ríos Vivos, organización que acompaña los reclamos de las comunidades que, como El Orejón, están asentadas en los 12 municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Por eso, a diferencia de las Farc, para Ríos Vivos el Premio Nacional de Paz para el general Colón no merece una felicitación sino que se trata de “un insulto a la verdad de lo que está ocurriendo en la zona de desminado”.
Y en medio de esas tensiones han quedado los campesinos de la zona que, al margen del caso concreto del proyecto de desminado, han decidido continuar con sus acciones de oposición contra Hidroituango y han sido objeto de agresiones, según denunció Ríos Vivos a principios de noviembre.
Así las cosas, el balance de este martes es, a juicio de algunos líderes, apenas el resultado de una labor que todavía tiene faltantes en lo técnico, pero ante toda una deuda mayor en materia social.
