Hablamos con senadores y exoficiales sobre lo bueno y lo malo de revivir un derecho extinto desde la década de 1930.
Permitir que los militares y policías ejerzan el derecho al voto es la última propuesta de reforma constitucional que hizo Roy Barreras, senador por el partido de la U. Una iniciativa que no es nueva y que siempre ha fracasado –desde hace 80 años–; pero que, en tiempos de esperanzas sobre el posible fin de la guerra, toma nuevos aires.
De volverse realidad, la propuesta del senador habilitaría a 450.000 uniformados -entre Fuerzas Militares y Policía- a votar con condiciones específicas: tienen derecho a elegir pero quedan absolutamente impedidos para intervenir en actividades, debates y movimientos políticos, ni tampoco podrían ser elegidos. Además, los mandos que intenten influir en el voto de sus subalternos serían sancionados.
Si se aprueba la iniciativa, ha dicho el senador, solo aplicaría un vez firmado el acuerdo final de paz con las Farc y se haya votado el plebiscito de refrendación.
Los intentos más recientes de devolver el derecho al voto a los militares han sido infructuosos. En 2004, Armando Benedetti y Jaime Ernesto Canal hicieron la propuesta pero no triunfó. Luego, ocho años después, lo hizo el entonces vicepresidente del Senado, Édgar Espíndola Niño, pero tampoco fue posible. Ahora, es el turno para el senador y miembro de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con las Farc en La Habana, Roy Barreras quien, no sobra recordar, decía en 2012, en declaraciones a El Nuevo Siglo, que “no resulta positivo para la democracia que las determinaciones en las urnas están acompañadas por las armas”.
¿Qué dice la ley?
En el artículo 219 de la Constitución, está escrito que “la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
Colombia, junto a Brasil, Bolivia y Honduras son los únicos países del continente que no permiten votar a sus militares. En el país, el derecho al voto está prohibido para los uniformados desde el gobierno del Enrique Olaya Herrera en los años 30. Para él, el Ejército y la política no debían ir de la mano, sobre todo, después de la hegemonía conservadora en la que el Ejército jugó del lado de ese partido.
Entre las razones que han tenido quienes defienden que los militares no voten está que los altos mandos militares podrían ejercer presiones sobre sus subordinados, y que la política y los militares no deben ir de la mano, pues sería como abrirle las puertas de los cuarteles a los políticos y a prácticas que terminarían afectando las dinámicas y la disciplina militar.
Hablamos con oficiales retirados y políticos de izquierda y derecha, para entender los pros y los contras de la propuesta de Roy Barreras. Esto fue lo que nos dijeron:
Jaime Ruiz Barrera, General (r) y presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro (Acore):
“Este es un derecho fundamental que, por principios elementales de igualdad, nos corresponde a todos como ciudadanos. Queremos recuperar ese derecho. Es necesario que los integrantes de las FF.MM., que ya están lo suficientemente profesionalizados, participen de la realidad política del país.
Como se trata de reformar la Constitución, se debe producir una ley que reglamente ese derecho. Ahí se pondrían todas las restricciones: que un comandante no pueda influir en la decisión de sus subalternos, que en los cuarteles no se hagan campañas políticas o cualquier actividad proselitista, o que a los militares se les prohiba afiliarse a un partido.
El proyecto presentado por La U tiene un gran problema, su último articulo dice: “el presente acto legislativo entrará en vigencia si la ciudadanía mediante voto popular refrenda el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Esto me suena a ‘caramelo’. Son 450.000 hombres entre Fuerzas Militares y Policía que tienen familia. Es decir, mínimo dos personas por miembro de la Fuerza significan un millón de votos para el plebiscito, si es que ponen esa condición”.
Mayor General (r) de la Policía, Luis Mendieta:
“Es favorable pero dentro de unos años, cuando en Colombia tengamos paz. Ahora, cuando no se ha logrado solucionar el conflicto con el ELN y las Farc, pienso que la Fuerza Pública tiene que ser neutral, para que el poder político sea quien tome las decisiones más importantes en lo que se refiere al manejo del orden público y a la democracia del país.
Hacerlo de otra manera es propiciar que haya, de pronto, alguna favorabilidad para un sector u otro que tenga determinadas tendencias políticas frente al desarrollo de la política y la guerra”.
Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático:
“Este no es un momento oportuno ni conveniente para eso. El conflicto aún no ha terminado, así que mal haríamos en esta transición hacia la búsqueda de la paz, al entrar en estos procesos de polarización de las Fuerzas Militares. Creo que es inconveniente e inoportuno.
Una vez que se consolide la paz, eso ya es otro asunto y ahí si se discutiría. Para eso falta todavía mucho tiempo y saber cómo van a variar las circunstancias de las fuerzas y del país, en general”.
Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático:
“La propuesta es oportunista, pues condiciona el otorgamiento del voto a los militares a que sea aprobado el plebiscito que va a refrendar los acuerdos con las Farc. Ese condicionamiento busca que al menos los familiares de los militares apoyen ese plebiscito. Hay una manipulación, digamos, electoral.
Más allá de eso, creo que es inoportuna porque el sistema electoral colombiano tiene muchas fallas, no es confiable, no es transparente, está penetrado por el clientelismo, la corrupción y la politiquería. Darle voto a los militares en esas condiciones sería exponer a las FF.MM. a convertirse en botín de la politiquería y el clientelismo. Ese tema debería pensarse cuando se haya hecho una reforma del sistema electoral que lo haga más confiable y transparente”.
