OPINIÓN | Mientras que el gobierno y algunas alcaldías insisten en pedir todo tipo de información de los ciudadanos, la SIC se ha dedicado a abrir investigaciones a Zoom y a TikTok.
La privacidad ha sido una de las principales preocupaciones sobre derechos humanos durante la pandemia. Era la oportunidad para que Nelson Remolina, Superintendente Delegado para la protección de Datos Personales, mostrara que hablaba en serio cuando dijo en 1994 que “las nuevas tecnologías de información no pueden vulnerar impunemente los derechos humanos”.
Varios gobiernos en el mundo han recurrido a medidas como el uso de aplicaciones que recogen información sobre la localización de las personas. Esto ha alarmado a defensores de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch criticó que muchos gobiernos estén recogiendo información de localización de las personas porque da un conocimiento sensible sobre la identidad, ubicación, comportamiento, asociaciones y actividades.
Colombia también ha querido seguir esa tendencia. La Fundación Karisma evaluó las aplicaciones CoronApp, Medellín me Cuida y CaliValle Corona. En general, nuestros gobernantes se han enfocado en usar estas herramientas para recoger toda la información posible sobre nosotros, como nuestros desplazamientos y estado de salud, pero no han sido claros en qué harán con ella. Según lo cuenta una investigación del Índice Coronavirus y Derechos Digitales (iniciativa de la que formo parte), aunque CoronApp dice que puede entregar información a cualquier autoridad que lo pida, es poco probable que el Estado tenga la posibilidad de procesar lo que esta herramienta está recogiendo y puede llegar a recoger. Además, CoronApp tiene la función de recolectar información sobre la gente con la que sus usuarios establecen contacto, solo que la tiene desactivada en este momento.
¿Cuál es la necesidad de averiguar tantas cosas de la vida de la gente si ni siquiera saben ni nos dicen qué van a hacer con la información? ¿Cómo es posible que CoronApp diga que podrá entregarle nuestros datos a cualquier autoridad que lo pida?
Remolina, como superintendente delegado, sería la persona indicada para responder esas preguntas y tomar acciones. La Ley de Habeas Data le encargó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuya cabeza es nombrada por el presidente, dar lineamientos para que no existan abusos con nuestros datos personales. La SIC también puede sancionar a empresas privadas y, cuando considere que una entidad pública está cometiendo un abuso en este tema, debe avisarle a la Procuraduría.
Pero parece que la SIC ha hecho poco para establecer lineamientos al gobierno. El 21 de abril, el jefe de Remolina, Andrés Barreto, dijo en Portafolio que “en conjunto con el gobierno nacional” iba a “señalar el derrotero” para que las herramientas y aplicaciones garanticen nuestros derechos. Casi un mes después del inicio de la cuarentena y un mes antes de esta columna.
A la fecha, la SIC ha publicado tres circulares relacionadas con la pandemia: una en la que dio carta blanca a las empresas de telefonía celular para entregaran información de sus usuarios al gobierno (algo que quedó frenado por el escándalo que se armó); otra que le pide a las empresas y entidades públicas que no utilicen huelleros porque puede ayudar a propagar el virus; y otra que amplió unos plazos para registrar información en el Registro Nacional de Bases de Datos. Aparte de eso, la SIC sacó una infografía con información bastante básica sobre el uso de información de salud y no parece haber hecho mucho más. Mientras tanto, las grandes preguntas siguen sin responderse y los gobiernos locales y nacional pueden inventarse lo que quieran.
Mientras tanto, el gobierno ha promovido CoronApp como nuestra salvación en la pandemia. Aparte de esto, ha hecho de todo para que la gente instale su juguete, como regalar datos de navegación o establecer en los protocolos del Ministerio de Salud que los trabajadores de los sectores público y privado deban reportar en esa herramienta. Claro está, la SIC también ha invitado a descargar la App. En Medellín, donde se exige el registro en “Medellín me cuida” para salir a trabajar, una mujer ganó una tutela porque esa plataforma estaría recogiendo más información de la necesaria con muy poca claridad de para qué la está usando.
Quizá lo más decepcionante de esta actuación tan mediocre de la SIC es que Remolina se mostró durante muchos años como un defensor a ultranza de la privacidad. Por ejemplo, durante una audiencia que hubo en la Corte Constitucional en febrero de 2019, Remolina dijo que los usuarios de redes sociales podrían llegar a responder por sus publicaciones como si su perfil fuera una base de datos. Esto significa en la práctica que, por ejemplo, tendríamos que borrar publicaciones cuando alguien diga que están desactualizadas. Remolina ha escrito una cantidad enorme de libros y artículos académicos. Tal vez se le olvidó que alguna vez dijo en uno de esos artículos que recolectar, usar y procesar datos de la salud es “ una tarea compleja, especial y delicada”, o puede ser que no recuerda que hace un tiempo escribió que la recolección de datos biométricos asociados con patologías podría terminar en usos discriminatorios o comerciales.
No es claro por qué la SIC ha tenido un papel tan pobre con relación a la privacidad y el uso de tecnología para recoger información durante la pandemia. No es posible que, mientras las entidades expertas en este tema a nivel internacional sacan guías para que los gobiernos implementen a la hora de usar tecnologías, la SIC gaste papel, tiempo y salario en sacar circulares tan mediocres como la de los huelleros o en anunciar investigaciones contra Zoom y TikTok.
Quizá lo que está pasando es que Remolina teme incomodar al gobierno, no lo están dejando hablar en la SIC. Tal vez está cuidando su puesto como una profecía autocumplida de cuando, muchos años atrás, criticó que la SIC fuera la entidad encargada de proteger nuestros derechos en las bases de datos: “Nótese que a este funcionario también le corresponderá controlar las bases de datos del Estado y si su gestión molesta, incomoda o compromete otros funcionarios públicos pues seguramente será removido de su cargo”.
* @EmmanuelVP
