En todos los municipios que tienen parte de su territorio dentro del Páramo de Santurbán ganó, en primera y segunda vuelta, Iván Duque. Aquí les explicamos las razones. Por: Tomás Mantilla
“Para sorpresa de la gente de las ciudades, en Santurbán no votamos Petro. Votamos Duque para que no nos desplacen. Él sí defiende al minero artesanal y a la minería responsable” dice Rodolfo Medina, un minero del municipio de Vetas, Santander, en donde todos dependen directa o indirectamente de la minería de oro.
Mientras que una semana antes de las elecciones, en Bucaramanga, Gustavo Petro le hablaba a la ciudadanía urbana sobre de la defensa del páramo y el agua, asegurando que no permitiría que ningún proyecto extractivo viera luz verde en Santurbán, en los municipios en donde se encuentra el páramo calaba el discurso de Duque. Mineros y agricultores de la región ven en el ahora candidato electo alguien que puede prevenir o dilatar la prohibición de la minería en zonas de páramo y por el contrario, impulsar proyectos extractivos sostenibles. Alguien que “dejaría trabajar”, como dice Mario Lizcano, un minero desde los 18 años.
El apoyo de Santurbán a Duque se da a pocos meses de que el Ministerio de Ambiente, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional T-361 de 2017, emita a más tardar este 11 de noviembre, un acto administrativo que será decisivo para los treinta municipios de Santander y Norte de Santander que tienen parte de su territorio dentro del páramo. El Ministerio redelimitará el páramo, pues la delimitación que había sido establecida en 2014 fue encontrada inexequible por la Corte al no haber consultado a las comunidades afectadas por la decisión.
La decisión podría sentar un precedente para la protección de un ecosistema que es de vital importancia para todos los colombianos. Según el instituto Von Humboldt, el agua que recibe el 70 % de la población del país, desde los hogares hasta las industrias y las hidroeléctricas, proviene de este ‘bosque enano’, donde su vegetación de baja altura condensa la humedad atmosférica y la convierte en agua. Además, los páramos también retienen partículas de carbono, una característica que los convierte en un activo importante contra el cambio climático y el efecto invernadero.
En el caso de Santurbán, también según cifras del instituto Von Humboldt, son 2’500.000
personas que se benefician directa o indirectamente de su estrella fluvial. Su redelimitación
podría marcar un nuevo precedente en lo que respecta a la reglamentación de estos
fundamentales y escasos ecosistemas: solo se encuentran en la zona ecuatorial del planeta y
50 % de ellos están en Colombia.
No obstante, no solo es agua lo que se encuentra en Santurbán. El oro es el otro tesoro que yace dentro de la montaña. De él dependen económicamente miles de personas que viven dentro del páramo y que están en vilo y a la espera de una nueva decisión de la Corte que sopese la tensión entre los dos recursos. En el país, el agua está amparada por el derecho a su acceso y por la protección especial que dio la ley 99 de 1993, que fundamentó la política ambiental para las zonas de páramo, subpáramo y nacimientos de agua. Y el oro sigue siendo el recurso de subsistencia de muchos en la provincia minera de Soto Norte en Santander, conformada por los municipios de California, Charta, El Playón, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, y cuyo territorio está en parte situado dentro de Santurbán.
De bajarse la línea de delimitación, cuya cota actual ronda los 3.100 de altura, agricultores y mineras locales y extranjeras podrían ver sus actividades convertidas en ilegales, por lo que las comunidades prevén un posible estancamiento económico de la región. Parte de sus territorios ya se encuentran dentro del páramo por lo que las actividades agropecuarias y mineras están prohibidas.
En el caso del municipio de Vetas, que depende completamente de la minería desde su fundación hace alrededor de 400 años, más de tres cuartos de su territorio ya se encuentra cobijados por la línea de páramo y varias mineras han dejado de funcionar. Ahí, por debajo de la línea, operan cuatro mineras que aunque en la región son denominadas cómo artesanales por pertenecer a personas de la zona, en realidad tienen un grado de tecnificación considerable.
El problema no solo afecta a los municipios mineros de Santander. En Norte de Santander, donde se encuentra alrededor del 72 % del páramo, los campesinos también han visto afectada su economía pues formalmente está prohibido cultivar en áreas que antes aprovechaban. “Necesitamos que nos dejen cultivar o que propongan un camino claro hacia la reconversión de las actividades agropecuarias” dice Fredy Maldonado, campesino del municipio de Silos, Norte de Santander.
El sentir de la mayoría de la población de la provincia de Soto Norte es que de bajarse la línea de delimitación es probable que miles de campesinos y mineros se queden sin empleo y deban desplazarse a la ciudad. “En los semáforos de Bucaramanga no van a querer recibir miles de personas desplazadas del páramo, ya tienen suficiente con los venezolanos”, asegura un minero que esperaba los resultados de las elecciones en la plaza central de Vetas.
A diferencia de muchas otras partes del país, donde las consultas previas y populares (las que Duque ha dicho que deben ser limitadas) fueron una victoria para el derecho de la comunidades a expresarse en contra de las intervenciones mineras, en Soto Norte la gente dice que de hacerse una, votarían a favor de la minería. “No solo es nuestro sustento sino que es lo único que sabemos hacer desde hace generaciones, nosotros queremos la minería” afirma Ivonne Gonzáles, directora de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán.
De no lograr que el Ministerio de Ambiente mantenga la línea donde está actualmente, los mineros y agricultores de la zona esperan que el gobierno Duque proponga alternativas claras para la región pues son pocos los cultivos que se dan entre la bruma y las empinadas laderas de las montañas. La temperatura y el número de veces que esta baja de los cero grados a lo largo del año no solo impiden que crezcan árboles en las partes altas, sino que se den poco más que cultivos de papa y cebolla.
La solución al conflicto socio ambiental estaría en el diseño de programas de reconversión o sustitución de las actividades productivas que tuviera en cuenta las particularidades de la zona, tanto los sectores ambientales y antimineros como la Corte Constitucional coinciden en ello.
Por su parte, la Corte estableció con la sentencia 305 de 2016 que debían ser las CAR y el Ministerio de Ambiente quienes trazaran planes de reconversión de las actividades agropecuarias en las zonas de páramo pero al día de hoy ninguna de las dos entidades ha dado a conocer algún programa de reconversión económica para zonas de páramo.
Más allá de la reconversión de las actividades agropecuarias la Corte no ha hecho mención de la reconversión de las actividades mineras y el proyecto de ley que espera crear una política pública en materia de conservación de los ecosistemas de páramos y alta montaña aún está en trámite y no ha sido consultado lo suficiente con las comunidades afectadas.
Al ritmo al que avanza el proceso de redelimitación, el Ministerio de Ambiente podría demorarse más de lo previsto en expedir una nueva resolución. Solo tres de los siete pasos del proceso han tenido lugar. Aún falta que se de la concertación entre los actores involucrados y las autoridades, que todos los involucrados puedan exponer observaciones en contra de la propuesta de delimitación, que el ministerio tenga en cuenta los aportes de los varios actores y que finalmente se emita una nueva resolución que será implementada con la participación de la comunidad.
Además de que el proceso avanza a paso lento, según el primer informe de la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de lo establecido por la Corte, el derecho de la participación de las comunidades –que se vio vulnerado con la expedición de la anterior delimitación y dio origen al nuevo proceso– estaría siendo vulnerado nuevamente, al menos de forma parcial. El informe afirma que “no se pudo constatar que se le haya convocado de manera formal al sector académico, a las asociaciones o cooperativas de mineros y a las agremiaciones de productores agrícolas” y que no se encontraron las convocatorias de las alcaldías municipales de Bucaramanga (cuyo alcalde
está en contra de la mega minería en el páramo), Girón, Floridablanca y Villa del Rosario.
Así las cosas y frente a la falta de un programa claro de reconversión o sustitución a puertas de la nueva delimitación, en Vetas decidieron orar durante 30 horas para que el próximo presidente les permitiera seguir extrayendo oro de la montaña. “Pedirle al todo poderoso: Ilumine las mentes y las cabezas de aquellos funcionarios que tienen la potestad terrenal de tomar alguna decisión en la revisión de la delimitación del ecosistema del Páramo de Santurbán” decía Orlando Rodríguez, quien es minero, a la salida de la iglesia.
Alrededor de la misma hora a la que acababa la vigilia en Vetas, en Bucaramanga comenzaba un plantón organizado por la Alcaldía de Bucaramanga y el Comité por la defensa del agua y del Páramo de Santurbán. La coincidencia puso en evidencia la división entre dos grupos que afirman ser quienes realmente lideran la defensa del páramo. Por una lado está la ciudadanía urbana que se manifiesta y, por el otro, los mineros, quienes afirman que de no ser por ellos, la minería ilegal liderada por grupos al margen de la ley ya habría acabado con parte del ecosistema. (Tanto el Comité cómo la firma de abogados que interpuso la tutela que llevó a que la anterior delimitación del páramo se cayera, prefirió no dar comentario para este artículo pues consideraban que su causa podría verse politizada)
El plantón protestaba entre otras cosas por se protegiera la totalidad del área del páramo, pues a pesar de que su área comprende 129.743 hectáreas, el Ministerio de Ambiente la dividió en tres siguiendo criterios socio ambientales: una zona de preservación de 98.994 hectáreas protegidas, una de restauración de 25.257 hectáreas y otra de 5.502 hectáreas destinadas a uso sostenible.
A escasos metros de esta última es donde la multinacional Minesa, que se define cómo “empresa minera colombiana” –pero de la que es dueña el fondo de inversión estatal de los Emiratos Árabes, Mubadala– planea desarrollar el proyecto “Soto Norte”, la mina subterránea de oro más grande de Colombia”
Al igual que con el proceso de redelimitación, que sentenciará la suerte de campesinos y de mineras que tienen títulos mineros en las diferentes zonas del páramo, (incluida la de restauración en la que según la delimitación de 2014 está permitida la actividad minera), la respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales frente a la solicitud de una licencia ambiental por parte de Minesa está aún por conocerse. Ya que su concesión se encuentra a tan solo a un poco más de cien metros del área delimitada cómo páramo, Minesa técnicamente no explotaría el páramo. Sin embargo, los efectos negativos de un eventual proyecto mega minero son múltiples. La integridad del páramo y el agua que de él se desprende, al igual que la de cualquier ecosistema, depende de su continuidad y su relación con ecosistemas vecinos como la zona de subpáramo.
Al día de hoy la minera ha recibido el espaldarazo del Centro Democrático y del Ministro de Minas y su discurso de minería bien hecha va de la mano con el expuesto por Duque durante su campaña.
El tiempo dirá, a más tardar el 11 de noviembre, si la línea de páramo baja o no, si Santurbán sigue sentando precedente en lo que respecta la delimitación de los páramos de Colombia, si el conflicto socio ambiental que vive la región tendrá pronta solución y si Minesa podría quedar habilitada hasta 2044 para extraer un estimado de 9 millones de onzas de oro.
Hasta entonces no se conocerá con certeza el futuro del páramos. Lo cierto es que aquí, en Vetas, frente a las televisores de las panaderías, los habitantes del municipio minero estaban muy alegres con el anuncio oficial de que Iván Duque sería el próximo presidente de Colombia. Aplaudían y festejaban. Uno de ellos, visiblemente entusiasmado, sentenciaba: “¡Eso si, Duque presidente! Ahora si se nos va a arreglar el caminado”.
