La lucha por la restitución de tierras y su resistencia al tráfico ilegal, tienen en la mira a los dirigentes de esta región.
En Urabá confluyen las virtudes y los problemas de tres departamentos del país: Antioquia, Córdoba y Chocó. Esta tierra, que durante años ha sido considerada la mejor esquina de América porque une el océano Pacífico con el Atlántico y conecta a Colombia con Panamá, es el motor de desarrollo del noroccidente del país, pero también el foco de disputa de varios actores armados.
Por allí han pasado el EPL, las Farc y varias estructuras paramilitares. En medio del conflicto, las comunidades negras y campesinas, y en menor medida las indígenas, se han organizado en asociaciones sindicales y juntas de acción comunal. “Las comunidades han construido una capacidad de liderazgo y participación en política muy fuerte”, dice Víctor Tobón, dirigente campesino de la zona y representante del movimiento Marcha Patriótica.
Este liderazgo ha hecho que, desde los tiempos de la Unión Patriótica (finales de los 80), los líderes sociales estén en la mira de los grupos armados. Sin embargo ahora, cuando el gobierno trata de implementar los acuerdos de paz firmados por las Farc, las tensiones vuelven a presentarse. En enero de este año, por ejemplo, fue asesinado Jose Yimer Cartagena, un reconocido líder de izquierda en Córdoba. Además, decenas de reclamantes de tierra son amenazados y amedrentados en esta nueva coyuntura.
Los panfletos que llegan a Apartadó, Carepa, Turbo y otros municipios de Urabá están firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos también como el Clan del Golfo o los Urabeños. Este grupo, según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), intentan retomar las “redes de poder político y económico” que tenían los paramilitares en los años noventa.
¡Pacifista! se ha encargado de reportar cada uno de los líderes asesinados desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, pero ahora queremos responder a la pregunta de por qué los están matando. En esta segunda entrega, intentaremos desentrañar las causas reales por las que los dirigentes campesinos de Urabá pueden ser las primeras víctimas del posconflicto.
1. Guerra política por las circunscripciones de Paz
El acuerdo entre el gobierno y las Farc creó 16 Circunscripciones Especiales de Paz para “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, y cada una de ellas tendrá un asiento en la Cámara de Representantes durante dos periodos electorales. La primera de estas circunscripciones, según un documento del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “cobija los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, en los municipios de Acandí, Apartadó, Carepa, Carmen del Darién, Chigorodó, Necoclí, Mutatá, San Pedro de Urabá, Riosucio, Turbo, Unguía, Montelíbano, San José de Uré, Valencia, Puerto Libertador, Tierralta”. Esto a supuesto una serie de disputas políticas en esta región que han derivado en amenazas.
Las asociaciones campesinas, los reclamantes de tierra y los consejos comunitarios de Urabá, por supuesto, aspiran a ocupar estos escaños. Sin embargo, según Diego Herrera, presidente del IPC eso significa “un riesgo para el proyecto paramilitar, que no se ha acabado y que tiene también un espacio político”.
Por eso, según Tobón, “cada vez que un líder alza la cabeza y la voz, lo matan”. Eso habría sucedido con Yimer Cartagena, el vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú, asesinado en Carepa (Antioquia) en enero de este año.
2. La restitución de tierras
Según cifras del IPC, en Urabá habrían despojado entre 150.000 y 170.000 hectáreas de tierra. Territorios como Jiguamiandó, Curbaradó, La larga y San José de Apartadó sufrieron durante la década del noventa “el avance del proyecto paramilitar, ligado a la planeación o ejecución de grandes proyectos de desarrollo”, según el informe Justicia y Paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, del Centro de Memoria Histórica.
Esta “política criminal”, de la que habla Memoria Histórica generó también procesos de “organización social muy fuerte de campesinos despojados, para reclamar el derecho a la tierra que tienen”, según Herrera. Esta reivindicación “los pone en alto riesgo” frente a los responsables del robo de tierras que querrían mantener impunes sus prácticas, concluye.
De acuerdo con el Cinep, en el despojo de tierras confluyen la “presencia diferenciada del Estado, empresarios o testaferros y actores armados”. Según cifras de Marcha Patriótica, desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz ( 1 de diciembre de 2016) han asesinado a un reclamante de tierras en Urabá. Sin embargo, la cifra de amenazados es mucho mayor y se cuenta por decenas.
3. Presencia “real” del Clan del Golfo
Hace 20 años, tres familias se juntaron en un terreno de Apartadó (Antioquia) y decidieron negarle la entrada a todos los actores armados, legales o ilegales. Desde entonces, se han convertido en el mecanismo de resistencia civil a la guerra más emblemático del país y esto también los puso en la mira de los violentos.
Desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz, el padre Javier Giraldo, que ha acompañado históricamente a la Comunidad de Paz, ha denunciado la presencia de actores armados en el territorio y hace poco, durante un debate en el Congreso de la República, un líder local dijo que las AGC “construyeron un campamento y una carretera” en ese lugar y que “han llegado a veredas donde nunca habían aparecido”. El líder pidió no dar su nombre.
El coronel Luis Soler, comandante de policía de Urabá, reconoció a ¡Pacifista! que “existen muchas denuncias” por presuntas violaciones de Derechos Humanos en ese territorio. También dijo que la presencia en esa región del Clan del Golfo, como le dicen las autoridades a las AGC, es “histórica” y “real”.
4. Ausencia de fuerza pública
Los actores armados ilegales están copando los territorios que dejó las Farc cuando empezó su proceso de concentración. Esta es una constante a nivel nacional que, por supuesto, se refleja en Urabá.
Según el informe Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del pueblo, publicado a finales de marzo de 2017, “El ingreso de los presuntos miembros de las AGC a la zona abandonada por los Frentes 5, 58 y 18 de las FARC-EP en el municipio de Tierralta se produjo por las veredas limítrofes con los municipios de Montelíbano (Córdoba), Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia”.
El documento dice que esa presencia armada comenzó “desde el 7 de septiembre de 2016” y ahora es claro después de la retirada de la guerrilla, el Estado no ha logrado llevar su autoridad a estos territorios.
La toma por parte de ‘nuevos’ grupos armados, según el representante de Marcha Patriótica en Urabá, tiene que ver con la “posibilidad de que los paramilitares hagan incidencia política para mantener su proyecto”. Los líderes sociales representan una amenaza latente para los actores armados ilegales.
5. Urabá es un corredor estratégico
Según investigadores del Cinep y el IPC, la presencia de actores como las AGC en Urabá tiene varios objetivos específicos, pero uno en especial: controlar el corredor, o sea el territorio y todo lo que se mueve en él. Desde hace décadas, por Urabá se ha traficado con cocaína, recursos naturales y hasta personas.
“Estos actores necesitan que se mantenga el tema de la comercialización de actividades ilícitas”, señala Herrera. “La gran cantidad de dinero que arrojan estos delitos van a perpetuar el conflicto allí”, dice Tobón. Cualquier resistencia a este proyecto, venga desde las iniciativas de sustitución de cultivos o resistencia a actividades extractivas pone en riesgo a los líderes.
Según miembros de Marcha Patriótica en la región, Yimer Cartagena era un activista por los planes de sustitución de cultivos ilícitos en el marco del acuerdo de paz. Ellos denuncian que lo mataron por ese trabajo político.
