Aunque las cifras oficiales son confusas, en los últimos treinta años, las mujeres representan 1 de cada 8 casos de desaparición forzada. En 2014, de 162 casos reportados, 50 eran mujeres: es decir, casi 1 de cada 3.
Por: Juan José Toro
Las hermanas Galárraga fueron desaparecidas por paramilitares del Bloque Sur en Putumayo en la noche de año nuevo de 2001. Yenny, Nelsy, Mónica y María Nelly, todas niñas entre 13 y 19 años, dos de ellas gemelas, habían tenido que abandonar su hogar meses antes porque las acusaron de tener relaciones con guerrilleros. Aunque los paramilitares las dejaron volver para celebrar el fin de año en familia, no había pasado un día de su llegada cuando entraron a su casa y se las llevaron en una camioneta.
La mamá y la hermana mayor de las cuatro las buscaron con angustia durante los primeros días. Al principio, uno de los hombres al mando dijo que las devolverían, pero en el pueblo empezó a correr el rumor de que las habían matado. La familia Galárraga tuvo que atravesar casi diez años entre esperanza y miedo, hasta que en 2010 una confesión de Justicia y Paz condujo a los restos de los cuerpos. Habían sido violadas y desmembradas.
Las hermanas Galárraga son solo cuatro de las 44.841 víctimas de desaparición forzada que cuenta el Registro Único de Víctimas en Colombia en los últimos treinta años. De ellas, 5.121 son mujeres. La distinción, que en muchos casos no pasa de ser una estadística, va más allá.
Para Andrea Torres, investigadora de la Fundación Nydia Erika Bautista, una ONG dedicada a luchar contra la desaparición forzada, una de las diferencias clave aparece cuando los casos vienen ligados a violaciones. Aunque también hay violaciones contra hombres, esta ha sido una práctica sistemática de violencia de género.
En Colombia no se ha tenido una perspectiva lo suficientemente compleja como para dar un enfoque diferencial a los casos de mujeres. Por ejemplo, en la entrega de los restos y la ropa de las víctimas no se tiene en cuenta si la víctima sufrió una violación o a las diferencias de impacto que tienen los casos entre hombres y mujeres. Aún más, entre las autoridades todavía hay un estigma, entre muchos, que lleva a creer que la mujer abusada y desaparecida “se lo buscó”.
Según los datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, la mayoría de mujeres desaparecidas tenía entre 13 y 39 años, y más de un 10% del total de los casos eran niñas entre 12 y 17 años. En los últimos treinta años, las mujeres representan 1 de cada 8 casos de desaparición forzada, pero en 2014, de 162 casos reportados, 50 eran mujeres: es decir, casi 1 de cada 3.
Las cifras de desaparición en Colombia en general son confusas. No hay cifras oficiales unificadas. Para el Registro Nacional de Desaparecidos, por ejemplo, no son 5.121 en treinta años sino 2.312 en casi cincuenta años. Además hacen una división entre desaparición forzada y desaparición sin información. La cantidad de desaparecidas sin información, entre 2000 y 2013, es de 19.659.
Una de las causas puede ser el subregistro. Al que se le han dado dos explicaciones: el temor a las amenazas y la negligencia del aparato judicial. En casos como el de las hermanas Galárraga, donde la familia termina amenazada y desplazada, los hechos no alcanzan a llegar a una denuncia por miedo a las represalias. Muchas veces, en poblaciones rurales, ni siquiera saben cómo proceder y prefieren dejar las cosas como estaban y asumir el dolor en silencio.
La otra explicación surge a partir de la queja de particulares y organizaciones civiles que le piden al Estado asumir su responsabilidad. Muchos casos de desaparición forzada salpican a miembros del Ejército, de la Policía u otra agencia estatal y surgen trabas en el proceso que a veces terminan en impunidad. Además, algunas víctimas sienten que hay mayor negligencia cuando se trata de mujeres y que se subestiman sus denuncias en comparación a las de hombres.
En casos de desaparición forzada, incluyendo hombres y mujeres, la Fiscalía revela un desalentador 93% de impunidad. Muchos procesos prescriben o se estancan. Pero además de ese lastre, las mujeres tienen que cargar con el señalamiento de género o con la omisión de sus particularidades. Quienes pelean activamente contra este delito piden que se les reconozcan sus derechos y que se entienda su complejidad. Ahora que el país habla de víctimas y reparación, las mujeres piden ser parte de la conversación.
