Como pocas veces sucede, un empresario minero y un ecologista se pusieron de acuerdo para salvar en Antioquia a 80 especies de aves, 70 quebradas y 140 especies de árboles nativos y de mamíferos como el puma y el oso de anteojos. ¿Cómo lo lograron?
Por: Esteban Montaño
Rodrigo Castaño sintió miedo el día de noviembre de 2013 en que le contaron que había unos hombres recogiendo muestras de suelo en los predios de la Fundación Guanacas. Castaño ya sabía que en Santa Rosa de Osos (Antioquia) estaba trabajando una empresa minera, pero nunca se imaginó que tuvieran la intención de realizar esa actividad en el lugar que él mismo había convertido en un santuario para la vida.
Este sicólogo y filósofo de la Universidad de Antioquia ha dedicado los últimos 25 años de su vida a conservar las 900 hectáreas que heredó de su familia materna en el Cerro San Jorge, ubicado en la vereda Guanacas de Santa Rosa de Osos, un municipio ubicado a 65 kilómetros al norte de Medellín. Se trata de una zona en la que abundan los bosques de niebla, esos complejos ecosistemas que son capaces de transformar la bruma del ambiente en agua que beneficia a los habitantes de toda la región.
Corantioquia calcula que allí nacen más de 70 quebradas que abastecen al río Guadalupe, el cual surte los acueductos de Santa Rosa y de varios municipios del Valle de Aburrá. El agua que produce esta estrella hídrica también es utilizada para la producción de energía en las centrales hidroeléctricas de Porce 2 y 3, Troneras y Miraflores. Por si fuera poco, este territorio es el hábitat de 80 especies de aves, de 140 árboles nativos y de mamíferos como el puma y el oso de anteojos.
Debido a su importancia y su riqueza, Castaño creó allí la Fundación Guanacas, un espacio de conservación en el que están prohibidas todas las prácticas económicas que puedan poner en riesgo su existencia. El problema es que sobre ese mismo territorio fue otorgado en 2010 un título minero que le permite a la empresa canadiense Red Eagle explorar y explotar los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo.
Y como se sabe, la minería es una actividad de utilidad pública e interés social que prevalece sobre cualquier otro tipo de ordenamiento del territorio. Este es el origen de múltiples disputas, hasta el punto de que según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el lugar de América Latina con el mayor número de conflictos socioambientales causados por la implementación de actividades minero-energéticas en diversos lugares del país.
Por eso cuando Castaño se enteró de que unos hombres de la empresa habían estado explorando en sus predios sintió que su labor de tantos años iba a ser tirada a la basura. “Yo ya me imaginaba filas de gente sacando tierra y lavándola en las quebradas. Esto se convertía en Marmato o en Caucasia, mejor dicho, era la hora llegada como decimos los paisas”, recuerda Castaño.
Pronto el miedo se transformó en indignación, y desde ese momento se convirtió en uno de los principales opositores contra la minería en Santa Rosa de Osos. Y este hubiera sido el comienzo de un largo conflicto entre la empresa y la sociedad, pero sucedió algo muy poco común en este país. A principios de 2014, el Concejo Municipal convocó una audiencia pública para tratar el tema de la exploración en el Cerro San Jorge. Allí estuvieron Rodrigo Castaño y también Rafael Silva, el gerente de Red Eagle en Santa Rosa de Osos.
“Yo estaba muy molesto y como uno no conoce a la gente y llega prevenido a esos encuentros, el gerente me cayó mal desde el principio”, recuerda Castaño. Luego reconoce que lo sorprendió que al final de la reunión, Silva se le acercó y le pidió que se sentaran a conversar porque ellos también tenían unas propuestas para solucionar ese inconveniente. “Ese gesto me desarmó de inmediato y desde entonces comenzó un diálogo franco y directo que se ha mantenido hasta este momento”, dice Castaño.
Ese día acordaron ir juntos a los terrenos de la Fundación Guanacas para que Silva pudiera conocer de primera mano las razones por las que Castaño consideraba que hacer minería en esa zona era un gran error ambiental. “Solo bastó una visita para darnos cuenta de que en esa zona no se podía hacer minería de ninguna índole. Red Eagle tiene muy claro que hay sitios en lo que es posible extraer minerales y también hay lugares en los que definitivamente no se puede. El cerro San Jorge es uno de ellos”, explica Rafael Silva.
Esta no es la primera vez que esta empresa se deshace de títulos mineros para evitar conflictos con las comunidades circundantes. En 2010, por ejemplo, renunció a los que tenía en una zona del Paisaje Cultural Cafetero porque sabía que se trata de un lugar declarado patrimonio de la humanidad en el que cualquier intento de intervención iba a ser rechazado de inmediato por miles de personas.
En el caso de Santa Rosa de Osos, el paso siguiente fue convencer a la junta directiva de que había que devolver ese título y buscar la manera de blindar la zona para que no existiera el riesgo de que más adelante llegara otra empresa a tratar de explotarla. “Recuerdo que una asesora nos dijo que lo más fácil era renunciar a eso y quitarnos ese problema de encima de una vez, pero el compromiso que asumimos con la comunidad fue el de tener esos títulos en nuestro poder hasta encontrar una salida jurídica para proteger esos ecosistemas de la minería”, dice Silva.
Hasta el momento esa solución no ha aparecido, entre otras porque en la legislación colombiana no existe la fórmula para devolver terrenos con potencial minero y convertirlos en lugares de protección ecológica. Sin embargo, Silva reconoce que esta decisión empresarial fue fundamental para que la Red Eagle pudiera obtener el permiso de la comunidad para desarrollar otro proyecto de explotación de oro en una zona menos frágil en términos ambientales.
A partir de agosto de este año, en la vereda San Ramón de Santa Rosa de Osos comenzará la construcción de una mina de la que se extraerán 500 mil onzas de oro durante los próximos diez años. El propio Rodrigo Castaño, que hasta antes de la llegada de la minera se consideraba un conservacionista a ultranza, apoya el proyecto porque después de la devolución de los títulos ha empezado a confiar en la empresa y en su compromiso de mitigar todos los impactos causados.
Más allá del desenlace de esta historia, no hay duda de que el caso de Castaño y Silva se convierte en un ejemplo atípico en un país en el que la violencia ha desplazado el diálogo y la escucha entre adversarios. Cuando un conservacionista como Castaño acepta que puede haber minería en ciertas condiciones y un minero como Silva entiende que su actividad no se puede hacer en todas partes, se rompen los estereotipos y queda la esperanza de que los colombianos no estamos condenados a permanecer eternamente separados por distancias insalvables.
