“Campo con progreso” pero sin campesinos: el Plan de Desarrollo de Duque | ¡PACIFISTA!
“Campo con progreso” pero sin campesinos: el Plan de Desarrollo de Duque Fotomontaje por: Lady Chaparro
Leer

“Campo con progreso” pero sin campesinos: el Plan de Desarrollo de Duque

Colaborador ¡Pacifista! - Mayo 29, 2019

ANÁLISIS | La apuesta de desarrollo está centrada en la inversión de industrias que generen materias primas de exportación. Los pobladores rurales, campesinos, indígenas y negros, no son parte de ella.

Compartir

Por: Jhenifer Mojica Flórez*

Estamos ante un nuevo afán por lograr el desarrollo de empresas en el territorio rural colombiano, asegurándoles de cualquier forma la seguridad jurídica en sus propiedades. Esto se ve en: la apuesta ambiciosa de metas de formalización de la propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); la audiencia adelantada por la Corte Constitucional el pasado 7 de febrero, a propósito de las múltiples tutelas presentadas y promovidas por la ANT frente a decisiones de jueces de Boyacá que, aplicando la Constitución y la ley agraria, problematizaron la prescripción baldíos en procesos de pertenencia, saneamiento y formalización; el proyecto de ley que pretende reformar la legislación agraria para dar seguridad jurídica a las inversiones, saneando todo tipo de ilegalidades y que se dice será retomado en el Congreso una vez comiencen las sesiones ordinarias; la reforma a la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras), radicada por el Centro Democrático para poner fin a la restitución, limpiando el nombre de los despojadores y opositores bajo la fachada de “ocupantes secundarios”, eliminando el deber de la buena fe exenta de culpa de los particulares y cambiando la restitución por compensación, como la manera efectiva de dejar las cosas como están cambiándoles a las víctimas el derecho a retornar y permanecer en sus tierras por el pago de una indemnización. Las propuestas en el PND para sanear la propiedad al interior de áreas de reserva forestal y por agilizar la conformación del catastro rural haciendo de esto un servicio privatizado, son muestra de este objetivo.

La apuesta del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia agraria del gobierno Duque está centrada en tres elementos fundamentales: la regularización de la propiedad, el ordenamiento productivo y, los clústeres y cadenas de valor. Toda gira en torno a una única apuesta de desarrollo centrada en la inversión de industrias que generen materias primas de exportación (agroindustria, forestales y minero energéticas). Los pobladores rurales, campesinos, indígenas y negros, no son parte de esta apuesta de desarrollo. Aquí les contamos cuáles son los peores puntos del PND para el campo.

Control territorial militar
Se retoma la propuesta del antiguo programa de consolidación territorial, esta vez denominado “estabilización”, mediante el cual el control de los territorios es ejercido a través de las fuerzas armadas militares mediante la ejecución de planes, programas e inversiones sociales. La propuesta establece una relación directa entre seguridad y desarrollo, bajo este esquema quedan supeditados los PEDET. Los riesgos son altos para las poblaciones: la planeación y ejecución de políticas públicas reducidas a la seguridad, implica una mayor presencia de miembros de la fuerza pública -una de las partes del conflicto armado- en los territorios; la militarización, los operativos de erradicación de cultivos de uso ilícito y las acciones cívico-militares y de control poblacional que caracterizan la política de consolidación territorial, exponen a las poblaciones a ser estigmatizadas, perseguidas y constreñidas.

Modelo agrario extractivista
En el capítulo “Campo con progreso” se reitera a Colombia como un país exportador de materias primas, centrado en los monocultivos para la agro exportación, producción forestal, e intensificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES). También se pretende incentivar empresas que den otros usos a los territorios rurales como el turismo y la minería, cambiando la vocación de los suelos rurales, restando toda importancia a la agricultura.

“Campo con progreso” pero sin campesinos
Esta versión del PND tiene un enfoque anticampesino que no reconoce el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural; anula la agricultura campesina, descarta avances que a la luz de la implementación del acuerdo de paz se debían hacer respecto a la economía campesina, economía del cuidado y seguridad alimentaria. Este modelo de desarrollo agrario centra su estrategia en la inversión privada, la cual hay que facilitar con procesos de saneamiento de propiedad eficientes y bienes públicos hechos a medida del cliente, ya que es la industria privada la que puede generar oportunidades para los pequeños productores; sólo reconoce a los campesinos si se incorporan en la cadena productiva, cediendo sus tierras o adhiriéndose a las empresas agroindustriales mediante el criticado sistema de alianzas.

Amnistía o regularización de la propiedad
“Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten el desarrollo agropecuario y la inclusión productiva y la seguridad jurídica” es el objetivo trazado en el pacto por el campo. Los mecanismos previstos por el PND para la regularización de la propiedad son el saneamiento y el catastro privado. Estas medidas están orientadas a dar legalidad a las situaciones irregulares e ilegales que se presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para generar la confianza inversionista que demanda la inversión privada en los grandes proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura que se quieren consolidar en los territorios.

En el país hay un desorden de la información catastral y de registro de los predios que ha conllevado a una inestabilidad jurídica en los registros inmobiliarios, nunca se hizo una reforma agraria, y la informalidad en la tenencia de la tierra asciende al 60% de los predios registrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. La falta de un catastro multipropósito y la debilidad de la institucionalidad agraria que incumple sus funciones de regulador de la propiedad de la tierra y de los baldíos, alimentan este caos. Sin duda estamos ante la inseguridad jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra tan temida por los inversionistas, por el Gobierno y por los promotores de los negocios. La solución del PND es privatizar la función catastral, para que empresas privadas al servicio de intereses privados y sustraídos de controles disciplinarios, fiscales y penales, constituyan, organicen, creen y administren el catastro rural.

Desprotección de los recursos naturales
No se implementan medidas adecuadas para superar los conflictos socio ambientales sobre el territorio. Por el contrario, se profundiza la agenda minero energética respecto a la cual se facilitan los trámites de licenciamiento ambiental y mayores concesiones frente a la renta minera. Respecto a la zonificación ambiental requerida para superar los problemas de uso y ocupación de tierras al interior de reservas forestales se proyecta habilitar el uso de estas reservas para la explotación del bosque, esto es, el impulso de la industria forestal.

Incumplimiento del acuerdo agrario de paz
Colombia, antes de dar rienda suelta a la agroindustria exportadora, necesita primero cumplir con la función social y ecológica de la propiedad (artículo 64 constitucional), garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de comunidades rurales campesinas y étnicas para mejorar su calidad de vida, restituir las tierras despojadas por el conflicto armado a las víctimas, facilitar la sustitución de cultivos de uso ilícito mediante la adjudicación de tierras a favor de las comunidades que deciden hacer una transición hacia economías lícitas, viabilizar la reincorporación social y productiva de los excombatientes de Farc que son de origen y vocación campesina, y recuperar los baldíos que han sido usurpados e indebidamente apropiados por particulares para su redistribución. Nada de esto fue contemplado en el PND.

*Jhenifer es la Subdirectora de litigio y protección jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas

Este texto forma parte de una iniciativa de académicos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá , Centro de estudios territorio y ciudad, Cedetrabajo y comisión colombiana de Juristas. Para ver más contenidos haga clic aquí.