Por Lina Gabriela Cortés
A pocos días de las elecciones presidenciales en el país, Pacifista hace un recorrido por las propuestas ambientales de cuatro candidatos y las opiniones de expertos ambientales en cinco preguntas sobre los siguientes temas: tipo de transición energética, agua, deforestación, extracción y liderazgos ambientales.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, en 2021 fueron asesinados 56 líderes ambientales en el país. El informe semestral enero-junio de 2021 del Programa Somos Defensores registró 524 hechos violentos contra defensores ambientales. Y el Ministerio de Ambiente indicó que para finales de 2021 se registró una pérdida de 42.600 hectáreas de bosque.
Ante este panorama y en sintonía con los debates globales, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández proponen una transición energética, pero ¿en qué consiste la transición?
Si bien el concepto de “transición” corresponde con la nueva narrativa de políticas ambientales en el mundo, las concepciones que existen del término son diferentes, se encuentran en disputa y no necesariamente son justas. Se habla de “transiciones corporativas”, que son las transiciones más comunes hoy en día, dominadas por el mercado y lideradas por los países más ricos. Existen “transiciones” ligadas a los “pactos verdes” y “ecológicos” que nacen desde los países del norte global y favorecen principalmente a estos países, sin transformar las relaciones desiguales con los países del sur global. Y, también, existen “transiciones” desde el sur global que tiene retos complejos a superar, como la desigualdad estructural, sin aprobar proyectos de exploración, deforestación y explotación en el territorio.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las transiciones energéticas que proponen los candidatos? ¿Y cuáles son las acciones que se deben realizar según expertos y líderes ambientales? En cinco puntos, hablamos de las diferencias en las agendas ambientales de los candidatos:
- ¿De qué forma proponen la transición energética?
Gustavo Petro: propone una transición de economías minero-energéticas a economías productivas que dejen de depender exclusivamente del modelo extractivista en un periodo de 10 a 15 años. Propone democratizar el uso de energías limpias movidas por el sol, el agua y el viento; ordenar la vida alrededor del agua, es decir, el agua como bien común y derecho fundamental. Además, promueve un frente americano —refiriéndose a América Latina— de lucha contra el cambio climático que restaure y revitalice la selva amazónica, y pretende ratificar el Acuerdo de Escazú.
Federico Gutiérrez: propone el desarrollo de una economía verde que genere riqueza al país y que incluye continuar la producción minero-energética, de gas natural, y los proyectos de fracking, además de la exploración de nuevos yacimientos de petróleo. Así, impulsar la economía circular. Además, propone el control de la deforestación con la recuperación de 400.000 hectáreas de bosque, darle continuidad a la Operación Artemisa. Y aunque no se refiere al Acuerdo de Escazú, en diferentes eventos y debates se ha negado a ratificar el acuerdo.
Sergio Fajardo: propone impulsar transiciones energéticas seguras a economías verdes y bajas en carbono. Esto implica una transición de las comunidades que dependen de la industria de los combustibles fósiles (Ej: Boyacá, Guajira, Cesar, Meta) con nuevas oportunidades de desarrollo. Además, propone el control de la deforestación con la recuperación de 1.000.000 de hectáreas de bosque. Y pretende ratificar el Acuerdo de Escazú.
Rodolfo Hernández: propone lograr un equilibrio en la explotación que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social y sirva para planificar una transición hacia la producción de otras formas de energía limpia y así se mejoren las prácticas en la explotación de los recursos mineros. Y pretende ratificar el Acuerdo de Escazú.
- ¿Sí o no continuar con los proyectos minero-energéticos?
Gustavo Petro: propone que cese la contratación de exploración de petróleo en Colombia, prohíbe la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detiene los proyectos piloto de fracking. No otorgará licencias ambientales a proyectos de minería a cielo abierto, y propone proteger la minería ancestral y reformar el código de minas.
Federico Gutiérrez: propone continuar con los proyectos de fracking y aprobar los proyectos de exploración y explotación minera. Conformar la Comisión de Regulación del Carbono. Además, construir Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Empresariales para fomentar el sector minero, energético y de hidrocarburos, así impulsar prácticas sostenibles bajas en carbono
Sergio Fajardo: propone que la extracción de petróleo continúe, pero que los recursos que salen de esta explotación generen una transición segura para alcanzar la universalización de la energía. Propone realizar un gran diálogo nacional minero-energético con el propósito de superar el conflicto de este sector.
Rodolfo Hernández: Diseñar políticas responsables en el uso de los recursos no renovables, a través de alternativas energéticas (solar, eólica, undimotriz, vapor del magma), que en el largo plazo elimine la dependencia de la industria extractiva fósil. Pero propone realizar pilotos de fracking, los que debe llevar a cabo Ecopetrol con el fin de evaluar a la luz de estudios científicos, las posibilidades de estos proyectos y los daños colaterales.
Qué dicen quienes saben del tema:
Mayerly López, lideresa ambiental de Santander, Corporación Corambiente: Asegura que es necesario replantear los proyectos de megaminería en curso como el del Cerrejón por los pasivos ambientales que dejan las empresas, pues en el país no existe una ley que regule la responsabilidad de las empresas una vez abandonan el territorio. También asegura que no se deben aprobar las licencias ambientales como la de Minería en Santurbán o la AngloGold Ashanti en Cajamarca, porque son proyectos que amenazan las cuencas abastecedoras. Considera que es necesario garantizar el derecho al agua potable como derecho humano fundamental.
Sebastián Gómez, investigador asociado de Cealdes, Centro de Alternativas al Desarrollo: dice que es necesario comprender que hay proyectos minero-energéticos que están en curso y hay que evaluar la pertinencia de continuar o alargar algunos de esos proyectos por los compromisos contractuales que el Estado ha adquirido. En muchos casos, interrumpir estos proyectos sería muy costoso para el Estado.
Por otro lado, considera que el énfasis en los últimos 20 años ha sido el de proyectos extractivos de corte minero-energético, especialmente desde los primeros años del 2000. Esto ha traído profundos riesgos ambientales —ejemplo: en estos momentos las reservas de gas y petróleo son estimadas para 7 años— que se acentúan cuando dinámicas internacionales promueven la profundización del modelo, como es el caso de las nuevas demandas de carbón para la producción de acero en China, o las nuevas demandas de carbón para la producción minero-energética en Alemania. Por lo tanto, considera que hay que cambiar el enfoque de captación de rentas distintas a las que provee el sector minero-energético, por el riesgo ambiental y social que esto significa.
- ¿Qué hacer frente a la deforestación de los bosques?
Gustavo Petro: propone construir un gran pacto nacional de trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía y el corredor biogeográfico del Pacífico. Esto implica impulsar el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque. Estos acuerdos pretenden erradicar la deforestación —revitalizar 200 hectáreas— para lo cual se detendrá la apropiación ilegal de predios, el narcotráfico y la minería, especialmente en zonas de frontera agraria.
Federico Gutiérrez: propone reducir la deforestación en 54.000 hectáreas al final del cuatrienio, principalmente en la Amazonía para cumplir con el reto de cero deforestación para 2030, para ello pretende combatir primero la deforestación ilegal. Plantea la siembra de 200 millones de árboles, la restauración ecológica de 400.000 hectáreas y el aumento en otras 200.000 hectáreas como áreas protegidas, en las que promueve la integración al mercado global de pago por servicios ambientales para generar ingresos a las comunidades campesinas e indígenas. Además, dará protagonismo al Pacto por la Madera Legal con todos los actores de la cadena productiva de la madera que la usan como insumo.
Sergio Fajardo: tiene como punto central de su agenda ambiental la reducción de la deforestación de los bosques del país, para ello plantea la reducción de la deforestación en al menos 50 por ciento para 2026. Además, plantea restaurar un millón de hectáreas de bosque en cuatro años. Fajardo considera que es necesaria una mirada integral de las entidades sobre el tema de la deforestación y para ello pretende seguir la huella del dinero que se usa para explotar y acabar con los bosques y así atacar a los culpables reales.
Rodolfo Hernández: propone un plan de protección especial de la Amazonía colombiana en zonas ricas de biodiversidad afectadas por la deforestación, así mismo brindar una renta básica para quienes trabajan en la protección de los bosques para evitar la deforestación.
Qué dicen quienes saben del tema:
Mayerly López, lideresa ambiental de Santander, Corporación Corambiente: Comenta que hasta ahora la reacción gubernamental frente al tema de la deforestación es represiva y no preventiva, esto empobrece más a los campesinos, mientras que los financiadores de la deforestación no tienen castigo alguno. Considera que es necesaria la presencia integral del Estado a través de formalización de tierras, ordenamiento territorial y que a los campesinos que históricamente han habitado estos territorios se les deben garantizar oportunidades, como una especie de guardabosques, para que ellos puedan proteger el territorio. Debe haber una política de monitoreo y acciones de prevención. En estos momentos no se hace un monitoreo en tiempo real, las cifras salen dos o tres meses después.
Sebastián Gómez, investigador del Centro de Alternativas al Desarrollo: explica el problema desde las causas económicas, políticas y sociales, y considera que para transformar el tema de la deforestación es necesario transformar tres puntos cruciales, que son:
- Transformar la forma en la que se entiende el valor y la agregación de valor de los sistemas productivos de la Amazonía, hasta ahora el valor ha estado concentrado en la transformación de los bosques en sistemas productivos de corte agrícola, es necesario ver valor en los bosques en pie.
- Transformarse las políticas del Estado frente a los bosques. Ahora mismo existe una campaña militar (la Operación Artemisa) que se encuentra descontextualizada de la región Amazonía. Hay que cambiar el enfoque de esas políticas y pensar cómo pasamos de estrategias coercitivas a estrategias que agreguen valor a los productos que provengan del bosque y que le resten valor a la ganadería y a la coca. Además, hay que crear políticas militares que estén enfocadas en los principales actores de la deforestación y no en el campesinado o en los eslabones más débiles.
- Generar una actualización de la información sobre las tierras, el catastro predial de la Amazonía, y generar estrategias más fuertes de apropiación comunitaria de los bosques, saber en qué estado está la tierra y cómo formalizar propiedad donde se puede, y formalizar acuerdos de conservación en toda la región para reubicar personas.
- ¿Sobre los ríos, el agua, y los manglares, qué propuestas existen para cuidar y conservar el agua?
Gustavo Petro: propone garantizar el agua como derecho fundamental y acceso común universal. Pretenden proteger todos los complejos acuíferos, páramos, cuencas abastecedoras, armonizar mares y costas, recuperando y protegiendo territorios acuíferos para la vida. Reconoce la importancia de la diversidad biológica y cultural. Defiende los ecosistemas marinos y las áreas insulares. Apoyará la pesca artesanal y rehabilitará la navegabilidad y la infraestructura fluvial para fortalecer la productividad nacional, la actividad turística y el desarrollo socioeconómico. Democratizar el acceso y uso del agua.
Federico Gutiérrez: menciona la necesidad de proteger el agua desde su nacimiento con acciones de conservación en 12 cuencas abastecedoras de acueductos y con la declaración de humedales estratégicos bajo alguna figura de protección. Esto se llevará a cabo masificando el esquema de pago por servicios ambientales. Además, asegura que dará acceso a 1.5 millones de personas al servicio de agua potable y a 1 millón de personas al alcantarillado y la recolección de residuos sólidos.
Sergio Fajardo: propone proteger las fuentes de agua dando especial énfasis en la restauración de páramos, generar incentivos económicos al uso eficiente y recuperación del ecosistema acuático como: tasas de uso del agua o pagos por trabajo de recuperación de ecosistemas, y recuperar de forma integral las macrocuencas como la del Río Magdalena. Además, propone el desarrollo azul del país, fortaleciendo medidas de manejo conservación y uso sostenible de los océanos como ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático.
Rodolfo Hernández: propone actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial, adecuándolos para hacer efectiva la protección del agua e incluir políticas de energía limpia y sustentable.
Qué dicen quienes saben del tema:
Mayerly López, lideresa ambiental de Santander, Corporación Corambiente: asegura que la protección integral de los páramos es clave en la defensa ambiental y específicamente en la defensa por el agua. También que es muy importante garantizar el derecho al agua como un derecho fundamental para quienes habiten en Colombia y eso quiere decir que todas las personas tendrían derecho al agua potable.
Sebastián Gómez, investigador del Centro de Alternativas al Desarrollo: considera que es necesario identificar los usos fundamentales —consumo en los hogares— y los usos más complicados —usos industriales: grandes cantidades de agua en proyectos de minería— que tiene este bien común al interior del país. Propone que debe haber dos estrategias diferentes.
Por un lado, entender que estamos en una crisis climática en el mundo y en una vulnerabilidad hídrica muy grande en el país (tenemos ecosistemas vulnerables al estrés climático como los páramos), debido a la dependencia de nuestro sistema energético que proviene de las hidroeléctricas. Ejemplos como el río Cauca o lo que ha pasado históricamente en muchas represas del río Magdalena, donde los impactos ambientales como consecuencia de los proyectos de energías hidroeléctricas son devastadores. Por otro lado, es indispensable contemplar el agua como un derecho fundamental, pero si se quiere una reforma hídrica en el país, es necesario empezar a racionalizar.
- ¿Cómo vincular a las comunidades con las propuestas planteadas, especialmente recordando que Colombia es el país donde más matan líderes sociales ambientales en el mundo?
Gustavo Petro: propone la participación activa de las comunidades en las decisiones de sus territorios, respetando relaciones ecológicas y culturales que integren a las ciudades con el campo y la autonomía de los municipios en las decisiones de carácter regional; así se respetarán las consultas previas y las consultas populares. Además, promueve la agroecología y la prohibición de sustancias de alto impacto que atenten contra la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad, es decir no habrá aspersiones aéreas con cualquier tipo de sustancia.
Federico Gutiérrez: habla de la creación de una Ley de Consulta que contribuya a la protección de diferentes grupos étnicos y que permita la ejecución de proyectos vitales sin dilatación.
Sergio Fajardo: propone que el Consejo Nacional Ambiental sesione una vez cada semestre, su misión será de asesoría y acompañamiento al gobierno en la formulación e implementación de las políticas nacionales ambientales. Además, institucionalizar el encuentro anual del SINA, en el que además de las entidades públicas, toda la población civil interesada en el medio ambiente tenga garantías y pueda participar. Y que el Ministerio de Ambiente lidere un proceso de políticas públicas con fuerte participación social; es decir, propone que la sociedad civil tenga voz y voto en el Fondo Nacional Ambiental.
Rodolfo Hernández: propone reformar el Sistema General de Regalías para que las regiones reciban más recursos, así como garantizar una inversión eficiente y transparente de los mismos. También habla de fortalecer las autoridades ambientales, para que realmente puedan ejercer sus funciones con autoridades y seguridad, y así judicializar a criminales de minería y deforestación.
Qué dicen quienes saben del tema:
Mayerly López, lideresa ambiental de Santander, Corporación Corambiente: considera que es necesaria la protección de los líderes ambientales porque ellos son la garantía para la protección de los ecosistemas; cree que la mejor herramienta para la protección de los territorios es la movilización social, que además de fortalecer la democracia fomenta la participación ambiental. Por lo tanto, asegura que se deben garantizar derechos de participación para todos los liderazgos y para los liderazgos de las mujeres en particular.
Sebastián Gómez, investigador del Centro de Alternativas al Desarrollo: asegura que es fundamental como lo han mostrado las políticas ambientales recientemente creadas, que la comunidad y los pobladores a los que van dedicada las políticas se vinculen. El centralismo de las políticas que desconoce la diversidad regional es muy verticalista, por lo tanto, es necesario, apoyarse en experiencias comunitarias que son válidas para la construcción de políticas públicas desde abajo. En el trabajo que se ha hecho desde Cealdes se han dado cuenta de que las normas comunitarias, en algunos casos, superan la eficacia de las normas institucionales, ya que parten del conocimiento local y son aplicables a los contextos.
Además, dice que el acuerdo de paz es clave, porque ha dejado una experiencia frente a lo que implican los incumplimientos. Cealdes hizo un rastreo, por ejemplo, en el caso del nororiente amazónico, de al menos 32 acuerdos que han suscrito las comunidades desde hace diez años para frenar conflictos ambientales, y el porcentaje de incumplimiento supera el 80%, por lo tanto, es necesario que el Estado abra puertas de negociación.
