"No sé si mi hermano es un falso positivo, por eso dejo mi esperanza en la JEP" | ¡PACIFISTA!
“No sé si mi hermano es un falso positivo, por eso dejo mi esperanza en la JEP” Acto de inauguración del evento Foto: Colectivo Orlando Fals Borda
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“No sé si mi hermano es un falso positivo, por eso dejo mi esperanza en la JEP”

Santiago Vega - Agosto 2, 2019

El Colectivo Orlando Fals Borda entregó la investigación a la JEP con 74 posibles falsos positivos que no habrían sido investigados por la justicia.

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Luego del fallido acuerdo de paz entre el Gobierno de Pastrana y las FARC-EP, la zona de distención -el territorio en donde se habían llevado a cabo los diálogos de ese proceso de paz- fue violentamente retomado por el ejército. Entre los 5 pueblos que hacían parte de esta zona, y que vivieron la retoma, se encontraban Vista Hermosa y La Macarena en el Meta. Dos de los municipios en donde se cuentan la mayor cantidad de los desaparecidos de nuestro país.

Particularmente, el número de desaparecidos en Vista Hermosa, por ejemplo, se duplicó para las épocas de la retoma militar en febrero del 2002. Además, este número se mantuvo tres años más desde esa fecha, con un promedio de 245 desaparecidos por año. El periodo con más desaparecidos de la historia nacional.

Tomado de: Colombiacheck

El Colectivo Orlando Fals Borda (COFB) estuvo investigando en esos lugares específicos quiénes fueron los culpables de las desapariciones y posteriores muertes; y por qué fueron desaparecidos esos miles de campesinos, que hasta hoy, han sido, mediocremente, identificados por la Fiscalía y sus unidades especiales de búsqueda. El producto de la investigación fue entregado ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para abrir una investigación formal. Hay conocimiento de al menos 40 nuevos casos en los que, entre los años 2001 y 2011, hubo ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército a civiles. 

Los 74 desaparecidos de la investigación

Maira se enteró hace poco que su hermano, Manuel, posiblemente fue víctima de los asesinatos selectivos que cometió el ejército durante el 2002 en el Meta. Siempre vivió la angustia, junto a su madre, de no saber qué había pasado con su hermano, que un día con 17 años se fue a trabajar a una finca y nunca volvió.

—Me dijeron que posiblemente mi hermano era un “falso positivo” pero nosotras lo seguimos esperando —dijo Maira en el encuentro.

Cuando el COFB empezó la investigación de los cuerpos N.N enterrados en los cementerios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa y La Macarena, supo que posiblemente ahí estaba su hermano.

Familiares de las víctimas durante acto de memoria. Foto: Colectivo Orlando Fals Borda

En el Meta se cuentan 5.279 desaparecidos, número únicamente superado por Antioquia que reportó 19.790 hasta el 2016. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) el periodo entre 1996 y 2005 registra aproximadamente la mitad (32.249 casos) de todos los casos de desaparición (más de 70mil) en el país entre 1970 y el 2015.

“De los 1.951 casos registrados en 1996 hay un aumento a 5.124 en 2002, lo que significa que en el momento más crítico del fenómeno se llegó a registrar una persona desaparecida cada dos horas” dice el informe del CNMH.

El Colectivo Orlado Fals Borda empezó la investigación en estos 5 cementerios específicos de los 426 en donde se reportaban cuerpos sepultados sin ser reconocidos en todo el país. Los cementerios investigados están ubicados en: San José del Guaviare, en el Guaviare; y La Macarena, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio, en el Meta. Lugares que corresponden al territorio destinado a la zona de distención o están muy cerca de ahí. En los 5 cementerios mencionados, se encontraron 2.304 cuerpos N.N de los cuales las fuerzas militares reportaron 1.674 como dados de baja en combate.

Maira cuenta que lo que ella sabe es que presuntamente Manuel fue víctima del Batallón de Infantería XXI Vargas que tiene lugar de operaciones en el Meta, exactamente en el municipio de Granada. Al parecer lo habrían engañado a él, junto con otros dos vecinos de su barrio en Villavicencio, y lo habrían matado para hacerlo pasar por miliciano de la guerrilla.

El evento de entrega del informe

Maira vino a la audiencia que organizó el COFB junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la cual este colectivo de abogados entregaría una investigación a la JEP que contendría pruebas puntuales sobre 62 casos, entre los cuales se cuentan 74 víctimas, que probarían que el ejército cometió asesinatos selectivos para inflar las estadísticas de bajas en combate. Junto con Maira, venían su madre, su hija, y las familias de las dos vecinas que también perdieron sus hijos en el 2002.

Maira estuvo presente durante toda la audiencia de entrega del informe. Durante el evento, estuvieron presentes los 5 magistrados de la JEP: Reinere de los Ángeles Jaramillo, María del Pilar Valencia, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, así como la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos(UBPD), los fiscales del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), miembros de las iglesia católica en el Meta y, por supuesto, todos los familiares de las víctimas.

Acto de inauguración del evento Foto: Colectivo Orlando Fals Borda

Según afirmó Laura Posada, abogada del COFB, durante la audiencia: “en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, la Fiscalía y el COFB, encuentran las mismas características: Luego de la ruptura de la zona de distensión, a estos lugares llegaban decenas de cadáveres que los sepultureros enterraban. Muchos eran inhumados como N.N y llegaban a ser depositados en fosas comunes. Se tiene evidencia de 62 casos concretos con un total de 74 víctimas” de entre los cuales ya han sido condenados 23 casos

El periodo en el cual se contempla que se realizaron los crímenes se encuentra entre el 2001 y el 2011. El senador Ivan Cepeda, también aseguró que: “las operaciones que ocurrieron durante el Plan Colombia y la Seguridad Democrática, no respetaron el principio de distinción entre civiles” argumentando que, durante los años del 2002 en adelante, los pobladores de los municipios cercanos denunciaron que eran llevados, en camiones, cuerpos de supuestos guerrilleros dados de baja en combate, y eran arrojados en fosas comunes en los cementerios.

Las unidades con jurisdicción en la zona que reportaron dichas bajas fueron los batallones de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, a su vez adscrita a la Cuarta División; la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) y todas sus unidades militares como la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), el Comando Específico de Oriente y varias Brigadas Móviles.

Luego, según contó el senador, se supo de las fosas comunes ubicadas en estos cementerios porque en el 2010, luego de una audiencia en la Macarena, se ordenó una inspección de una comisión de búsqueda que, finalmente, encontró los restos de más de 2 mil cuerpos. La comisión descubrió que habían sido puestos unos cúmulos de rocas en los lugares donde había decenas de cuerpos enterrados.

Lo que sucederá ahora

Para finalizar el evento, que contó con una presentación de música llanera y una conmemoración a las víctimas y sus familiares, se rindió homenaje a los desaparecidos justo afuera del auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Todos los familiares de los desaparecidos juntaron las fotografías de sus familiares en un círculo e hicieron una proclama que pedía por el esclarecimiento de la verdad oculta. Los magistrados de la JEP estuvieron presentes, así como los demás asistentes y los transeúntes.

La petición que hizo el Colectivo con la entrega del informe -que pretende se abra una investigación en la Jurisdicción Especial de Paz para dar con los responsables de las desapariciones y con las víctimas- se replicó afuera del recinto en la clausura. Algunos de los familiares, entre ellas una madre, se acercó al magistrado Salazar y entre lágrimas le pidió que se aclarara qué había pasado con su niña, Maryi, de 11 años que fue reclutada por la guerrilla hace más de 10 años. Otros familiares, de la misma forma, se acercaron a los magistrados para pedir por la verdad del paradero de sus desaparecidos.

Ahora la JEP abrirá un proceso en el cual se revisarán todos los casos mencionados en la investigación, y se iniciará un proceso para que puedan darse versiones libres de los implicados en dichos crímenes de lesa humanidad. Igualmente, se seguirá investigando el paradero de aquellos desaparecidos que siguen sin ser reconocidos.

Por su parte, los familiares regresaron en la noche a Villavicencio y los demás municipios del Meta y Guaviare, en donde esperan la llegada de la verdad; o incluso, la llegada de sus amados familiares que no ven hace más de 10 años. En Maira perdura aún la fe de volver a ver a su hermano, o por lo menos, de saber qué fue de su vida cuando salió de casa.