Asesinan a otro líder social, esta vez en el Cauca
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Asesinan a otro líder social, esta vez en el Cauca

Colaborador ¡Pacifista! - Marzo 22, 2017

Ese departamento es el que más dirigentes comunitarios ha puesto desde el inicio de la implementación de los acuerdos.

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Un día después de que varios funcionarios del gobierno comparecieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la preocupante situación que viven los líderes sociales en Colombia, volvieron a matar a un dirigente comunitario: se trata de Javier Oteca, un líder nasa que estaba haciendo un ejercicio de liberación de la tierra en Corinto.

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Oteca, de la comunidad Santa Elena “fue asesinado en uno de los puntos de liberación de la Madre Tierra en Corinto. Este hecho fue perpetrado por personal que labora en los ingenios azucareros en la hacienda Miraflores a escasos metros donde se encuentra el ejército y la policía nacional”.

Javier Oteca realizaba un ejercicio de liberación de la tierra cuando fue asesinado. Foto: Nasa Acin.

¡Pacifista! también pudo conocer que los cuatro hombres que al parecer cometieron el crimen permanecen en poder de los indígenas. Los ejercicios de liberación de tierra, práctica ancestral de estas comunidades indígenas, consiste en colarse a fincas de la región para tumbar los cultivos de caña y “dejar descansar la tierra”, según dice el gobernador del cabildo de Corinto, Jorge Dicué.

El de Oteca es el octavo asesinato de defensores sociales en el Cauca desde el primero de diciembre del año pasado, día en que comenzó la implementación de los acuerdos de paz. Este departamento es el que más víctimas tiene de dirigentes comunitarios, seguido por Antioquia, Córdoba y Cesar.

Investigadores consultados por este portal empiezan a encontrar patrones en estos crímenes: han dicho que la idea de los victimarios es desarticular cualquier posibilidad de organización y atacar los nuevos liderazgos que puedan llegar a surgir en las regiones. Por eso, la mayoría de los asesinados no tienen más de 35 años.

La propia vicefiscal María Paulina Riveros, en la audiencia ante la CIDH, dijo que “los crímenes obedecían a los siguientes factores: la disputa por rentas ilícitas en zonas de antigua presencia guerrillera, la operación de disidencias de las Farc “que quieren mantener control territorial y social”, los intereses de los corruptos que buscan exterminar a sus “competidores sociales” para conservar el poder, la “falta de conectividad de las localidades con los centros” (lo cual impide el acceso oportuno de las autoridades a los territorios), la incapacidad para legitimar el papel del Estado como garante de la justicia, y el uso de la violencia como “lenguaje transversal a la realidad social colombiana”.

Mientras la Fiscalía y otras entidades del gobierno han reconocido falencias para administrar justicia y responder por la seguridad de los líderes, el ministro de Defensa insiste en afirmar que los crímenes no son sistemáticos y que los paramilitares dejaron de existir.

Frente a esto, el movimiento Marcha Patriótica —que ha sido víctima de la mayoría de asesinatos— ha denunciado que los homicidas pertenecen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y también hizo eco del asesinato de Oteca.