Revisamos cómo funcionan otras entidades parecidas a la Comisión de la Verdad de Colombia, por qué fueron creadas y cuáles son sus mayores logros.
Producto de los Acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las hoy desmovilizadas Farc, hace tres años nació la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Desde entonces, esta comisión ha escuchado a todas las víctimas del conflicto armado (campesinos, pueblos étnicos, estudiantes, profesores, población LGBTI+, soldados, entre otros) y a sus victimarios para que haya un reconocimiento sobre lo que ocurrió en los años más cruentos del conflicto armado. De ese modo se quiere alcanzar una paz estable y garantizar la no repetición de la guerra.
Al igual que Colombia, otros países han necesitado comisiones de la verdad. Algunas fueron entes temporales, otras aún funcionan y son el cimiento de centros de memoria y reconciliación. Unas tienen poderes judiciales, mientras que otras se encargan de recopilar cifras y casos como ejercicios de memoria.
En PACIFISTA! revisamos cómo funcionan otras entidades parecidas a la Comisión de la Verdad de Colombia, por qué fueron creadas y cuáles son sus mayores logros.
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Chile
Por decreto del presidente Patricio Aylwin, se creó en abril de 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Su propósito fue el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Es decir, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Esta comisión fue presidida por Raúl Rettig, un abogado chileno que fue embajador de Salvador Allende, el presidente que Pinochet derrocó. Entre sus comisionados había integrantes de distintos partidos políticos, incluso exfuncionarios de la dictadura. Durante su mandato se encontraron 2.130 casos de violaciones a los derechos humanos y 168 de violencia política.
Con el trabajo de la comisión, Aylwin presentó el informe y pidió perdón a la víctimas en nombre del Estado chileno. Ese documento presentó una serie de recomendaciones entre las que se contemplaron medidas compensatorias para las víctimas y sus familias. Además, como hubo algunas víctimas que se quedaron por fuera del informe (porque no había sido reconocidas como tal o porque no había información sobre ellas), a través de la ley 19123 de 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo objetivo fue calificar solicitudes de otras víctimas y repararlas. Entre la comisión y la corporación se reconocieron 3.197 víctimas de la dictadura de Pinochet.
Aunque vale aclarar que la comisión se había centrado en las víctimas fatales de la dictadura. Los testimonios alrededor de torturas y encarcelamientos no tuvieron lugar. Por esa razón, el presidente Ricardo Lagos decretó en 2003 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Fue dirigida por monseñor Sergio Valech.
Esta nueva comisión reconoció a 40.018 víctimas. La cifra ha servido de base para cumplir con la ley 19992 de 2004, que establece pensión de reparación y otros beneficios a quienes sufrieron torturas y encarcelamiento político durante la dictadura.
Ruanda
En 1999 nació la Comisión de Unidad Nacional y Reconciliación en Ruanda. Su propósito es esclarecer los hechos ocurridos durante la Guerra Civil de Ruanda que tuvo lugar entre octubre de 1990 y agosto de 1993, así como promover la reconciliación entre las distintas etnias que viven en ese país africano.
El conflicto en Ruanda fue el resultado del enfrentamiento entre el Frente Patriótico de Rwanda (RPF, por sus siglas en inglés) y el entonces presidente Juvénal Habyarimana. Mientras el RPF representaba a la etnia Tutsi, el Gobierno estaba compuesto por miembros de la etnia Hutu.
En 1992 ambas partes acordaron un cese al fuego y un año después terminó esa guerra. Sin embargo, Habyarimana fue asesinado y con su muerte se desencadenó una ola de violencia de los hutus (la etnia mayoritaria del país) hacia los tutsi, en lo que sería conocido como el ‘Genocidio de Ruanda’. Se estima que hubo alrededor de 800.000 víctimas fatales, la mayoría de ellas tutsis y hutus moderados. Al final, con la victoria en el frente del RPF, la violencia terminó.
A diferencia de otras comisiones, esta fue convertida en un organismo permanente. En 2001 publicaron su informe sobre la evaluación de la unidad y la reconciliación nacional. Desde entonces entregan informes anuales donde hacen seguimiento a la reconciliación en Ruanda.
Para lograr la reconciliación se han implementado estrategias como los campamentos de solidaridad Ingando, donde quienes asisten, por medio de actividades pedagógicas y de cooperación, enseñan sobre la no repetición de la violencia. Otra estrategia es la eliminación de la pertenencia étnica en los documentos de identidad. Años atrás, cada ciudadano debía informar a qué etnia pertenece.
Otra estrategia son las cortes Gacaca, que buscan que algunos de las más de 120.000 personas arrestadas por el genocidio cuenten la verdad, ofrezcan reparación y se reintegren de vuelta a la sociedad ruandesa.
Sudáfrica
Cuando Frederik De Klerk llegó a la presidencia de Sudáfrica, en 1989, prometió eliminar el Apartheid, un sistema de segregación racial que estuvo en ese país desde 1948. Con el fin de esa política, en 1994 se hicieron elecciones en donde por primera vez hubo votación universal. Nelson Mandela, un abogado y activista que había estado encarcelado 27 años por su lucha contra el racismo estructural, fue elegido presidente.
En 1995, el Congreso le dio vida a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Y un año después empezó a recopilar testimonios. Estuvo encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien estuvo acompañado por políticos y activistas de todas las razas. Durante su mandato se contaron 19.050 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Además, identificaron 2.975 víctimas más a través de las solicitudes de amnistía.
El énfasis de esta comisión fue que blancos y negros trabajaran juntos para entender qué es lo que había pasado en las más de cuatro décadas de segregación. Implementaron la justicia restaurativa, por medio de la cual las víctimas y sus victimarios podían hablar sobre casos concretos y definir cómo sería la reparación.
En el 2000, con el fin de las labores de la Comisión, el Gobierno sudafricano creó el Instituto para la Justicia y la Reconciliación. En 2008 este órgano recibió el premio internacional de la UNESCO de Educación para la paz por su aporte a la historia de Sudáfrica luego del Apartheid.
El Salvador
Entre octubre de 1979 y enero de 1992, el Gobierno salvadoreño y la guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desataron la Guerra Civil de El Salvador, una de los enfrentamientos más extensos en la historia de Centroamérica. Con el propósito de darle fin a los combates, y tras varios intentos de negociación, ambos bandos cesaron las hostilidades gracias a los Acuerdos de Chapultepec.
Producto de esos acuerdos nació la Comisión de la Verdad para El Salvador. Estuvo presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el exasesor de las Naciones Unidas Reinaldo Figueredo y el juez estadounidense Thomas Buergenthal. Este organismo tuvo una vigencia de seis meses. Al final de su periodo, en marzo de 1993, presentaron el informe ‘De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador’, donde recopilaron al menos 2.000 testimonios y 23.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El informe incluye un listado de 13.569 casos de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, los paramilitares de los Escuadrones de la Muerte (ESM-ES) y el FMLN. En los Acuerdos se contempla que quienes habían incurrido en delitos comunes como autores inmediatos, mediatos o cómplices serían amnistiados. Sin embargo, y gracias a la información recopilada por esta comisión, las personas que participaron en hechos graves de violencia perdieron ese derecho.
Aunque la Asamblea Legislativa de El Salvador consideró que todos los delitos cometidos durante la guerra debían ser amnistiados y redactó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. La comisión se mostró en desacuerdo. No obstante, en 2016, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional.
Gracias a la información recopilada por la comisión fue posible conocer la verdad de casos puntuales como el asesinato del sacerdote Óscar Arnulfo Romero a manos del ESM-ES, quien contó con el apoyo del Gobierno salvadoreño.
En homenaje a las víctimas, y como parte de las reparaciones morales que contempla el Acuerdo de Chapultepec, fue inaugurado en 2003 el Monumento a la Memoria y la Verdad en San Salvador. Allí están escritos los nombres de las más de 25.000 víctimas que dejó la guerra.
Argentina
El 15 de diciembre de 1985, Raúl Alfonsín —por entonces presidente de Argentina— decretó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Este órgano tenía como fin averiguar el paradero de quienes fueron reportados como desaparecidos durante la persecución política y el terrorismo de Estado ocurrido en el Proceso de Reorganización Nacional (PRN).
El PRN fue una dictadura cívico-militar que comenzó en marzo de 1976, cuando los militares sacaron del poder a la peronista María Estela Martínez, y terminó en marzo de 1983. El fin de la comisión no era juzgar sino indagar sobre las políticas represivas que forzaron la desaparición de miles de personas. Sin embargo, entre sus tareas estaba la recolección de información que permitiera llevar a los tribunales a los militares y responsables de la represión.
La comisión fue encabezada por Ernesto Sabato y su mandato fue de 280 días. De esa labor salió el conocido informe Nunca Más. Allí se evidenció que durante la dictadura existieron al menos 380 centros de detención clandestinos y se registraron (parcialmente) 8.961 casos de desaparición. Ese documento fue la base del ‘Juicio a las Juntas’, el proceso judicial contra los dirigentes del PRN.
“Si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado. Va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo”.
Ernesto Sabato en la entrega de ‘Nunca Más’.
El resultado de ese juicio se conoció el 5 de diciembre de 1985. Jorge Videla y Emilio Eduardo Massera, dos de los comandantes e integrantes de la Junta Militar que gobernó Argentina durante la dictadura, fueron condenados e inhabilitados de por vida. Otros miembros de la junta también recibieron penas, aunque no tan severas.
