80 por ciento de las víctimas sobreviven. Ni el Estado, ni la sociedad los tienen en cuenta. Opina: Mariana Delgado
Por Mariana Delgado Barón*
Más allá de presentar las vergonzosas cifras que reflejan el horror de las minas antipersonal en el país, el informe ‘La guerra escondida’, que realizó la Fundación Prolongar en convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), reconstruye las voces, los testimonios y las vivencias de los sobrevivientes civiles y de la fuerza pública.
El drama al que se enfrentan los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y los indígenas afectados por estos artefactos apenas comienza allí, en el momento de la explosión. Aproximadamente 98 por ciento de los ‘atentados’ por minas antipersonal ocurren en el ámbito rural: en las trochas, en los caminos veredales, en los potreros, cerca de las fuentes de agua y en otros casos en las escuelas y en lo que han sido los sitios de juego de niños y niñas como las canchas de futbol. Mientras que 20 por ciento de quienes activan una mina mueren, 80 por ciento sobrevive con graves secuelas por el resto de sus vidas.
‘La guerra escondida’ no solo da cuenta de las lógicas bélicas del uso de las minas antipersonal dentro del marco del conflicto armado colombiano. También pone en evidencia las afectaciones que han dejado los remanentes explosivos de guerra: artefactos como morteros, granadas y balas que quedan en el territorio después de un combate y que han provocado mutilaciones y muertes, sobretodo de niños y adolescentes, quienes los manipulan desprevenidamente.
Las víctimas de la fuerza pública que han resultado del empleo indiscriminado de estas armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario es proporcionalmente mayor al número de víctimas civiles. Pero hay una brecha que marca una profunda diferencia entre unos y otros, y esta es la ruta de atención que reciben.
80% de quienes pisan una mina antipersonal sobreviven con graves secuelas por el resto de sus vidas
Durante los talleres de reconstrucción de memoria que realizamos en el marco del informe, las experiencias y las voces de los civiles y de los miembros de la fuerza pública manifestaron un enorme contraste entre la atención recibida por unos y otros para hacer frente a los diferentes daños dejados por las minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra.
Por mencionar un ejemplo, la evacuación de los miembros de la fuerza pública heridos por estos artefactos ha podido hacerse por medio de helicópteros, si las condiciones climáticas y del terreno lo permiten. En el caso de las víctimas civiles, la atención inmediata que la mayoría de ellos recibió, y sigue recibiendo, una vez se detona el artefacto ha sido precaria.
Varios de los sobrevivientes civiles que participaron en nuestros talleres narraron los dramáticos momentos que siguieron a la explosión. Algunos fueron evacuados a lomo de mula, otros en camillas improvisadas, en motos de los vecinos o cargados por sus propios familiares a centros de atención que no están adecuados para atender apropiadamente a este tipo de heridos.
El calvario apenas comienza ahí.
Recuerdo la historia de un campesino de Montes de María que pisó una mina antipersonal cuando iba camino al pueblo. Perdió uno de sus miembros inferiores. Carlos debió esperar más de una semana para ser atendido debidamente en uno de los hospitales de Cartagena. Durante esa espera, eterna y dolorosa, su herida se agravó.
La deuda del Estado
Una de las particularidades de los efectos que generan las map es el tipo de lesiones físicas. Al ser armas diseñadas para mutilar, las heridas que dejan en el cuerpo producen un profundo dolor y si no se tratan a tiempo se pueden provocar nuevas amputaciones que revictimizan a los afectados.
Otras de las historias que conocimos, y que se encuentran en el informe, dan cuenta de los vacíos en la ruta de atención, llenados por organizaciones no gubernamentales o internacionales como Handicap International, Unicef, Pastoral Social y la Campaña Colombiana Contra las Minas, por mencionar solo algunas. Si bien la reparación integral es un derecho adquirido por las víctimas del conflicto armado, el Estado aún tiene una deuda con las víctimas. Más aún, para muchas de las víctimas civiles la ruta de atención no es más que una continua cadena de revictimizaciones caracterizada por la burocracia, los malos tratos y la estigmatización.
Tampoco hay que perder de vista que el empleo de estas armas no solo genera afectaciones corporales. Los daños de estos ‘soldados perfectos’ que no duermen, no comen y no descansan exceden el ámbito corporal y se extienden a las familias de los directamente afectados, así como a las comunidades que deben aprender a vivir con la presencia de estos enemigos ocultos.
Si contemplamos únicamente los daños físicos, de los directamente afectados, nos damos cuenta que la ruta de atención se queda corta. La reparación consiste únicamente en brindar una prótesis de por vida. En relación con esto último, las prótesis (cuando se tenían) de varios de los sobrevivientes civiles que generosamente compartieron sus historias se encontraban en un estado de avanzado deterioro que una vez más refleja el olvido y abandono en el que se encuentran las víctimas. Fue común ver prótesis remendadas e improvisadas con palos, espumas y alambres.
La ruta de atención se queda corta. La reparación consiste únicamente en brindar una prótesis de por vida
Falta un largo camino por recorrer hacia la reparación integral: aquella que debe reconocer que no solo es el cuerpo físico el afectado, sino también la dimensión psicosocial y las relaciones familiares. En relación con esto último, hay varios ejemplos que presentan desintegración familiar, ya sea porque quien proveía para el hogar queda en una condición de discapacidad o porque los procesos de rehabilitación, cuando se brindan, solo se ofrecen para el directamente afectado y no para todo su núcleo familiar, en especial para sus parejas, madres o hijas que usualmente deben asumir un nuevo rol: el de cuidadoras.
El informe recoge un trabajo de dos años que da cuenta a través de los relatos y memorias de los participantes en los talleres realizados que el daño se multiplica y se extiende en las dimensiones sociales, culturales, económicas, morales y por supuesto corporales. En concreto, se puede perder un miembro del cuerpo o un órgano interno puede quedar gravemente comprometido. Si ampliamos la dimensión de la problemática, se truncan proyectos de vida de familias enteras.
Pero el Estado colombiano no es el único que tiene que tiene una deuda pendiente, la sociedad en su conjunto también debe comenzar a cuestionar la forma en que concibe y convive con la discapacidad. En su gran mayoría, las víctimas de minas antipersonal que sobreviven quedan ancladas a una condición de discapacidad que tiende a ser más fuerte cuando la misma sociedad es un entorno discapacitante que discrimina y excluye a hombres y mujeres víctimas de estos artefactos. Es decir, el problema sigue creciendo debido a los factores sociales que impiden una reparación integral.
‘La guerra escondida’ deja varios mensajes a quienes quieran acercarse a estas voces, entre éstos el abandono que sienten las víctimas civiles “ante la precaria atención y los obstáculos burocráticos para obtenerla”.
* * Este es un espacio de opinión. No representa la visión de ¡Pacifista!
