Hablamos con Dignillanos, la asociación de finqueros que está dispuesta a independizarse de Colombia | ¡PACIFISTA!
Hablamos con Dignillanos, la asociación de finqueros que está dispuesta a independizarse de Colombia
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Hablamos con Dignillanos, la asociación de finqueros que está dispuesta a independizarse de Colombia

María Flórez - Noviembre 12, 2016

Su presidente respalda la idea del CD de cambiar el régimen de baldíos.

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Dignillanos tendría 2.800 afiliados, según su presidente, Ramiro Silva. Foto: Flickr-Aniara

La legalización del “mayor despojo de tierras al Estado”. Así calificó Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al proyecto de ley que presentó el Centro Democrático (CD) para modificar las normas sobre adjudicación de baldíos. El tema es de la mayor importancia, no sólo porque los baldíos son terrenos que les pertenecen a todos los colombianos, sino también, porque son el principal insumo del fondo que se pactó en La Habana para entregarles tierras a los campesinos pobres.

El proyecto del CD busca que los jueces agrarios les entreguen títulos a los particulares que ocupen baldíos, sin importar las limitaciones en número de hectáreas que, para ello, ha impuesto el Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con las normas actuales, la ANT sólo puede titular baldíos que no superen una Unidad Agrícola Familiar (UAF), una medida que cambia según la productividad de la tierra en cada municipio. La limitación impuesta hasta ahora obedece al propósito de entregar la mayor cantidad posible de tierra al mayor número de personas.

La propuesta, que será estudiada por el Congreso, también pretende anular las decisiones que tomó el extinto Incoder para recuperar baldíos apropiados irregularmente. Si el proyecto se aprueba tal como fue presentado, podrían beneficiarse de él bananeros de Urabá, hoteleros de Islas del Rosario, el Fondo Ganadero de Córdoba y la familia del desparecido y cuestionado esmeraldero Víctor Carranza, que habían ocupado y explotado miles de baldíos ilegalmente.

De acuerdo con recientes cálculos de la Superintendencia de Notariado y Registro, el Estado debe recuperar más un millón 200 mil hectáreas de tierras baldías que jueces de todo el país adjudicaron irregularmente. Eso, sin contar los baldíos que, aunque siguen apareciendo a nombre del Estado, están siendo explotados por personas que no cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiarios de adjudicación. Esos requisitos son: no poseer otro predio rural y tener un patrimonio inferior a mil salarios mínimos (menos de $690 millones).

La senadora del CD Nohora Tovar, autora del proyecto, dijo en su exposición de motivos que las reformas buscan beneficiar, principalmente, a los poseedores de los Llanos Orientales. Por eso, incluyó en su presentación los argumentos de la Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera (Dignillanos). Incluso, en una carta fechada el 13 de octubre pasado, Tovar le dijo al presidente de esa asociación, el abogado araucano Ramiro Silva, que “el espíritu de esta iniciativa es producto del trabajo adelantado por Dignillanos”.

Reunión de Dignillanos en Vichada. Foto: Dignillanos

En 2013 y 2014, Silva trabajó como asesor de la secretaría jurídica de la gobernación del Meta, en ese entonces a la cabeza de Alan Jara, hoy director de la Unidad de Víctimas. El abogado dirige la asociación junto a Martha Gonfrier, que en 2011 fue designada como gobernadora encargada de Casanare por el partido de La U, luego de que el mandatario electo fuera destituido por la Procuraduría.

Según los cálculos de Silva, Dignillanos tiene 2.800 afiliados en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guaviare, en su mayoría ganaderos que llegan a poseer hasta cinco mil hectáreas.

Hablamos con él sobre los intereses de Dignillanos y la manera como el proyecto podría afectar a los pequeños campesinos de todo el país.

¿Por qué Dignillanos quiere que le adjudiquen terrenos que superan las UAF?

Mire, a las personas que tienen tierra sin títulos y que están dentro de la UAF, que les titulen. Pero a aquellos que en un momento determinado pueden exceder la UAF, que les titulen también, porque esas medidas no pueden limitar el derecho a la propiedad de quienes tengan la capacidad de ser medianos o grandes agricultores o ganaderos. Eso reprimiría el derecho empresarial, que garantiza el desarrollo del país.

Es que la UAF es un límite hacia abajo, para que los verdaderamente paupérrimos tengan de qué vivir. Pero obviamente no se puede mantener a todo el país dentro de la UAF, porque sería mantener a todos los agricultores, a todos los ganaderos, en la miseria total. De modo que estamos pidiendo que se respete el derecho a la propiedad para los medianos y grandes tenedores de tierra que la tengan lícitamente.

Pero las UAF se crearon para democratizar la propiedad…

La UAF es una medida de limitación de la pobreza, pero no es una medida de desarrollo que le permita a la gente salir de la pobreza extrema. Entonces, estar limitando las posesiones a la UAF es un equívoco tremendo. Se está repartiendo pobreza y no se está permitiendo que el país se tecnifique, produzca y se desarrolle. Si el capitalismo busca apropiarse de grandes propiedades, los señores socialistas lo que buscan es repartir la tierra en muy pequeñas cantidades para que la gente siga muriéndose de hambre. Y nosotros no podemos caminarle ni a lo uno, ni a lo otro.

Si ustedes son medianos y grandes propietarios, ¿por qué no compraron tierras en vez de ocuparlas?

No, es que aquí hay gente desde la Independencia. Nosotros somos poseedores ancestrales, prácticamente fundamos el Llano. Llegamos de manera espontánea, porque queríamos trabajar, y hemos hecho presencia en nombre del Estado, aun sin educación, cultura, vivienda o carreteras. Además de eso, nos hemos aguantado todas las guerras: las de la independencia, la de la violencia política del 50, y la de las Farc, los ‘elenos’ y los paramilitares.

La mayor parte de los asociados de Dignillanos son ganaderos. Foto: Flickr-CIAT

De modo que aquí la gente fundó y tuvo sus hatos y sus ganaderías bajo su responsabilidad y a sus expensas. Lo que hemos hecho es explotar y cultivar la tierra en forma lícita, permanente y de buena fe.

El proyecto de ley que presentó el CD no sólo busca que se les adjudiquen tierras a ustedes, sino también que se reviertan los procesos con los que se recuperaron terrenos apropiados indebidamente. Ahí podrían caber empresas y personas involucradas en actividades ilegales. ¿Por qué el interés?

No, nunca, en ningún momento. Cuando nosotros pedimos la reversión de esos procesos, nos referimos a aquellos que injustamente adelantó el Incoder contra nuestra propiedad. Los procesos contra quienes acapararon tierra y se volvieron terratenientes de mala fe tienen que seguirse adelantando. A los narcotraficantes y a los grandes terratenientes no se les deben revertir los terrenos. Lógicamente, los legisladores deben dejar constancia de eso para no beneficiarlos.

La ANT también ha dicho que con la aprobación del proyecto se reduciría la tierra disponible para los campesinos pobres. ¿No cree que si se aprueban las pretensiones de Dignillanos se perjudicaría a miles de productores sin tierra?

Eso es totalmente equivocado. El Estado puede recuperar otros terrenos que están siendo disfrazados de propiedad privada, pero de mala fe. Por ejemplo, es de público conocimiento que las Farc tienen infinidad de tierras con cultivos de coca y de marihuana. Cuando un terreno está siendo cultivado ilícitamente o tiene ganaderías ilegales como las de las Farc, el Estado lo puede recuperar y considerar, ahí sí, como baldío. Esas son las tierras que debe recuperar la ANT, si tiene el valor de adelantar los procesos que corresponden.

La Agencia dice que el proyecto también afectaría el fondo de tierras que se creó en La Habana…
En ese acuerdo, el Gobierno dijo que el fondo tendrá tres millones de hectáreas en los primeros 10 años. Lógicamente, si recuperan las tierras que tienen las Farc, los ‘elenos’, los narcotraficantes, la delincuencia común y otros grupos ilegales, el Gobierno va a tener mucho más de ese número. Tienen es que olvidarse de que la recuperación de baldíos es contra la gente de buena fe. Los grandes acaparadores de tierra y la delincuencia son los que tienen los verdaderos baldíos de Colombia, no nosotros.

¿Cuál es su plan b, en caso de que el proyecto de ley se caiga en el Congreso?

Este tema puede conducir al país al estado de guerra. Si el Gobierno insiste en quitarnos nuestras tierras con el argumento de que son baldías, está atentando contra la forma como nosotros devengamos nuestro alimento. De manera que, en último caso, estamos dispuestos a crear un estado independiente que se llame república independiente de la Orinoquía o de la Amazonía, para defender nuestro derecho fundamental a la propiedad. Estamos dispuestos a irnos de Colombia.