Según Raúl Emilio Hasbún, excomandante del frente Árlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia, el 97% de los ganaderos de Urabá aportaron dineros para financiar a los paramilitares.
La devolución de las tierras que los campesinos perdieron durante el conflicto, una de las políticas más ambiciosas del Gobierno, se ha enlodado durante las últimas semanas por culpa de una pelea ideológica. Así, en medio de la titánica tarea de la restitución, han surgido dos bandos: el de quienes defienden a ojos cerrados a los reclamantes y otro de quienes aseguran que hay falsas víctimas que quieren quitarles sus propiedades a ganaderos y empresarios.
Justo ahora, en medio de esa polémica, la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso emblemático en una de las regiones más conflictivas del país: el Urabá antioqueño. Inesperadamente, la Corte decidió que ocho campesinos de la vereda Guacamayas, de Turbo, le mintieron a la justicia y reclamaron 12 fincas que vendieron por su propia voluntad. La decisión involucra a Carlos Páez y a Alfranio Solano, dos de los líderes de los reclamantes de Urabá que han ocupado cargos directivos en la organización Tierra y Vida, que agrupa a decenas de despojados.
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Todo empezó en 2012, cuando la Fiscalía le pidió al Tribunal de Medellín que le quitara 11 fincas a la Inmobiliaria Inversiones ASA para devolvérselas a las víctimas. Según la entidad, esa compañía —que antes se llamaba Guacamayas Limitada— se alió con paramilitares para comprar terrenos a precio de huevo y poner en marcha un proyecto de ganadería extensiva. La tesis estaba respaldada por los testimonios de todos los reclamantes, que dijeron haber sido amenazados para vender sus tierras a $200 mil la hectárea.
En los relatos de las víctimas aparecía otro común denominador: el nombre de Jairo Lopera, un zootecnista que, supuestamente, los había presionado para que vendieran. La Fiscalía aseguró que Lopera era un aliado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), y que había sido asesinado en Medellín cuando salía de la oficina de un paramilitar.
Iván Vélez, uno de los testigos del caso, también dijo que presenció una reunión en la que varios comandantes de las Accu, junto a empresarios y ganaderos, planearon la toma violenta de Bajirá, un corregimiento de Mutatá (Antioquia). Según él, dos personas de la empresa Guacamayas asistieron a ese encuentro: Jairo Lopera y Juan Fernando Mejía, lo que probaba sus vínculos con los ‘paras’.
Dicen los reclamantes que, una vez muerto Lopera, Mejía y otro socio de la empresa los amenazaron para que les firmaran las escrituras de sus tierras. No obstante, varios casos llamaron la atención del Tribunal.
Uno de ellos es el de Tibaldo Díaz, quien declaró que Mejía fue hasta su casa y, portando un arma, lo presionó para que le vendiera dos de sus fincas. Sin embargo, en el expediente figuraba un contrato de arrendamiento de pastos y una promesa de compraventa que Díaz había firmado con la sociedad Guacamayas en 1998. También aparecían los recibos de los pagos que, durante 41 meses, la empresa realizó por concepto de uso del suelo. Para el Tribunal, era ilógico que una víctima prolongara por más de tres años un contrato con un victimario y que empresarios aliados con paramilitares pagaran arriendo por unos predios que pretendían despojar.
Otro caso es el de Manuel Díaz, quien dijo que había tenido una tienda donde la guerrilla compraba víveres y que por esa razón fue secuestrado por paramilitares. Díaz contó que después de ese crimen apareció Jairo Lopera para comprarle su finca y que él la vendió por miedo. El Tribunal no le creyó, porque nunca apareció la denuncia que había puesto por el secuestro y porque él mismo declaró que nadie lo había amenazado para que aceptara el negocio.
También está el caso de Carlos Páez, fuente obligada para hablar sobre el despojo en Urabá y el reciente movimiento de recuperadores de tierras (o invasores, según se mire). Además de dirigir Tierra y Vida, Páez ha reclamado durante años una finca que su padre le vendió a la empresa Guacamayas. Según él, Juan Mejía y dos hombres armados obligaron a su papá a firmar un contrato de compraventa, a cambio del cual le entregaron $20 millones.
Con base en testimonios y documentos, el Tribunal determinó que el padre de Páez buscó quién le comprara la finca y que la compañía desembolsó uno a uno los pagos a los que se comprometió. Mejor dicho, que no hubo despojo.
Situaciones similares ocurrieron en los otros casos. La evidencia demostró que los reclamantes habían negociado sin presiones y que transaron sus tierras por la violencia que vivía Urabá, pero no porque hubieran recibido amenazas.
El magistrado que decidió sobre el caso también dijo que nadie había podido probar que Guacamayas se hubiera involucrado en el conflicto armado. Sobre todo porque Raúl Emilio Hasbún, el antiguo comandante de los ‘paras’ en la zona, negó cualquier vínculo con la empresa. Ese exparamilitar, que le entregó a las autoridades un extenso listado de las compañías bananeras y de los ganaderos que financiaron a las Autodefensas, dijo que “ni siquiera sé quiénes son los socios de ASA”.
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Inconformes con la decisión del Tribunal, las víctimas y la Fiscalía acudieron a la Corte Suprema, con la esperanza de que les devolvieran sus tierras. Pero en vez de darles la razón, la Corte profirió una sentencia de 160 páginas en la que confirmó todas las conclusiones a las que había llegado el Tribunal de Medellín y aseguró que los reclamantes mintieron.
El caso, que no siguió la ruta establecida en la Ley de Víctimas, es una clara muestra de que el proceso de restitución tiene matices, aún cuando, es cierto, la justicia y la academia han demostrado que alianzas entre civiles y paramilitares despojaron a cientos de campesinos para poner en marcha proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva.
