Con su proyecto de ley de niñez, infancia y adolescencia, el gobierno está creando un entramado jurídico para que el Estado sea una policía de la moral.
Por: Emmanuel Vargas Penagos
El proyecto de ley de niñez, infancia y adolescencia que promueve el Ministerio de las TIC, bajo el manto de un fin tan valioso como proteger a los menores, puede terminar en censura excesiva en Internet y en los medios de comunicación. Una vez más, el gobierno de Duque, interesado siempre en que su cara se vea bien limpia, promueve restricciones a la libertad de expresión como si no costara nada.
Una de las partes más polémicas del proyecto de ley es que crea una comisión de expertos que propondrá “iniciativas técnicas y administrativas sobre sistemas o mecanismos de detección, control parental, filtro y clasificación de contenidos”. ¿Quién elige a los expertos? El gobierno, por supuesto.
Es imposible leer la creación de esa comisión sin recordar el Consejo de Clasificación Cinematográfica y las cortes que, durante la dictadura de Chile, prohibieron la exhibición de la película “la Última Tentación de Cristo”. En su momento, una de las cortes chilenas consideró que estaba bien censurar la película porque “la grandeza de una nación” se mide “por el cuidado que ella otorga a los valores que le permitieron ser y crecer” y que si estos se “descuidan [o] dejan manosear “, “la nación peligra”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, dijo que esta forma de censura era contraria a la libertad de expresión.
Esta comisión, aunque el gobierno la quiere hacer ver como algo inocente, corre el riesgo de convertirse en un grupo de amigos del presidente que deciden lo que puede afectar a los menores con base en sus propios sesgos y creencias. En manos del gobierno de la Virgen de Chiquinquirá y demás vocaciones virginales, corremos el riesgo de tener un grupo de sacerdotes, oficiales o no, como una versión moderna del padre Adelfio de Cinema Paradiso, dedicado con pasión a revisar todo tipo de producciones y sonar su campana para recortar besos, calzones y tetas.
El proyecto de ley, inspirado en una visión de control, obliga que las empresas prestadoras de los servicios de Internet implementen sistemas para prevenir la difusión de “contenido que atente contra la integridad moral, psíquica o física de la niñez, la infancia y la adolescencia”. Luego, establece que el incumplimiento de este u otros deberes, puede llevar a la suspensión de la licencia por dos meses, o multas millonarias. Es obvio que, a través de esto, las empresas de Internet se van a sentir intimidadas y van a poner los filtros más severos posibles para evitar que les pongan alguna sanción de este tipo.
Las empresas prestadoras de servicios de Internet no son las únicas afectadas. Los medios televisivos y de radio también pueden ser sujetas a restricciones por incumplir con el entramado moralista que puede terminar armado con esta ley. No sería raro que, una vez más, volviéramos al pasado, a momentos como cuando la Comisión Nacional de Televisión ordenó sacar del aire el programa María C. Contigo (levanten la mano los millenials que recuerdan este inocente talk show) por su “tratamiento obsceno y morboso dado al tema de la sexualidad”. O volver a esos días en que el Consejo de Estado consideró que el gobierno tenía que controlar y sancionar a El Mañanero de la Mega para darle la razón a un grupo de papás que pensaban que ese programa radial tenía contenido “sexualmente explícito” e “indecente”. Tanto en una como en otra oportunidad, la Corte Constitucional consideró que esas medidas eran censura.
O puede que simplemente se inspiren en el algoritmo tonto de Instagram que bloquea todo tipo de contenidos con la palabra marica sin mirar el contexto.
“Proteger a los niños” es el caballito de batalla que, a la par que el miedo a convertirse en Venezuela, usan grupos políticos como el del gobierno Duque para restringir libertades. Tanta facilidad para decir lo que está bien o mal para los menores puede llevar a restricciones moralistas sobre contenidos incómodos, escandalosos, chocantes u ofensivos pero que son válidos en la democracia. Incluso, por qué no, sobre denuncias públicas o contenido relacionado con violaciones de derechos humanos.
De la misma forma en que Chávez usó la ley de televisión para cerrar canales opositores con la simple excusa de que podía hacerlo, podemos caer en manos de algún gobernante dispuesto a censurar a alguien con la máscara más sutil y convincente: Hay que pensar en los niños.
A Emmanuel lo pueden leer acá.
