OPINIÓN | Alejandra Gaviria, vocera del Movice, sostiene que la Comisión de la Verdad arrancó con un sinsabor.
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Gaviria se enfrentó con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el pasado domingo en el Congreso. Imagen: Captura de video
Por Alejandra Gaviria S.*
Además de generar espacios de reconciliación, el posconflicto nos pone ante escenarios de disputa. Quizás uno de los más importantes, al menos para las víctimas, es el de la lucha por la verdad.
El pasado jueves, el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión de la Verdad, un organismo acordado en La Habana para que, con información de distintas fuentes, nos cuente desde todos los ángulos qué pasó durante la guerra. Pero la Comisión arrancó con un sinsabor. Las víctimas de crímenes de Estado, aunque convocadas al evento de instalación, no fuimos invitadas a intervenir ni a hacer parte del grupo de víctimas que acompañaban al presidente. Entonces, tuvimos que pedir la palabra.
Este episodio, uno más de la asimetría con la que el gobierno trata a las víctimas, nos pone a reflexionar sobre el papel de la Comisión y de los nuevos escenarios de memoria y de reconstrucción de la verdad que traerán los acuerdos de paz que firmaron el gobierno y las Farc. El país no puede correr el riesgo de pensar que ambos temas se reducen a las iniciativas gubernamentales, algunas de las cuales se han venido desarrollando bajo el paraguas de la Ley de Víctimas.
Y no podemos correr ese riesgo porque, aunque durante mucho tiempo buena parte de la sociedad guardó silencio frente al conflicto (al punto de que algunos gobiernos negaron su existencia), las víctimas han asumido la labor de denunciar lo que ha sucedido en las regiones de Colombia. Gracias a esa labor, a la sociedad se le hizo imposible seguir evadiendo su responsabilidad de rechazar lo que millones de víctimas hemos tenido que vivir.
Los intentos por explicar qué nos ha pasado en estas décadas de violencia sociopolítica se vienen desarrollando hace mucho tiempo, y antes de que cualquier ley lo reglamentara: esa ha sido una de las grandes contribuciones de las víctimas a la construcción de país. Para ello, hemos utilizado el espacio público como herramienta de la memoria. Hacen parte del repertorio un sinnúmero de monumentos, museos, memoriales, murales y galerías de la memoria, entre otras prácticas artísticas y culturales.
Ejemplo de iniciativas independientes de construcción de memoria hay en cada territorio colombiano. Por ejemplo, el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, en San Carlos, Antioquia. Es una casa que fue utilizada como centro de operaciones paramilitares, por lo cual era conocida como ‘la casita del terror’. En 2005, cuando se llevó a cabo la desmovilización de los grupos paramilitares, organizaciones sociales de la región decidieron tomarse la casa, que se había convertido en un referente de muerte, tortura y desaparición, para hacer procesos de construcción de memoria, mapeo de fosas comunes y atención a víctimas.
También está el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo, que lleva más de 15 años de existencia y que ha sido gestado e impulsado por los familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo, ocurrida entre 1986 y 1994. Un lugar que es templo no solo de la memoria del horror, sino también de la memoria y de la persistencia de los familiares en la búsqueda de sus derechos a la verdad y a la justicia.
Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, pasando por Tumaco, Nariño; Cartagena del Chaira, Caquetá, y llegando al Amazonas, se encuentran iniciativas de víctimas y de ciudadanos que a través de la memoria y sus lugares rememoran unos sucesos pasados y a sus víctimas. Además dialogan con sus comunidades sobre las posibilidades para transformar y superar esos hechos, bajo la premisa de que la verdad y la memoria son dos principios fundamentales para avanzar en la construcción de la paz.
Por eso, es importante recordar que el deber del Estado no consiste en hacer sus propios museos o iniciativas en las ciudades, para transmitir lo que sus funcionarios consideren. Como lo expresa la Ley de Víctimas, ese deber consiste en darle garantías a la sociedad para que, a través de sus propias expresiones, pueda avanzar en la reconstrucción de la memoria y aportar a la realización del derecho a la verdad. Para que esto se cumpla, necesitamos que el Estado reconozca los aportes exitosos de los ciudadanos.
Esto, obviamente, debe verse reflejado en que los museos permitan la participación efectiva de diversos sectores de la sociedad. La Comisión de la Verdad, de otro lado, debe tener como insumos fundamentales los archivos, informes y metodologías aportadas por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y por las iniciativas de memoria independientes. Ambos (museos y Comisión) deben ayudar a fortalecer los lugares de memoria existentes, reconociéndolos como espacios de dignificación, discusión y participación.
No hay memoria histórica y esclarecimiento de la verdad que se puedan construir sin la participación decisoria de las víctimas y de las iniciativas ciudadanas en el tema, como por ejemplo los lugares de memoria independientes.
* Vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
** Este es un espacio de opinión. No representa la visión de ¡Pacifista!
