¿Ni plebiscito ni constituyente?

Mientras el Gobierno y las Farc continúan la puja por el mecanismo de refrendación de los acuerdos, expertos opinan que las propuestas de ambas partes son inadecuadas.

Cuando se pensaba que las discusiones más difíciles de la negociación ya se habían surtido en La Habana, las diferencias entre el Gobierno y las Farc sobre el mecanismo para refrendar los acuerdos parecen un serio obstáculo para cumplir la fecha de cierre que las partes anunciaron el año pasado: marzo de 2016.

Esta semana, mientras la guerrilla insistió en que el plebiscito que defiende el Gobierno es un mecanismo “improcedente”, el presidente Juan Manuel Santos anunció que no cederá en su empeño de poner en marcha esa iniciativa, que ya fue aprobada por el Congreso y que está a la espera de revisión en la Corte Constitucional.

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Pero si la decisión del Gobierno ha desatado inconformidades en la delegación de paz de las Farc, que la han catalogado como “unilateral”, en el Ejecutivo también ha generado molestia la propuesta de la guerrilla de convocar a una asamblea nacional constituyente. Por ahora, todo indica que no hay puntos de encuentro y que la discusión al respecto dominará buena parte de la recta final de los diálogos.

Justamente, el tema fue objeto de debate en el foro “Fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación”, el último de los cinco que realizaron la Universidad Nacional y Naciones Unidas por solicitud de la mesa de conversaciones. Esta vez, más de 700 representantes de organizaciones sociales y políticas se reunieron en Bogotá para presentar sus propuestas sobre los puntos tres y seis de la agenda.

Allí, y en contravía de las propuestas del Gobierno y de las Farc, el panel de expertos que discutió sobre la refrendación concluyó que ni el plebiscito ni la constituyente son los mecanismos idóneos para legitimar lo pactado en La Habana.

Respecto a la apuesta de las Farc, el jurista y profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny dijo que era “inadecuada”, no sólo en términos políticos, sino también por cuestiones de procedimiento. La constituyente requiere la expedición de una ley convocante que debe ser revisada por la Corte, además de una votación para definir si los electores aprueban o no la convocatoria y la composición de la eventual Asamblea. Ese proceso, según Uprimny, podría tomar un año, tiempo durante el cual los acuerdos quedarían en el limbo.

El otro problema es el umbral. En esa votación no sólo debe ganar el “sí”, sino que esa opción debe representar el 33% del censo electoral, unos 11 millones de votos. La cifra, dice Uprimny, sólo se podría alcanzar con un gran pacto político que involucre a la mayor cantidad de fuerzas posibles, lo cual no es “viable en este momento”.

Esas condiciones, en su opinión, estarían dadas en unos dos o tres años, cuando la etapa de posacuerdos esté en marcha. En ese caso, se podrían “abordar los temas que no pudieron ser resueltos en el acuerdo final y los que este Congreso no ha sido capaz de enfrentar, como el ordenamiento territorial y la reforma a la justicia”.

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Uprimny propone que la Corte ajuste el plebiscito que aprobó el Congreso para superar sus ‘errores de forma’ y lo convierta en un nuevo mecanismo de participación ciudadana, que sirva para refrendar los acuerdos y permita poner en marcha un mecanismo especial para la implementación. En suma, que le quite la palabra “plebiscito” y la cambie por una especie de “votación ciudadana para la refrendación”.

La razón para ello es que, tal como está consignado en la ley, un plebiscito sólo sirve para que la sociedad se pronuncie a favor o contra de una decisión del Gobierno que no introduzca modificaciones a la Constitución y no requiera la aprobación del Congreso.

Para el exministro Álvaro Leyva, el “plebiscito refrendatorio” de Santos excede esa definición y tiene el carácter de referendo, además de que ignora el hecho de que los acuerdos no son una decisión del Presidente, sino “el resultado de un aparato distinto, que es la mesa de La Habana”.

La otra dificultad estaría en una parte del texto que salió del Congreso, según el cual la aprobación del plebiscito le otorga facultades a todas las instituciones del Estado para asumir el “desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”. Leyva dice que esa decisión se traduce en que “el plebiscito no refrenda nada, porque lo que debería refrendar lo remite al Congreso, al Presidente y a los demás funcionarios del Estado”, que tendrían ‘carta blanca’ para realizar toda suerte de reformas.

Más aún, el exministro es enfático en que “aceptar el plebiscito es jugar con la paz. Se trata de un hecho político que modifica a fondo el Acuerdo General de La Habana, porque desaparece el punto seis de la agenda” al resolver “unilateralmente” los temas de la refrendación y la implementación, que se supone deben ser acordados por el Gobierno y las Farc.

El excandidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes, tampoco está de acuerdo con el plebiscito. Holmes coincide con Leyva en que el mecanismo que propuso el Gobierno tiene pretensiones de referendo, y opina que ese última sería una opción adecuada desde el punto de vista legal, aunque con múltiples dificultades prácticas.

Por eso, propone un “gran acuerdo político y de Estado” para diseñar un mecanismo nuevo de participación, que él llama “consulta refrendataria”. Se trata de una convocatoria para que los ciudadanos respondan “sí” o “no” a la pregunta de si aprueban los acuerdos y la instalación de un congreso transitorio para la paz o una asamblea nacional constituyente que expidan todas las normas que se requieran para darle vida a lo pactado de Cuba. Esa opción, dice Holmes, resolvería de una vez los problemas de la refrendación y la implementación.

Al margen de coincidir en que ni el plebiscito ni la constituyente son opciones adecuadas, los panelistas dejaron claro que el mecanismo debe decidirse en La Habana, tal como quedó consignado en la agenda que acordaron el Gobierno y las Farc en 2012.