Tres asesores expertos viajaron a La Habana para sumarse a las discusiones sobre el tema de justicia. Su papel es proponer la fórmula para que el proceso no sea “un intercambio de impunidades”.
El Alto Comisionado para la Paz anunció este lunes la llegada a la mesa de conversaciones de tres asesores que, según se explicó en un comunicado, se integrarán “al grupo de trabajo para los temas de justicia”. Tres juristas que tendrán la difícil tarea de moldear técnicamente un modelo de justicia que complazca tanto al Gobierno como a las Farc, pero, sobre todo, a los colombianos.
Esos nuevos asesores son Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad Externado de Colombia; Manuel José Cepeda, quien puede ser considerado uno de los primeros impulsores de la Constitución del 91 y exmagistrado de la Corte; y Doug Cassel, experto en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Notre Dame.
El propósito que tiene el Gobierno empezó a rodar a principios de febrero durante un conversatorio en el Hay Festival en Cartagena. “No fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. En el mundo de hoy no hay lugar para amnistías, amnistías generales no tienen cabida y ese ha sido un elemento central de la postura del Gobierno”, dijo Humberto de la Calle, el jefe de la delegación oficial insinuando los principios que guían la discusión del modelo de justicia.
No es un asunto nuevo, ni sencillo. De hecho el tema de justicia ha sido uno de los puntos en que se ha hecho más difícil acercar las posiciones del Gobierno y las Farc y, tal vez, el que más preocupa a los críticos del proceso. Sin embargo, esa fórmula del “no intercambio de impunidades” da cuenta de que el Gobierno insiste en que debe haber castigo para los máximos responsables de nuestra guerra.
La idea se ha sumado poco a poco al discurso del Gobierno y hace apenas un par de meses el mismo De la Calle, en un foro sobre el proceso, aclaró un poco más el asunto: “No se trata de condenar a las Farc y darle impunidad a los agentes del Estado. No basta con buscar una solución para una sola de las partes. Y tampoco se trata de aplicar criterios internacionales a los agentes del Estado y pasar la hoja con las violaciones de las Farc”.
Está claro que la fórmula no está definida. Asuntos como el tratamiento que se dará a los crímenes de Estado, a las condenas que ya fueron impuestas y a los casos que apenas se investigan, tendrán que ser valorados para la elaboración de un modelo que apunte a seleccionar los máximos responsables del aparato oficial.
También, hay que sumarle a la discusión que la delegación de las Farc insiste en que no firmará un acuerdo que implique cárcel exclusivamente para sus combatientes. Han dicho que recluir a sus hombres en las penitenciarías del Estado y someterse a las normas penales vigentes en el país sería asumir la derrota en una guerra que han librado durante más de 50 años y que, en la realidad, no la han perdido.
Sectores abiertamente garantistas y afines al proceso han asegurado que la reclusión es el único mecanismo para blindar los acuerdos de la eventual intervención de una corte internacional. Esa es la posición que ha defendido, por ejemplo, el abogado Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia.
Para él, deben existir penas privativas de la libertad para los máximos responsables de todos los actores del conflicto. De no hacerlo, los acuerdos tambalearían porque en el escenario internacional podría asumirse que no se está administrando justicia de forma adecuada en un escenario de posconflicto.
Aunque el Gobierno los presenta en unas pocas líneas y no ahonda en los detalles de su participación, aclara que los tres expertos que se sumarán a la subcomisión técnica que discute el modelo de justicia sesionarán en paralelo a la discusión del punto de víctimas y a la subcomisión para el fin del conflicto.
Su llegada da cuenta de que todavía falta tiempo para un acuerdo sobre el tema de justicia, que hace parte del punto de víctimas y que, dicen quienes conocen las entrañas del proceso, está avanzando a buen ritmo. La propia guerrilla, en un comunicado de julio pasado, aseguró que faltaba poco para culminar un acuerdo. Sin embargo, su propia delegación ha acuñado el término de la “enredadera jurídica” para referirse al asunto. Eso indica que incluso para ellos no es asunto fácil y que el tema del castigo genera contradicciones difíciles de superar.
