OPINIÓN | Lo sucedido con la denuncia del New York Times sobre la posible existencia de 'falsos positivos' también es una pelada del cobre sobre la posición de este gobierno frente al periodismo investigativo.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
El 22 de mayo, varios periodistas denunciaron en Twitter que, al parecer, agentes de contrainteligencia del Ejército estaban investigando quién entregó información al New York Times sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales. Sería una exageración decir que quien entregó información al diario gringo corre peligro, pero también es difícil pensar que la búsqueda es para entregar una medalla.
Cumplen diligencias muchos uniformados en la Segunda División del Ejército. Los citan con diversos pretextos, pero las “charlas” terminan en que se les piden datos sobre quién habría entregado información al New York Times.
— GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) 22 de mayo de 2019
En lugar de tomar correctivos para evitar ejecuciones extrajudiciales, hombres de contrainteligencia buscan identificar fuentes del periodista. Nada más contrainteligente.
— Daniel Coronell (@DCoronell) 22 de mayo de 2019
Tenemos información de que ha comenzado la cacería contra los oficiales que denunciaron la directiva que vuelve a medir los resultados del ejército por el número combates y de bajas. La directiva fue retirada luego del artículo del NYT pero la doctrina que la respalda no.
— María Jimena Duzán (@MJDuzan) 22 de mayo de 2019
Encuentren o no a la fuente del Times, un resultado esperado de esta búsqueda es el miedo. Saber que te va a ir mal si denuncias a tus jefes es algo que asusta: ¿me van a echar?, ¿me van a mandar a la cárcel?, ¿corre peligro mi vida? Posiblemente eran preguntas que ya se hacía quien entregó la información al periodista Nicholas Casey y por eso prefirió hacerlo ante un medio de comunicación en lugar de un superior o algún órgano de control. No sería descabellado decir que el denunciante ahora tiene más miedo. Tampoco es extraño pensar que otras personas en el Ejército o en otras entidades se la van a pensar dos veces antes de revelar la posible existencia de delitos en su lugar de trabajo.
Esto, al final, es un peligro para la lucha contra la corrupción y para el periodismo investigativo. Como conté en esta columna, entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han identificado que las denuncias de empleados que buscan que su nombre permanezca en secreto (comúnmente conocidos como whistleblowers) son la forma más frecuente para identificar delitos y suelen ser más efectivos que los mecanismos internos de las entidades. En Colombia hemos visto que este tipo de denuncias han servido para destapar grandes ollas podridas en Colombia: El DAS, Andrómeda, etc. El propio caso del Times es un ejemplo, pues el Gobierno anunció que revocará la directiva que el diario denunció. El periodismo necesita fuentes y estas requieren protección.
La tradición en Latinoamérica es la de “castigar al sapo”, en lugar de apreciar la valentía de quien arriesga su trabajo, su libertad o su vida para que la gente conozca algo que parece estar mal. Transparencia Internacional identificó en un estudio que 28 % de los que denunciaron actos de corrupción afirmaron recibir consecuencias negativas.
Tradicionalmente se ha visto que el periodista que reciba información filtrada tendrá garantías para publicar lo que considere de interés público. Parece que esto no sucedió en el caso del Times, pues el periodista Nicholas Casey tuvo que dejar el país por razones de seguridad. En Estados Unidos, mientras tanto, se anunció que Julian Assange sería procesado por recibir y publicar información clasificada. Esto es algo que el propio Times ha denunciado como un peligro para la libertad de prensa y contrario a la tradición de ese país de proteger ese derecho. Los periodistas reciben y publican de manera secreta todos los días. Esperemos que el gobierno de Duque no siga este mal ejemplo.
El gobierno tiene que corregir y prevenir las retaliaciones contra los denunciantes de actos de corrupción. Duque podría seguir el ejemplo de la Unión Europea, que estableció medidas sobre el tema en abril. Es fundamental que existan mecanismos de denuncia seguros y garantías para el que denuncia. También es clave que el gobierno no tenga ninguna ambigüedad sobre la protección para los periodistas que reciben información reservada. Casos como el denunciado por el New York Times son de interés público y, en lugar de hacer descalificaciones, se debe promover el debate. De lo contrario, es posible que las “manzanas podridas” infecten el árbol porque nadie va a estar para notarlas.
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