OPINIÓN. El desminado también deben servir para que la gente tenga una vida digna.
Por Nicolas Uribe Rivera
En las zonas más golpeadas por la guerra subsiste uno de los problemas más complejos de superar: la presencia de artefactos de guerra sin explotar como las Minas Antipersonal (MAP), los Artefactos Explosivos Improvisados, los Restos Explosivos de Guerra y las Armas Trampa, dejados por diversos actores del conflicto. Esos artefactos han afectado frecuentemente a la población civil, y hay riesgo de que ello siga ocurriendo pese a la terminación de la guerra.
Entre 1990 y marzo de 2016, según datos del Gobierno, en 693 municipios del país se ha registrado por lo menos un evento en el que, por cuenta de esos artefactos, resultó lesionado un civil o un integrante de alguna de las partes en conflicto. En ese periodo se reportaron 33.894 eventos con MAP y con Municiones sin Explotar (MUSE), para un total de 11.458 personas afectadas.
La situación ha puesto al país como la segunda nación con más víctimas de minas. El 17% de los 1.200 municipios que hay Colombia están en el rango de afectación alta, seguidos por más del 25% de los municipios en categoría de afectación media. Eso significa que esta problemática aqueja a por lo menos 28 departamentos de los 32 que tiene el país. Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño y Norte de Santander serían los cinco departamentos con el mayor número de víctimas.
Ante ese panorama, el concepto de “desminado humanitario” cobra valor, pues debe constituir la oportunidad para generar desarrollo territorial desde un enfoque comunitario que retorne los derechos sociales, económicos y políticos de quienes habitan los lugares donde este fenómeno ha sido recurrente. Las diferencias intrínsecas al apellido “humanitario”, que se le otorga a cierto tipo de desminado para diferenciarlo del militar o del comercial, no pueden ser únicamente la participación de civiles en la remoción y destrucción.
Sin el ánimo de juzgar la labor que las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) vienen desarrollando en nuestro país, es evidente que en muchos territorios han dejado a un lado la participación directa de las comunidades en el diseño de planes para la limpieza y descontaminación. Y, al mismo tiempo, se han olvidado que el carácter humanitario del desminado es que la comunidad pueda recuperar su proyecto de vida, reconstruir el tejido social, recomponer las dinámicas culturales, desmilitarizar la vida civil e iniciar el camino hacia una vida digna. El desminado debe ser un ejercicio riguroso en lo técnico, pero también en lo político.
Por estas razones acaba de nacer la Corporación Colombiana para la Descontaminación del Territorio (CCDT), compuesta por organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, defensores de derechos humanos, ambientalistas y víctimas, que se plantean la Acción Integral Contra Minas como uno de los frentes de trabajo para construir paz territorial. La Corporación busca articular organizaciones sociales regionales para generar procesos de educación en el riesgo, asistencia integral y desminado humanitario. Su premisa es trabajar sobre la base de la participación local.
Esperamos que a partir de la CCDT las comunidades participen en las tareas de limpieza, pero, además, que exhorten a los operadores y al Estado a beneficiar a la gente del común poniendo en el orden del día las realidades territoriales, tales como la existencia de cultivos de uso ilícito, la falta de reconocimiento de los derechos de los campesinos, el despojo de tierras, la carencia de educación y salud, la falta de presencia institucional y su marginación de la planificación de alternativas para los municipios.
La CCDT ingresa al sector de la Acción Integral Contra Minas con el único objetivo de aportar en el mejoramiento de las técnicas y procedimientos. En principio, quizá no desde sus capacidades en el desminado, pero sí desde la experiencia de trabajo de las organizaciones que han hecho presencia en zonas de conflicto. Todo ello articulando conocimientos con los operadores y con la Dirección para la Acción Integral Contra Minas, buscando que los directos afectados sean protagonistas.
El esclarecimiento del uso de artefactos explosivos en el conflicto también debe ser parte de la transición de una sociedad en guerra a una en la que no se use la violencia para hacer política. Las comunidades deberán acudir a la Comisión de la Verdad para completar el pedazo de la historia que tiene que ver con este fenómeno.
El reto del desminado sobrepasará la proyección de declarar a Colombia como un país libre de minas en 2021. Para que el proceso sea exitoso se necesitará de la presencia activa de todos los actores: la Fuerza Pública, las organizaciones civiles, la insurgencia; la institucionalidad municipal, regional y nacional; la comunidad internacional, y, sobre todo, los colombianos que vieron resquebrajadas sus vidas, su libertad y su dignidad por cuenta de la guerra.
