18 de marzo: el día en el que el respaldo a la JEP se trasladará a las calles

En las plazas públicas de las principales ciudades del país se llevará a cabo una movilización sin precedentes, por la defensa de la justicia transicional.

Después de las marchas que marcaron el segundo semestre de 2018 — como la estudiantil y la de los trabajadores— llega una movilización sin precedentes: la defensa de la ciudadanía por la supervivencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc. Hoy, desde las cinco de la tarde, las plazas públicas de las diferentes ciudades del país se convertirán en un escenario de manifestación a favor de la JEP.

Esta movilización nacional es la continuación de la primera marcha que se realizó el pasado 13 de marzo en favor de la JEP, en la que 1.000 personas se manifestaron en la Plaza de Bolívar. Hoy, la idea es que la marcha trascienda a una movilización nacional y que alcance la participación de más de 100.000 personas.

Esta marcha surge de las últimas decisiones del presidente Iván Duque con respecto a la JEP: objetar seis puntos de la ley estatutaria que permite el pleno funcionamiento de la Jurisdicción  y la propuesta de formular una reforma constitucional para cambiar el Acto legislativo 01, que sienta las bases del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

En este proceso de modificación se juega la seguridad jurídica de más de 13.000 excombatientes que entraron en proceso de reincorporación y de por lo menos 2.700 militares que se sometieron a la JEP en busca de amnistías a cambio de verdad y reparación.

Uno de los puntos más preocupantes es la reforma que presentará Duque en el Congreso para modificar el Acto Legislativo 01. Duque quiere excluir los delitos sexuales a menores en la justicia transicional y que “todas las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición”.

A la JEP se han sometido 11.675 personas las que se han sometido a la JEP y, hasta el momento, los siete casos de reparación beneficiarían a 32.000 víctimas.

¿Quiénes apoyan?

Para los partidos de oposición, las decisiones de Duque ponen en riesgo la institucionalidad de Colombia como un Estado de Derecho, pues demuestran que desde el ejecutivo el presidente pretende incidir en la rama judicial.

El movimiento #DefendamosLaPaz— el cual está convocando las marchas— es respaldado por integrante del equipo negociador del gobierno nacional en los diálogos por la paz, el equipo negociador de las FARC y las diferentes plataformas sociales de paz y derechos humanos, además de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles, líderes, representantes y veedores.

Para Darwin torres, integrante de la convergencia de movilizaciones por la paz, el gobierno no está demostrando voluntad de paz y como ejemplo están  “las 6 objeciones que atentan contra los acuerdos, contra lo pactado, pero sobre todo contra la verdad, la integridad y las víctimas”.

¿Cuáles son los seis puntos que objetó Duque?

1. El Presidente Duque presentó reparos al artículo 7 de la Ley Estatutaria,  el cual trata sobre la reparación de las víctimas. Según Duque, “los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”. Sin embargo, la Corte Constitucional ya había señalado que los excombatientes están obligados a entregar bienes y que cualquier beneficio penal estará condicionado a que cada excombatiente contribuya a la reparación integral de las víctimas.
2. También objetó el inciso octavo del artículo 63. Este indica que sólo el Alto Comisionado para la Paz puede verificar y ajustar las listas de quienes son dirigidos a la JEP. Sin embargo, la Corte Constitucional había señalado que, en casos excepcionales, la JEP puede ajustar los listados.
3. Objetó el inciso tercero del literal J del artículo 79, para que sean tenidos en cuenta “los valiosos recursos investigativos de las autoridades con experiencia y capacidad” de la Fiscalía. No obstante, vale la pena señalar que la Corte estableció que la Fiscalía puede seguir investigando y recolectando pruebas hasta 3 meses antes de que la JEP presente su resolución.
4. Por otro lado, Duque también objetó el parágrafo 2 del artículo 19. El presidente dice que “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad con quienes no son máximos responsables”.
5. Ante la duda si la JEP podría tener acceso al material probatorio necesario para las investigaciones, el presidente objetó el artículo 150 , pues, para él, la “Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas”.
6. Por último objeto el artículo 153, “porque se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”.

Voces de la oposición

Para la congresista Ángela María Robledo, “la Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo fundamental que le va a permitir a las víctimas de Colombia conocer la verdad. Hoy la justicia transicional está amenazada, por eso tenemos que salir”.

Una mujer de la oposición, Gloria Cuartas, política, trabajadora social y defensora de derechos humanos en Colombia, se pronunció el pasado 13 de marzo en la Plaza de Bolívar  “Respaldamos a la JEP, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, por el derecho a la memoria y el derecho a la verdad “

María José Pizarro, del partido Decentes, nos dijo lo siguiente:  “Necesitamos que el 18 de marzo esta plaza este a reventar, por el nombre de nuestro padres y nuestras madres, yo llevo 29 años esperando verdad, y como yo miles de personas en este país esperan verdad y justicia”.

Luis Emil Sanabria, de RedePaz, señaló que es necesario garantizar la no repetición de los hechos, por la paz, por la vida y la reconciliación este lunes 18 de marzo tenemos que salir a marchar: “La sociedad colombiana hace más de 30 años ha venido trabajando por buscar la reconciliación, la justicia social, la equidad que ha sido tan afectada por el conflicto armado”.