En la arena, con sus diferentes texturas y colores, se combinan también los diversos problemas que incluyen intereses empresariales, crisis laboral de pequeños areneros y acciones de grupos ilegales.
La Cola de Rata y La Liga contra el silencio
La hacienda Jaibaná se encuentra a unos cinco kilómetros de Caimalito, Risaralda, y limita en un largo trayecto con el río Cauca. Allí, con permisos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), funciona la empresa Dragado San Miguel.
La draga, con un tubo de succión de seis metros de largo y 20 centímetros de diámetro, tiene licencia para extraer 150 metros cúbicos de material de río en ocho horas, 25.000 anuales y con expectativas de extraer 96.000 en un futuro. En comparación, cada arenero artesanal, un hombre y su pala, está autorizado a sacar 120 metros cúbicos mensuales, según la Resolución 4003 de febrero del 2017.
Las normatividades ambientales cambian; por eso ahora las exigencias son mayores. “Hay mucha polémica con la draga San Miguel, pero esa era la licencia y ese el modelo de explotación que a ellos les autorizó la ANM”, dice Ana María Guapacha, geóloga coordinadora del grupo de minería de la Carder. “Pero puedo decir con certeza que si hoy hubiera llegado esa licencia a la Corporación, habría unos requerimientos mucho más estrictos”. Guapacha se refiere a las normas actuales que exigen procesos menos dañinos con el entorno, como la ubicación de la draga y otros aspectos técnicos.
Para el arenero Jaír Henao, la draga es uno de los principales problemas que enfrenta su gremio. “Nadie controla eso. La Carder llega una vez al año y ellos sacan lo que es”, dice. Su voz inconforme es una de las pocas, pues es común el miedo en la comunidad para hablar sobre esta empresa y sus propietarios, conectados con el mundo político y con gran influencia económica.
Los negocios del socio
Gustavo Adolfo Lozano es miembro de las juntas directivas de Dragado San Miguel y de Arenas y Transportes de Colombia SAS, dos empresas que dominan buena parte del mercado de los productos extraídos del río Cauca y sus afluentes en el norte del Valle y en Risaralda. Fue representante legal de Dragado San Miguel hasta 2015.
Lozano es un empresario de la construcción en Pereira y sus alrededores. Varios de los más conocidos proyectos de vivienda han sido promovidos por su empresa Espacio y Diseño Construcciones SAS, la misma que construyó el edificio Pinamar, ubicado en un exclusivo sector residencial de Pereira, donde el alcalde Juan Pablo Gallo Maya compró un apartamento cuyo costo, más bajo de lo previsto, generó en su momento todo tipo de comentarios por parte de columnistas y opositores (ver). La Contraloría de Pereira determinó luego que no hubo irregularidades en la negociación.
Espacio y Diseño también se vio involucrada en el hundimiento y cierre total durante varios meses de una importante vía ubicada frente al barrio Pinares, debido a las excavaciones para la construcción del edificio Premium, destinado a lujosas oficinas. Hasta el momento no se conocen sanciones debido a este daño que afectó la movilidad del sector durante buen tiempo y la primera parte del proyecto se terminó a pesar de múltiples quejas ciudadanas (ver).
Lozano también es contratista del municipio de Pereira y de la Gobernación de Risaralda. A su cargo han estado diversas obras de infraestructura y de mantenimiento en Pereira, Santa Rosa, Armenia y Cartago (Valle del Cauca), entre otros lugares. En 2012, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca denunció un posible detrimento patrimonial por las obras de construcción para el encauzamiento de aguas lluvias en el barrio Cooperativo, cuyo contratista era el ingeniero Lozano, quien tampoco dio declaraciones.
Juan Camilo Restrepo López, doctorado en ciencias del mar y estudioso del proceso de sedimentación en ríos como el Magdalena, también tiene reparos sobre la explotación industrial de la draga San Miguel. “La curva donde está ubicada es un lugar crítico porque es el más propenso a experimentar reacciones frente a cambios como la erosión”. Según Restrepo, aguas abajo la extracción podría socavar las márgenes, desestabilizar las riberas o incluso provocar inundaciones. Esto se sumaría al impacto de la extracción artesanal.
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La ANM asigna y controla los volúmenes de extracción permitidos; mientras la Carder monitorea el plan de manejo y vigila que se cumpla la norma ambiental. Además, tanto la draga como los areneros artesanales deben cumplir con el Registro Único de Comercialización, RUCOM, un instrumento que formaliza la venta de materiales.
La hacienda Jaibaná no es el único punto que explota la draga San Miguel. Cinco kilómetros más arriba, sobre la margen izquierda, existe otro en la desembocadura del río Cañaveral. Allí hay más maquinaria y volquetas que transportan el material extraído.
Dragado San Miguel S.A. está registrada en la Cámara de Comercio de Pereira y tiene como representante legal a Luz Edith Gallego. Pertenece al grupo empresarial Arenas y Transportes de Colombia SAS, con sede principal en Roldanillo, Valle del Cauca, y otra sucursal que extrae materiales en Jamundí, en el mismo departamento.
La concesión inicial de la draga fue otorgada a Julia María Londoño, quien la tramitó en 1997 y obtuvo la licencia de explotación minera 21863. Desde 2001 celebró contrato de concesión minera con Minercol a 30 años, con una licencia ambiental que cubre el mismo periodo.
Pero el 9 de agosto de 2018, Londoño cedió el contrato a la Sociedad Dragado San Miguel, que desde mucho antes tenía el control de la concesión, según consta en los documentos registrado en Cámara de Comercio. Este trámite quedó oficializado mediante resolución de la Carder por 20 millones de pesos, un valor mínimo comparado con la inversión inicial, que según Londoño habría sido de 100 millones, según una comunicación dirigida a la Carder cuando inició los trámites de licenciamiento.
Los areneros han manifestado de manera constante su inconformidad por el manejo, el impacto ambiental y la competencia comercial que impone la draga. En 2018, en Cartago, sostuvieron un encuentro con uno de los propietarios para dirimir diferencias.
Los areneros también advierten sobre posibles derrames de combustible en el cauce del río. “No hemos tenido ninguna denuncia sobre derramamiento de ACPM, no lo hemos evidenciado. Los mineros artesanales se han quejado de cosas, pero nunca lo han denunciado formalmente”, dijo la geóloga Guapacha.
Por último, los areneros mencionaron que un cable de acero que cruza por debajo el río, desde la draga hasta la orilla opuesta, ha generado al menos dos accidentes de lanchas. La Carder no tiene registro de estas denuncias.
En una carta de agosto de 2004 la Asociación de Areneros Independientes de Caimalito expuso que la draga estaba causando un grave daño ecológico. “Debido a la profunda excavación que hace, el río agarra un cauce diferente, causando erosión y perjuicio a más de 700 familias que vivimos de la extracción de material de río de manera artesanal”, dice el documento.
“Los informes semestrales presentados no muestran que exista un deterioro grave de los recursos ambientales o que se esté presentando un cambio en la morfología del cauce”, respondió la Carder.
Los areneros dicen que no han denunciado de manera formal por miedo al poder que tienen los dueños de la empresa. “Esa gente tiene mucha plata y puede hacer lo que quiera”, dijo uno de ellos, quien prefirió no revelar su identidad.
Pero en la Carder sí existen varios llamados de atención a la empresa Dragado San Miguel. Estos son algunos:
El 10 de diciembre de 2010 hubo un reclamo por el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales que debe remitir la empresa. Lo mismo ocurrió con el ajuste del plan de manejo ambiental.
En el concepto técnico 3289 de 2016 se ordenó “suspender de inmediato las actividades que se encuentran en las zonas por fuera de los polígonos”. Los polígonos son los límites del área de concesión, en este caso debido a las actividades productivas por fuera de la zona trazada en el río Cañaveral y la construcción indebida de una vía de acceso, con afectación ambiental del entorno. También se halló una clasificadora de material de río (grava) en operación, sin contar con permiso para tal actividad.
Dragado San Miguel fue consultado a través de su representante legal y el administrador, pero no concedieron entrevistas.
Vivir con un balde en la mano
Cuando llueve mucho y se pronostican más días cargados de nubes, los areneros artesanales saben que vendrán semanas de angustias, que se verán obligados a trabajar en las pesadas labores del Ingenio Risaralda, que ocupa buena parte del territorio de La Virginia y de otros municipios.
Pero no solo el clima está en contra de esta actividad que lleva varias décadas –empezó entre los años 40 o 50 del siglo pasado, cuando Pereira arrancó su modernización–. La aparición de prácticas ilegales como el uso de motobombas por parte de algunos lancheros o la draga que desde 1998 inició labores luego de un permiso concedido por el Ministerio de Minas, son dos rivales que temen los areneros.
En los registros de la Carder solo aparecen solicitudes para extracción artesanal de arena a partir de 1993, debido a que en ese año se expidió la Ley 99 mediante la cual se exige licencia ambiental, comenta la geóloga Guapacha.
En Risaralda, la mayor parte de la actividad extractiva de materiales de río se concentra en varios lugares de la orilla occidental del río Cauca y en los ríos Mapa y Cañaveral. Los ríos Otún, San Eugenio y varias quebradas de Dosquebradas son otros puntos secundarios utilizados para esta actividad económica.
Pero la presencia de areneros es más notoria en el corregimiento de Caimalito, con 5.300 habitantes y perteneciente a Pereira, ubicado en el costado occidental del Cauca, río que los separa de La Virginia, municipio en el cual realizan buena parte de sus gestiones y con el cual se hallan más identificados. Los areneros ubicados en este sector cuentan con permisos para realizar sus labores de carácter artesanal y son vigilados tanto por el Ministerio de Minas, a través de su agencia minera, como por la Carder.
Hacia el norte del viejo puente Bernardo Arango, en Caimalito, se encuentra una playa de 350 metros de largo donde písamos, samanes, cauchos y vainillos dominaban la atmósfera. Allí, justo a la orilla del río, se extienden ocho bandas, como se les llama a las cintas mecánicas que ayudan a subir el material hasta las volquetas pertenecientes a firmas constructoras o a pequeños empresarios. Alrededor de ellas, docenas de hombres de diferentes edades mueven rítmicamente sus palas, otros permanecen a la espera en improvisadas casetas distanciadas de la orilla; algunos más observan o solo hacen pereza en los escaños hechos con guadua.
Tanto en este sector del Cauca como en el río Risaralda trabajan 400 o 450 areneros, algunos independientes y otros asociados, según Rogelio Martínez, presidente de ASOBER (Asociación de Areneros del Puente Bernardo Arango), uno de los cuatro grupos que trabajan en la zona. Martínez considera que este oficio “está de capa caída” porque antes eran muchos más.
Asober tiene 70 asociados y nació en el 2016 para reunir a quienes no estaban de acuerdo con el uso de motobombas. Cuenta con personería jurídica y está en proceso de otorgamiento de un área de reserva especial, figura que maneja la Agencia Nacional de Minería para permitir la explotación de pequeños mineros.
Las otras agrupaciones son la Asociación Independiente Departamental de Areneros de Caimalito con 67 socios, la Cooperativa Multiactiva y Cooperamos, de las cuales no se conoce información sobre el número de socios. Cada una de ellas tiene licencias para la explotación de los materiales de río y la mayoría realiza extracción artesanal mediante inmersión o con balde metálico.
Competencia desleal
No todo es idílico en este trabajo que ellos consideran artesanal. Dentro del gremio algunos usan aparatos prohibidos, como las motobombas, también conocidas como minidragas de succión. En caso de ser descubiertos enfrentarían a diferentes sanciones administrativas, según la Ley 1333 de 2009, régimen sancionatorio ambiental, advierte Elkin Gutiérrez, abogado especialista en derecho minero y contratista de la Carder. Además, también a procesos de carácter penal.
Para hacer más evidente el desequilibrio basta saber que un arenero llena una lancha de nueve metros por medio de unas 900 inmersiones con un pesado balde en la mano. Esa misma labor se realiza con motobombas en cuestión de minutos; esto, según la Carder, causa además daños ambientales en el lecho del río.
Una asociación en particular es señalada como permisiva con estas prácticas. Un número no precisado de areneros se desvincularon de Cooperar porque “ha permitido este tipo de trabajo ilegal con las motobombas; en un principio estuvo integrada por areneros artesanales, hoy está casi reducida a quienes manejan esas máquinas y uno que otro que permanece ahí”, asegura Martínez. Representantes de la Cooperativa Cooperar no respondieron las solicitudes de entrevistas.
El año pasado hubo varias protestas, dos de ellas con bloqueo de la vía que comunica a Pereira con La Virginia, la cual comunica a su vez con 10 municipios de Risaralda y es la entrada más importante a Chocó.
Debido a estas acciones, se crearon mesas de trabajo en las que participaron autoridades departamentales y municipales para hallar una solución al uso ilegal de motobombas. Uno de los convocantes a tales encuentros fue el gobernador de Risaralda, Sigifredo López. “Hemos trabajado para que mejore la minería artesanal, combatiendo la extracción mecanizada porque está afectando la minería artesanal de Caimalito y La Virginia”, dijo.
Pero la inconformidad sigue. Jaír Henao, el joven arenero, comenta que “los lugares más bajos (del río) están siendo atacados con motobombas y en tres años se han hecho dos operativos policiales. Ya están sacando lanchadas hasta de noche”. La “lanchada” de nueve metros, según Henao, se paga a 100 mil pesos y ellos –los ilegales– pagan 50 mil pesos, debido a la facilidad para extraer con estos aparatos que funcionan con gasolina. Esto genera una competencia desleal porque venden el material a mitad de precio.
“La Policía ha venido haciendo controles. Se hacen operativos tres veces al día, y operativos interinstitucionales en los que participan la Personería, la subsecretaría de Seguridad y convivencia y la Policía”, dijo la secretaria de Gobierno de Pereira, Adriana Vallejo.
Aunque la Policía es la encargada de los patrullajes en lancha, existen reparos porque estos operativos son informados con anticipación a través de “campaneros”, como manifiesta Vallejo, o por miembros de las mismas autoridades, como sugieren los areneros. Los patrullajes náuticos son infrecuentes.
Tanto la alcaldía de Pereira como la de La Virginia expidieron decretos donde se estipulan los patrullajes periódicos y la prohibición para la navegación nocturna a través del Cauca, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana. Pero en la práctica la norma no se cumple, y se han visto lanchas que de noche son usadas para actividades ilegales, según testigos.
Aunque el uso de minidragas de succión se reactivó a partir de 2015, tampoco es nuevo en la zona. De hecho, existen reportes periodísticos desde 1996, como este del 15 de noviembre de ese año publicado en El Tiempo: “Diez dragas instaladas en los ríos Cauca, Risaralda, Mapa y Cañaveral, en jurisdicción de La Virginia, extraen la arena y la gravilla casi al valor de la mitad de lo que cobran los areneros en su forma manual (sic)”. El denunciante fue Luis Antonio Gómez, entonces presidente de Cooperar, la misma que hoy se señala por tolerar dichas actividades con ayuda mecánica.
Aunque no fue posible una declaración oficial, fuentes de la Defensoría del Pueblo comentaron que detrás de la extracción ilegal es muy posible que se encuentren actores ligados al narcotráfico. En esto coinciden varios areneros que prefirieron no ser identificados.
Rogelio Martínez habla de amenazas. “A los líderes nos han dicho que si insistimos en la lucha y en la defensa de nuestra actividad artesanal, van a generar muertos para que se acabe tanto bullicio con el tema de las motobombas”.
A pesar del temor, existen denuncias por amenazas ante la Fiscalía de La Virginia, la Dirección Seccional de Fiscalías y otra de ellas en un consejo de seguridad citado por el gobernador. Pero los procesos no avanzan y continúan las intimidaciones.
El temor, la zozobra y el silencio se siguen juntando en torno el cauce del río Cauca y sus orillas. Muchos poderes coinciden en una actividad que, desde lejos, pareciera ser parte del paisaje costumbrista en Risaralda.
