#Divergentes | De acuerdo con un informe de Acción Técnica Social (ATS), aunque los consumidores han tomado medidas para evitar la sanción del decreto, este no ha afectado sus prácticas de consumo.
Mucho se especulaba sobre las consecuencias que podría traer el decreto de Iván Duque sobre la dosis personal y que le permite a la Policía decomisar y destruir cualquier sustancia ilegal que se porte o consuma en las calles. La decisión ha sido polémica y voces críticas se han levantado desde diferentes sectores que ven la medida como poco útil y populista, mientras que simpatizantes del gobierno la presentan como “necesaria” para disminuir el problema del microtráfico.
En ¡Pacifista! le hemos puesto lupa al tema y desde entonces hemos publicando análisis y testimonios de personas que han sido víctimas de requisas arbitrarias y desproporcionadas así como denuncias de diferentes organizaciones que han recibido casos de personas que aseguran que, además de terminar ‘empapeladas’ sin tener un problema real con las drogas, han sido –en algunos casos– extorsionadas por la Policía.
La Corporación Acción Técnica Social (ATS) ha sido una de esas organizaciones. Desde hace más de diez años se dedica al estudio del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y ahora, justo a un mes de haberse firmado el decreto de la dosis personal, publicó un informe sobre las consecuencias que ha traído dicha medida. Este trabajo es resultado de un sondeo que este colectivo realizó a 1.903 personas consumidoras –dos semanas después de la entrada en vigencia del decreto– para investigar su impacto.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
El sondeo se realizó en Bogotá entre el 13 y 17 de octubre de 2018. De las 1.903 personas tenidas en cuenta casi el 70 % eran hombres y el 30.2 % mujeres de todos los estratos socioeconómicos, aunque con mayor incidencia en los estratos 3 y 4 (41 % y 26 % respectivamente).
Lo primero que lograron identificar fue que si bien los consumidores emplearon medidas para evitar sanciones, el decreto en realidad no afectó sus prácticas de consumo: del 78.9 % de personas que tomaron precauciones, el 37.7 % dejó de consumir en espacios públicos y solo un 18 % leyó con detalle el decreto. Sin embargo, el 97 % del total de encuestados dijeron que esta situación no hizo que dejaran de consumir.
Lo segundo que deduce ATS es que mientras más del 60 % de las personas han evitado portar y consumir en el espacio público, el 15 % de ellas han preferido comprar sus drogas a domicilio.
“La Encuesta Mundial de Drogas de 2017 que se aplicó a este mismo grupo poblacional en Colombia y a 130.000 personas en 40 países, indicó que en Colombia el 54 % de las personas que consumieron cocaína en el último año la pidieron a domicilio. Estos dos datos sugieren que las personas dejaron de portar y consumir en el espacio público pero han aumentado la compra de drogas a domicilio”, explica ATS.
Otra de las cosas que más preocupaba a la ciudadanía era el poder asegurarse de que efectivamente la destrucción de la droga se realizara. En este punto la mayoría de a quienes les incautaron sustancias aseguraron haber sido testigos de la destrucción (1.102 personas), pero al mismo tiempo el 59 % aseguró haber tenido que pagar a la Policía para que los dejara ir y el 93 % volvió a comprar la droga que se les quitó. Incluso, de los que fueron sancionados, el 74 % dijo que no piensa pagar la multa ($208.000 pesos).
Esto confirma, de acuerdo con ATS, las críticas al decreto que decían que aumentaría el nivel de la corrupción de la Policía. “Como el decreto dice porte o consumo, están requisando a cualquiera. Y para requisar la Policía lo único que necesita es el prejuicio que ya tienen para sospechar quién consume y quién no. En este momento no se necesita más”, dijo a Divergentes el director de la corporación, Julián Quintero.
Las personas también están denunciando que la Policía no está recibiendo descargos frente a la sanción. Del total de personas a quienes se les encontraron sustancias, el 81 % dijo que la Policía no escuchó sus descargos frente a esta, es decir las razones que tienen las personas para explicar el porte o consumo, las cuales deben quedar plasmadas en una minuta. La recomendación que dan desde ATS es que insista respetuosamente a la Policía para defender el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución.
Además de no afectar el consumo, otra de las revelaciones que se dan producto de este informe, que se realizó de la mano del programa de prevención de consumo Échele Cabeza cuando se dé en la Cabeza, es que no se golpea el microtráfico sino que, al contrario, podría lucrarlo. De las más de 1.903 personas que respondieron las preguntas, el 55.3 % afirma que la droga ha subido de precio después de la medida pese a mantener la misma calidad.
Esto ya había sido advertido por expertos como el economista Hernando Zuleta, exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, quien aseguró en una nota de nuestro Proyecto Coca que no hay ninguna evidencia de que medidas como el decreto de Duque realmente ayuden a desmantelar las redes criminales que explotan el negocio de las drogas.
“Aun si aumenta lo que decomisan, afectaría las finanzas del consumidor y quizás del jíbaro del frente de la discoteca que carga consigo la dosis mínima y tiene el resto escondido. Pero no va a tener ningún impacto sobre las finanzas de las redes de microtráfico”, explicó Zuleta.
Así las cosas, la mayoría de los encuestados percibe que ahora comprar droga es más peligroso que antes, aunque el principal beneficiado con la medida, para Acción Técnica Social, sean “los policías corruptos y los narcotraficantes, pues están vendiendo más drogas, más caras y con la misma calidad”.
No obstante, las organizaciones y colectivos no han sido los únicos que han estado vigilando de cerca todo este tema. Camilo Ernesto Forero, profesor de la Universidad de los Andes y abogado litigante, fue el primero que demandó el decreto con una “acción de nulidad simple”, la cual busca eliminar la medida “por controvertir el ordenamiento constitucional”. En entrevista con ¡Pacifista!, Forero aseguró que lo que creó el presidente fue una “infracción administrativa” sobre el porte y tenencia de estupefacientes destinados para consumo personal que no se reglamenta vía decreto.
El pasado lunes 29 de octubre el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y Temblores ONG radicaron igualmente ante el Consejo de Estado otra demanda de nulidad contra el decreto, argumentando que afecta derechos de los ciudadanos más vulnerables y que además debió ser ley estatutaria.
Desde Divergentes acabamos de elaborar una guía práctica para que los consumidores recreativos sepan qué hacer y qué no hacer ahora que están en el mismo saco legislativo que los consumidores problemáticos y los microtraficantes de drogas. En vista de este desalentador panorama, una mirada a este manual no le haría nada mal: ¿Cómo ser consumidor recreativo y no sucumbir con la dosis personal?
De despedida les dejamos este análisis en video que hicimos con nuestro equipo editorial y la ayuda de varios expertos: Regulación vs. Prohibición: miradas al decreto de la dosis personal.
https://www.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/556252064800826/
