Testimonio de una persona a quien le hicieron una requisa arbitraria y desproporcionada en virtud del decreto de consumo.
Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.
Rodrigo Estrada, un escritor y artista escénico de 37 años de edad, caminaba el pasado viernes a mediodía por el barrio bogotano de Teusaquillo con su hija, cuando un par de agentes motorizados lo abordaron abruptamente para requisarlo, en busca de un supuesto cargamento de drogas que nunca encontraron.
El caso de Estrada muestra cómo el decreto de incautación de la dosis mínima que firmó hace dos semanas el presidente Iván Duque permite, como ha contado Proyecto Coca, dar pie a requisas a discreción sin que realmente haya evidencia que sugiera que las personas están haciendo algo indebido.
Compartimos su reflexión en primera persona del incidente, en el que terminaron involucrados ocho policías, porque creemos que ilustra cómo la implementación por parte de la Policía de un decreto -que fue elaborado sin tener en cuenta la evidencia científica sobre el tema del consumo- puede terminar en tratamiento arbitrario de ciudadanos que no incumplen la ley. Además de que refuerza temores existentes como que no ayuda a desmantelar las redes criminales detrás del negocio, invierte valiosos recursos policiales donde no está el problema, confunde los consumos problemáticos con los que no lo son y condena al olvido el enfoque de salud pública para quienes más lo necesitan.
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Llegan intempestivamente y parquean su moto a un metro de donde nos habíamos detenido, antes de cruzar la calle, en la esquina de la Casa Museo Gaitán. Llegan como suele llegar la policía, exponiendo toda la fuerza que le otorga ‘la ley’.
“Haga un favor, una requisa”, dice el que se baja de la moto. “¿Cómo así, por qué?, no me puede hacer una requisa’’, le digo asombrado.
El asombro se debe a que llevo en el coche a mi hija de 2 años. Había sufrido ese tipo de irrupciones cien veces, pero no me cabía en la cabeza que lo hicieran mientras daba un paseo con ella. “Claro que sí la puedo hacer”, dice e intenta cogerme por el brazo. “Es absurdo, estoy con mi hija”, respondo y me suelto.
“La ciudadanía ha informado que usted está vendiendo droga, tengo que registrarlo”. Empiezo a arrastrar el coche, ya asustado, pues el otro policía también se ha bajado de la moto. Creo que me van a coger a la fuerza, entonces empiezo a gritar, a llamar la atención, a pedirle a la gente que por favor graben lo que está pasando. La gente se detiene a mirar, pero nadie graba, nadie ayuda. El policía pide refuerzos. Llegan en menos de un minuto.
Alcanzo a pensar, lo recuerdo bien, que aquel par de agentes que llegan van a calmar los ánimos. No es así; el que se baja de la moto me toma por un brazo para hacerme una llave. Me suelto y, por instinto, saco a mi hija del coche. Rompe a llorar e intento calmarla, pero el hombre vuelve a cogerme, para empujarme contra la pared, así que empiezo a gritar, ahora sí, desesperadamente. El agente que me tiene por el brazo me amenaza con llamar a Infancia y Adolescencia. Percibo que alguno de ellos llama nuevos refuerzos.
Desde la tienda que hay al cruzar la calle, un par de personas, por fin, están grabando la escena, así que me desprendo y corro hacia ellos. Un hombre me grita que suelte la niña para que me requisen; no puedo creer que me haya dicho eso, pero no me detengo a responderle. El hombre que está grabando (y que después, por fortuna, me hizo el favor de enviarme el video) me dice, imperativo: “¿Pero está cargado?, diga, ¿sí o no?”.
La pregunta me indigna, no tanto porque yo sea el sospechoso, sino por la bruma de sospecha, porque una disposición política haya convertido al ciudadano común en el enemigo, y porque el tema importante para los vecinos sea un supuesto cargamento de droga y no el hecho de que cuatro hombres armados me hayan acorralado contra una esquina, teniendo yo a mi hija en los brazos.
El agente que me pidió la requisa inicialmente se viene detrás de mí y le da la cara a la cámara. Explica nuevamente que la ciudadanía le ha informado que yo estoy vendiendo droga. “¿¡Quién!?”, le pregunto asombrado.
Ya me lo había dicho, pero apenas en ese momento logro concebir el tremendo absurdo de estar en semejante problema por una acusación sin fundamento. “¡La ciudadanía!”, responde, de modo concluyente. Me quito la mochila y se la tiro al cuerpo. “¡Revise la hijueputa droga!” le digo. El agente se me acerca, visiblemente molesto, y lleva la mano a su pistola. El hombre que está grabando me exige que respete a la autoridad. Otro de los agentes interviene, conciliador, y me pregunta si soy colombiano. Curioso, parecía que quería iniciar una conversación sobre la patria.
Intento calmar a mi hija (yo apenas si puedo respirar), pero no se calma y vuelvo a caer en la indignación. “¡Hijueputas, hijueputas, hijueputas todos!”, les digo, con rabia pero con miedo. Después llegan más refuerzos: otros dos hombres en una moto y el capitán y otro agente, en su camioneta. Es decir, ocho policías, para que no me escape.
Por fortuna, unos minutos después también llega nuestra familia (los había llamado al comienzo de la discusión). Cruces de palabras, orden de que traigan las esposas, y de que me suban a la camioneta. Ya no tengo a mi hija en los brazos, así que permito que me requisen. Una requisa excesiva. Recuerdo al hombre que estaba grabando y voy y le doy mi número y le ruego que me mande el video. Después el capitán decide que me pongan un comparendo. 800.000 pesos, por desacato a la autoridad, creo. Discutimos, ya más tranquilamente, durante cerca de una hora. Su principal argumento es que es normal que a la gente la requisen.
Al final, antes de irnos, una mujer, al otro lado de la calle, llama la atención de los policías. “¡Allá está, allá está el que buscan, se acabó de quitar la camisa!”, grita y señala hacia el caño del río Arzobispo. Cinco minutos después vemos cómo suben a un pobre hombre en la camioneta, uno de esos despojos que deambulan por la calle sin ninguna oportunidad sobre la tierra. “Llevaba un cuchillo, capitán”, dice uno de los agentes.
De vuelta a casa, mi hija me pregunta todo el camino por qué los policías me estaban jalando la chaqueta. Y yo pienso todo el tiempo en el Decreto que manda a esos agentes a buscar un expendedor de drogas en una persona que simplemente atraviesa una calle con su hija.
Esto sucedió el pasado viernes 5 de octubre, a partir de las 12:09 pm, en la esquina de la calle 42 con carrera 16. Veníamos de una cita odontológica, en la que mi hija había expuesto una valentía y una tranquilidad admirables.
Todo el fin de semana nos estuvimos preguntando en casa si debíamos hacer público el video o no. El material ha alcanzado a estar en poder del editor de una revista de circulación nacional, pero hemos decidido no autorizar su publicación. El estado en el que aparecemos mi hija y yo es penoso, y no queremos exponernos nuevamente. Sobre todo, no queremos exponerla a ella. Sin embargo, también hemos pensado en lo importante que es contar lo sucedido.
Ayer leí que el Presidente volvió a esgrimir el argumento que dice que el Decreto que ha entrado en vigencia hace unos días es para defender a nuestros niños y niñas. Irónico, ¿no?
Si el Presidente está siendo franco, si en verdad cree en su Decreto, entonces está equivocado. La medida es torpe y retrógrada; no protege a nadie y favorece a los expendedores, que ahora pueden vender la droga a un precio más alto. Por otro lado, lanza a la policía, la fuerza bruta por excelencia, a acosar a los ciudadanos, a humillarlos, a manosearlos sin razones justas.
Es inadmisible lo que nos hicieron a mi hija y a mí, pero mucho peor es saber que esos mismos hombres que intentaron someterme se hacen los de la vista gorda con los verdaderos focos de drogadicción. Ellos saben, siempre lo han sabido, dónde están las ollas, y no quieren, o no pueden, o no les interesa cerrarlas.
Otro punto que me parece preocupante, y quizás el más triste de toda esta triste historia, es la reacción de la comunidad. Mientras aquellos agentes me trataban como a un criminal, sin importarles el terror que estaba sintiendo mi pequeña, a cinco pasos (en las fotos se puede ver), un hombre observaba la escena con una indiferencia inverosímil. Otro tanto hacían los treinta o cuarenta mirones que se detuvieron a ver lo que sucedía. Esto, cuando no me gritaban que soltara a la niña para que pudieran hacerme la requisa (escuché más de una voz haciéndome esta sugerencia).
¿Qué pensaba la gente?, ¿les parecía un procedimiento normal que los hombres de la ley me pusieran contra una pared, me metieran las manos entre las piernas y me escarbaran la mochila mientras mi hija observaba la escena a mi espalda? Es posible que muchas de esas personas estuvieran pensando: “Qué bueno, qué bueno, que los agarren a todos”.
Creo que este tendría que ser el punto que más deberíamos pensar, si nos interesara construir una sociedad un poco menos vergonzosa. En esa actitud de la gente bien podía haber miedo, pero quizás también había mucho de prejuicio y de aquella violenta moral que lleva a las personas a someterse solamente a las disposiciones que vengan de una autoridad definida, sin importar si alguna cosa es buena o mala en sus conciencias, sin dejarle un mínimo espacio a sus propios juicios y pensamientos. La imposibilidad de pensar por nosotros mismos es lo que no nos permite avanzar, y lo que hace que, cada tanto, demos unos cuantos pasos atrás, pero en ello, ya lo sabemos, tienen mucha responsabilidad quienes han evitado el ejercicio del pensamiento… ¡y el de la compasión!; es decir, quienes han evitado o limitado la educación para sus conciudadanos.
Después de un suceso así, a cualquiera le darían ganas de abandonar la partida, de salir corriendo y refugiarse en algún lugar menos hostil. Pero creo que tenemos una responsabilidad ética, y creo que contamos con la fuerza suficiente para detener la caída y empezar a ascender nuevamente la cuesta de este mundo. Sigamos pensando cómo vamos a evitar este regreso a la caverna, de la que, con tanto esfuerzo, hemos intentado salir.
Comparto esta reflexión para invitar a todos a mirar de manera crítica las disposiciones que han provocado este y muchos otros abusos de los que, de seguro, ya han tenido noticia. El tema nos compete a todos, porque ahora resulta que el ciudadano común es el nuevo enemigo de este país ‘tan lindo’ que se llama Colombia.
