Les presentamos el último balance que hizo la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género.
En los días de paro nacional hemos escuchado muchas voces en defensa de la educación, del medio ambiente, de las mujeres, de los derechos laborales y, por supuesto, del Acuerdo de Paz. El gobierno, que ha desestimado las razones de los manifestantes, tiene serias deudas en ese último punto, el del Acuerdo de Paz. Hoy, durante la jornada de paro, no solamente estarán los integrantes del partido Farc y los colectivos que defienden el Acuerdo marchando, también veremos varios grupos de mujeres pidiendo que el gobierno no ignore el enfoque de género en Acuerdo de Paz.
La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género, conformada por representantes de organizaciones de mujeres y población LGBTI, hicieron un balance de los primeros tres años de implementación del Acuerdo de Paz. El documento, que se publica hoy, es un insumo para las conversaciones que se están desarrollando con el gobierno nacional, que insiste que la implementación está en marcha y sin contratiempos. Como lo explicamos en ¡Pacifista!, el gobierno de Iván Duque no ha destinado los recursos necesarios para garantizar la implementación. Este factor, sumado a la lentitud institucional, ha afectado a las mujeres que se beneficiarían del Acuerdo.
La Instancia Especial de Mujeres hizo un resumen de los retos que existen actualmente para implementar los seis puntos del Acuerdo de Paz. En general, el balance es desalentador: existe, señalan, un “desconocimiento generalizado del Acuerdo de Paz, sus leyes, lineamientos, el Plan Marco de Implementación (PMI) y los indicadores que hacen posible su implementación. Existe un débil manejo técnico en cuanto a la incorporación de los enfoques de género, diferencial e interseccional. No se conocen las más de 100 medidas para las mujeres del Acuerdo de paz y los 51 indicadores de género establecidos en el Plan Marco de Implementación (PMI)”.
Veamos el balance punto por punto.
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Reforma Rural
En este punto el gobierno y las Farc acordaron 27 medidas específicas para las mujeres, 12 de ellas relacionadas con el acceso a la tierra, las garantías de retorno , la protección de las zonas de frontera agrícola, entre otras. Tres medidas tenían que ver con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las otras 12 con planes nacionales que contempla la reforma rural.
De acuerdo con los testimonios que recogió la Instancia de Género, “las mujeres proponen revisar y reestructurar el programa de acceso a tierras en los territorios, pues la actual asignación no responde a las necesidades de estos. Las mujeres insisten que la asignación de tierras debe garantizar la equidad en el acceso y titulación para mujeres”.
Actualmente, dicen, los programas de acceso a la tierra no tienen en cuenta la equidad en las asignaciones de acceso y titulación de tierras. “En algunos territorios el registro lo están realizando los funcionarios a sus grupos de organizaciones o de juntas comunales más cercanos”, señalan. A las mujeres les preocupa, además, que las propuestas que hicieron en las jornadas PDET no sean tomadas en serio, pues como lo demostró la congresista Juanita Goebertus, Iván Duque invirtió en su primer año de gobierno el 1.2% de los recursos que se deberían invertir para los PDET.
El informe señala diferentes incumplimientos: “Aún no se han creado o activado los Consejos de Alimentación y Nutrición en los territorios, aspecto que preocupa a las mujeres, pues la seguridad y soberanía alimentaria es una necesidad prioritaria, sobre todo en aquellos territorios que durante años asumieron el desarrollo de las economías ilegales como su único sustento. Por ejemplo, en algunas zonas, el campesinado que está en el proceso de restitución de cultivos ilícitos, no sabe qué producir, o cuál es el producto que mejor se da en sus regiones”.
Otra deuda del gobierno es la de implementar el catastro multipropósito. Sin ese instrumento técnico, las mujeres señalan que no se podrá avanzar en la reforma rural, pues actualmente ni siquiera se conoce la situación en la que habitan las poblaciones rurales y sus oportunidades reales de sustento. Para tener más claros los planes a futuro piden, también, reconocer, legalizar y fortalecer las zonas de reserva campesina, petición que durante años el gobierno ha rechazado.
2.Participación Política
En este segundo punto quedaron establecidas 17 medidas que incorporan enfoque de género. Nueve son sobre mecanismos para la participación ciudadana, seis sobre reincorporación con enfoque de género y dos relacionadas con las garantías políticas para ejercer la oposición. El Plan Marco de Implementación redujo las medidas a nueve indicadores, dejando por fuera “la incorporación de medidas específicas para la participación de las mujeres en lo público, circunscripciones especiales de paz, la campaña de cedulación masiva, fortalecimiento a la promoción de presupuestos participativos, entre otros”.
El resultado, como señala la Instancia, es que se ha reducido el nivel de representatividad de mujeres en la política. Y en las últimas elecciones regionales, además de la baja representación, se presentaron altos niveles de violencia política: el caso más conocido es el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca: Karina García. “Las mujeres están siendo estigmatizadas, señaladas, criminalizadas, amenazadas y hasta asesinadas por defender la paz, el territorio, la protección del medio ambiente y los recursos naturales”, agrega el informe.
Por último, Instancia Especial de Mujeres explica que los esquemas de protección para lideresas se han reducido. Y por si fuera poco: “ante la activación de los liderazgos territoriales las mujeres alertan, además, sobre la manera violenta en que la fuerza pública y las instituciones, vuelve a responder a las acciones de protesta pacífica de las comunidades”.
3.Fin del conflicto
En este punto se pasaron de 16 medidas con enfoque de género contempladas en el Acuerdo de Paz a dos indicadores en el Plan Marco de Implementación: alertas tempranas con enfoque de género y el programa integral de seguridad para personas y comunidades. Estos dos indicadores quedaron en manos del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. Otras acciones quedaron relegadas en el Conpes 3931.
En este punto, dice que el Ministerio del Interior, a cargo de Nancy Patricia Gutiérrez, no presenta ningún avance. Y, por otro lado, la formulación del plan de acción Conpes ha sido lenta. Por otro lado, reseñando el documento, “el gobierno disminuyó la capacidad institucional estatal para atender el proceso de reincorporación; en este marco redujo la capacidad territorial de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), recortando su presupuesto y su talento humano. Lo anterior hace pensar a las mujeres de las Farc que difícilmente este Gobierno cumplirá los compromisos constitucionales”.
Y pese a que la bandera de Duque es la reincorporación, la Instancia de Mujeres señala que en este aspecto ha habido una debilidad por la ausencia de medidas de género: “aun cuando las mujeres de las FARC poseen un gran acumulado de experiencias y amplios conocimientos empíricos y técnicos en diversos ámbitos –salud, educación, seguridad, artes, comunicaciones, administración, modistería, etc.–, estos saberes son subvalorados en su proceso de reincorporación. A cambio, no se les ofrece alternativas que garanticen su estabilidad socio-económica. Lo pactado en el Acuerdo de Paz, en ese sentido, no se está cumpliendo. Son muchas mujeres las que aún no reciben renta básica, otras la reciben con permanente retraso. Los proyectos productivos en marcha son escasos, y en su gran mayoría no cuenta con el apoyo directo del Estado”.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
De 17 medidas contempladas en el Acuerdo de Paz con enfoque de género para este punto, quedaron 13 indicadores en el Plan Marco de Implementación. Ocho contemplan la incorporación del enfoque de género de todo el proceso de sustitución, cuatro están relacionados y uno con cadena de narcotráfico. Del total de indicadores, dice el informe, en el 38% no se han avanzado en su cumplimiento.
Uno de los problemas centrales es el retraso en la implementación de sustitución de cultivos. “Para censar a los cultivadores de coca se hizo un registro general, no se hizo un diagnóstico diferenciado para identificar, por ejemplo, a las mujeres en la cadena de producción en la base de datos de los raspachines. Las mujeres hicieron parte de esta economía, muchas de ellas en tareas de cuidado, cocinando o arreglando el lugar, incluso participando en la transformación de la coca”.
En otra fase, las mujeres denuncian que los proyectos productivos para las familias no están dando los resultados esperados, lo que hace difícil creer en el futuro del programa de sustitución. Este factor, dice la Instancia de Mujeres, “es un riesgo para el proceso, pues las familias van a volver a cultivar si la sustitución no les garantiza la viabilidad de sus productos y sostenibilidad económica a corto y largo plazo”.
Sin acompañamiento institucional, son decenas de familias las que no saben qué hacer con los 37 millones de pesos que les llega por el proceso de sustitución voluntaria. “Lo que el gobierno ha hecho es sacar eso rápido, sin personal bien capacitado y con las familias que sean, no están analizando si eran cultivadoras o no”, dijo una mujer cocalera del sur de Bolívar. Y a este factor se suma la presencia de grupos armados en el territorio, que han amenazado a las mujeres campesinas que apoyan la sustitución de cultivos.
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
Existen 15 medidas con enfoque de género en este punto: cuatro de ellas en la Comisión de la Verdad, cinco en la Jurisdicción Especial para la Paz y seis relacionadas con reparación integral tanto individual como colectiva, atención psicosocial y programas de retorno y reubicación. En el Plan Marco de Implementación quedaron tres indicadores: reparación colectiva, acompañamiento psicosocial y reubicación o retorno.
La Unidad de Víctimas señala que en el 100% de los espacios de participación de víctimas han asistido mujeres. Sin embargo, en el Ministerio de Salud entregó información precisa sobre mujeres atendidas. No obstante, dice el informe que “tanto en la JEP como en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha trabajado de manera específica el tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado”.
En la JEP, por ejemplo, se está desarrollando un sistema de indicadores de gestión desde la comisión de género y de impacto desde la Unidad de Análisis, este última de manera articulada con la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. No obstante, las mujeres señalan que es urgente que el Sistema Integral de Justicia, Reparación y no Repetición, amplíe su presencia articulada en los territorios, principalmente en las zonas rurales.
6.Mecanismos de implementación y verificación
En el Acuerdo quedaron estipuladas ocho medidas para incorporación y en el Plan Marco cinco indicadores. En este aspecto, lo más preocupante es que las mujeres que se comunican frecuentemente con la Instancia señalaron que han visto casos de corrupción, específicamente de uso de recursos “destinados para la paz en acciones de corrupción como el pago de cuotas políticas. Dan a conocer, por ejemplo, que algunos apoyos técnicos para la población campesina, la inscripción en proyectos, la oferta educativa, el acceso a subsidios y la contratación de personal en proyectos para la paz, ha estado ligada a los partidos políticos que seleccionan quienes pueden o no participar con estas contrataciones y apoyos”.
