Estas mujeres, que llevan aproximadamente 30 años al servicio de los niños de sectores vulnerables, batallan por su pensión. El ICBF dice que no hay plata para pagarles.
Ana Ruth Sánchez, de 63 años, recuerda con nitidez cómo comenzó a ser madre comunitaria hace 32 años. Era 1986 y ella tenía a sus dos hijos, de 5 y 7 años, y además se hacía cargo de una pequeña niña con parálisis cerebral, hija de un medio hermano a quien, por maltrato, le quitaron la custodia. “Mis muchachos me decían que querían otro bebé, otro hermanito”, cuenta Sánchez enternecida de recordar ese tiempo.
Un día cualquiera, Ana Ruth se fue al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), y allí le preguntaron si le interesaba ser “madre sustituta”. Le dijeron que se trataba de cuidar niños en su casa, que no tenía que salir de su domicilio para trabajar y que era una labor muy linda. Como en ese entonces su esposo era un hombre machista de ‘pura cepa’ (ya murió), de esos que pensaban que la mujer no podía trabajar si no era en la casa, a ella le pareció buenísima idea. De hecho, ya hacía un poco esa labor en su barrio en Cali, Valle del Cauca, cuando recibía a pequeños en su puerta cuando necesitaban una curación o cualquier otra ayuda.
Así las cosas, decidió aceptar el ofrecimiento del ICBF y a los pocos días recibió a la primera niña en su casa. Sin embargo, la llegada de la pequeña de no más de un mes de nacida la impactó. Llegó sin ropa, sin pañales, leche o tetero. Ante la angustia y sin dinero –el programa comenzó sin pagarle un solo peso a las madres– Ruth se fue a la tienda del barrio y pidió fiados unos pañales, algo de leche y a su llegada la vistió con la ropa que tenía de sus hijos. No había más.
Cuando su esposo llegó esa noche a la casa, Ruth se sorprendió al ver su reacción: “O saca a esa niña de acá, o me voy yo”, le advirtió con firmeza. “Mi hijo mayor fue el que me dijo que dejara que mi esposo se fuera, porque ellos querían que la niña se quedara”, comentó. La bebé que recibió esta madre la habían abandonado en un caño y cuando la vio, dice Ruth, la encontró “desprotegida, con frío y sedienta de amor”.
Finalmente, con el pasar de los días, todos se encariñaron con ella. Ruth la cuidó como si fuera su propia hija hasta que tuvo cinco años. Sin embargo, hoy esa labor que ella y miles de mujeres (al rededor de 74.000 en todo el país) más han llevado al cabo en Colombia goza del reconocimiento de cierta parte de la comunidad que las ve con respeto y admiración, pero el trabajo de todos estos años aún no se ve reflejado en una pensión.
¿Qué es lo que pasa?
Las madres comunitarias llevan más de 30 años al servicio de la infancia y adolescencia del país y ahora el Estado no les quiere reconocer la pensión. La mayoría de ellas, que iniciaron cuidando niños de 0 a 5 años en sus domicilios, oscilan entre los 60 y 80 años y son mujeres de muy bajos recursos. En 2014 la Corte Constitucional les reconoció este derecho, pero desde ese momento la pelea con el Estado ha sido tediosa. Primero porque tuvo que pasar mucho tiempo para que las madres que ejercían esta labor de cuidado fueran reconocidas como trabajadoras –por tanto, como cualquier trabajador, tienen derecho a pensionarse– y segundo porque pese a este reconocimiento, el ICBF ha presentado varios recursos judiciales para reversar dichas decisiones.
Para entender todo el lío, volvamos un poco atrás. De acuerdo con Any Catherine Alvarez, abogada del equipo nacional de abogados del Sindicato de Trabajadoras al Servicio de la Infancia y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrachiobi), los hogares comunitarios se crearon en 1983 con la intención de que las mujeres que estaban en sus casas atendieran a los niños de los barrios más vulnerables, por iniciativa del ICBF. Si bien es verdad que el proyecto comenzó como una especie cuidado opcional, es decir las mujeres que quisieran hacerlo no tuvieron ningún tipo de remuneración, con el pasar del tiempo el Estado les fue poniendo más y más responsabilidades a estas madres, convirtiendo esta labor “voluntaria” en un verdadero trabajo.
Comenzaron a cumplir horario, a llenar papeles, a recibir requisitos y a estar realmente subordinadas en su labor. Así pasaron décadas hasta que en el 2012 una madre fue diagnostica con VIH, la despiden y le cierran su hogar comunitario. Las mujeres entonces, que ya se habían organizado en sindicato, empezaron a interponer acciones jurídicas y la Corte Constitucional reconoció que la madre que se enfermó era merecedora de una pensión. Cuando el alto tribunal llegó a esta conclusión, la mujer ya había fallecido.
“Esto hizo que las mujeres se revelaran, que empezaran a hacer muchos paros, y en 2014 se les otorgó a las madres un contrato laboral, pero con asociaciones y cooperativas, es decir con terceros más no con el ICBF. Luego, para 2016, la Corte Constitucional emite la famosa sentencia T-480, en donde reconoce el contrato laboral de estas mujeres pero con el ICBF, como siempre ha debido ser. Los exhortó a contratarlas como trabajadoras oficiales y posteriormente les otorgó el derecho a la pensión a las madres, pero el ICBF presentó una nulidad. Dijeron que no había plata y que estaban quebrados. En el 2017 resuelven esa nulidad modulando la sentencia, o sea revocándola parcialmente, diciendo que efectivamente ellas no tienen contrato laboral pero sí les otorga el derecho a la pensión”, explica la abogada de Sintrachiobi.
Luego de pronunciarse la Corte por segunda vez, el ICBF presenta otra nulidad al fallo argumentando sostenibilidad fiscal y, en un hecho sin precedentes, ahora deben resolver una nulidad sobre otra nulidad. No obstante, lo que pretenden ahora los magistrados es que el ICBF les otorgue el 80 % de los aportes pensionales y que ellas cubran el otro 20 % restante. “La cosa es que así ninguna mujer se pensionaría porque después de 30 años de trabajo, asumir que lograrán cubrir ese 20 % es absurdo. Es muy alto y no hay que perder de vista que se trata de mujeres de recursos limitados. Es ridículo, así ninguna mujer podría pensionarse completamente”, agrega Catherine Álvarez.
Al comunicarnos con el Instituto para conocer su posición, Pilar Uribe, de la oficina de comunicaciones, aseguró que no harán pronunciamiento al respecto.
¿Qué dicen las madres?
Cuando a estas mujeres se les comenzó a reconocer su labor como un auténtico trabajo, recibían un salario mínimo al que el ICBF llamaba “beca” y se las pagaba a mes vencido. A los niños les daban una ración mínima para alimentarlos, la popular minuta, pero no les alcanzaba. Muchas de ellas hoy aseguran que el ICBF les entregaban a los pequeños en condiciones “supremamente precarias”, lo que obligaba a invertir de su bolsillo –eso aseguran– para poder cuidarlos correctamente. “Los niños llegaban en camionetas grandes como animalitos. Sin ropa, con hambre, muy mal”, cuenta Ana Ruth Sánchez, madre comunitaria de Cali.
Además, actualmente estas mujeres deben tener capacitaciones constantes y denuncian que la comida que los contratistas les envían a los niños llega, en muchas ocasiones, podrida, verde o vencida. “Con el ICBF todo es medido, no nos alcanza. Uno coge de su plata para comprar lo que falte. Los padres confían sus niños en uno y, así como los entregan, nosotras tenemos que entregarlos. Ese amor que se les da, el compromiso, eso no tiene precio. La madre comunitaria ha entregado todo, su vida, su juventud, su salud. Hay madres enfermas, otras se han muerto por la presión. No hay derecho de que la Corte, que ya nos había dado la razón, ahora se ponga en este plan”, agrega otra madre del barrio Kennedy, en Bogotá.
Tan delicada se ha vuelto la situación, que 34 madres comunitarias en Bogotá entraron en huelga de hambre desde hace menos de 15 días, y al menos la mitad de ellas ya se encuentran hospitalizadas. El pasado viernes, en la Plaza de Bolívar, decenas de madres comunitarias provenientes de diferentes regiones se reunieron en un plantón, en conjunto con la organización Conversemos y Actuemos, en donde le exigían a la Corte pronunciarse y solucionar su situación de una vez por todas.
En medio de un “abrazatón” las madres comunitarias del país pidieron por sus derechos, por sus compañeras en huelga y por ser escuchadas, sobretodo por todos esos niños que hoy son adultos y lograron salir adelante luego de ser cuidados por una madre comunitaria como es el caso del senador por el Polo Democrático, Alexander López.
“Yo viví esa experiencia en su momento en los años setenta. En esa época yo viví en Cali en un barrio popular que se llama San Marino. El programa que existía en ese momento involucraba a varias mujeres de la comunidad que se encargaban del cuidado nuestro en un sitio que le llamábamos la escuela, que fue construido por los vecinos. Pero fue un sitio que no fue entregado por el municipio sino que la misma comunidad la construyó. Allí teníamos dos salones, estábamos al rededor de 90 niños quienes pasábamos todo el día allí y unas monjitas nos enseñaban y nos preparaban académicamente, pero nuestras mamás comunitarias se encargaban del cuidado de nosotros. Así fue toda nuestra niñez desde los dos años hasta los 11 años que salíamos al bachillerato”, describió el senador en conversación con Divergentes.
Para las organizaciones que han estado detrás de la defensa de los derechos de estas madres, “este es uno de los casos más emblemáticos de violencia de género que existe en Colombia, porque se aprovecharon de que eran mujeres y ese es el rol tradicional que tienen en la sociedad, y además de que eran mujeres en condición de vulnerabilidad. Uno nunca encuentra casos de hombres padres comunitarios, porque se supone que esa labor natural la hace la mujer”, agrega Catherine Alvarez.
Las madres comunitarias, según la Corte, son mujeres de especial protección. Sin embargo, se habla de unos principios y de unos derechos mínimos fundamentales que tienen estas mujeres, pero irónicamente no desarrollan los derechos que tienen como trabajadoras. Mantienen el criterio inicial de voluntariado. “Estamos siendo burladas, no solo por la corte sino por el ICBF, que debió haberse presentado aunque sea una vez y preguntar por qué estamos haciendo esto. Por favor, pedimos que se haga un debate con las madres y la Corte. Que escuchen nuestro sufrimiento, la labor de la madre y luego sí firmen a su consciencia”, concluye Ruth.
De acuerdo con el senador López, es muy probable que el fallo salga en contra de las madres comunitarias. Esto, dice el congresista, significaría que la Corte Constitucional estaría cometiendo una violación a las normas constitucionales, en su opinión porque se estaría incurriendo en prevaricato (un delito penal) y una falta disciplinaria. Pese a todo este oscuro panorama, las esperanzas de todas las mujeres en Colombia que cuidan alrededor de 1′ 300.000 niños aún no mueren. Dicen que de salir negativo el fallo, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar este caso como una violación a derechos fundamentales.
