Varios panfletos y denuncias de comunidades indican que ese grupo estaría tratando de controlar zonas que han sido dominadas por las Farc y el ELN.
A finales de agosto de 2015 las denuncias de varios campesinos del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, alertaron sobre la presencia de hombres de “Los Urabeños” que patrullaban cerca de sus comunidades. Habitantes y organizaciones de la región explicaron que, a principios de ese mes, un grupo de hombres armados, que se identificaron como integrantes de las “Autodefensas Gaitanistas,” retuvieron a varias personas que se desplazaban en buses de escalera por un sector conocido como Travesías, amenazaron a varios líderes y dijeron que “esas bobadas de derechos humanos” se tenían que acabar.
Las Farc, desde La Habana, hicieron su propia denuncia y aseguraron que la incursión de ese grupo en la región podría amenazar el proyecto piloto de desminado que avanzaba entonces en la vereda Orejón, muy cerca de ese lugar, en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango de Empresas Públicas de Medellín.
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Las alertas se reactivaron a finales de enero cuando el movimiento Ríos Vivos, que lidera los reclamos de las comunidades frente a los impactos del proyecto de EPM, denunció que los habitantes de tres veredas se encontraban confinados y en riesgo de desplazamiento por cuenta de presiones de grupos paramilitares. Según esa ONG, Briceño se encuentra “partido en dos”.
“Las veredas han sido señaladas de ser paramilitares o de ser guerrilleras y para las comunidades el casco urbano esta tomado por los paramilitares desde hace mucho tiempo, lo que ha hecho que los habitantes de las veredas estigmatizadas de ser guerrilleras tengan temor de dirigirse al pueblo y los de las veredas estigmatizadas de ser paramilitares no se acerquen a las demás”, dijo Ríos Vivos.
La amenaza más concreta ocurrió a mediados de enero en el corregimiento de Las Auras. Hasta allí llegaron varios hombres de “Los Urabeños” y citaron a la comunidad. Dijeron que no debían tenerles miedo a ellos sino a la guerrilla y justificaron el asesinato de dos hermanos, ocurrido a principios de enero en la vereda La América, –otro integrante de la misma familia ya había sido asesinado en octubre de 2015 en el casco urbano de Briceño– por ser “colaboradores de la guerrilla”.
La cuestión radica en que si bien el Norte de Antioquia ha sido tradicionalmente un territorio en disputa entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública, el control territorial se decantó en los últimos años y mientras una zonas han sido reconocidas por una marcada presencia paramilitar, otras han sido dominadas históricamente por los frentes 18 y 36 de las Farc.
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Es así como el temor de las comunidades se debe a que algunas de las amenazas y los patrullajes recientes de “Los Urabeños” se han dado en zonas donde la presencia paramilitar no ha sido usual y ese “nuevo” actor ha llegado acusando a muchos pobladores de tener cercanía y favorecer los intereses de la guerrilla.
Panfletos en Cauca y Arauca
Pero la posible expansión de la banda criminal más grande del país toca otros departamentos. Hace apenas dos semanas circuló en varios municipios de Arauca un panfleto en el que se anunciaba una “limpieza social” contra ladrones, consumidores de drogas y prostitutas.
La amenaza estaba firmada por “Los Urabeños” y es exactamente la misma que circuló a mediados de enero en el Urabá antioqueño. Pese a que no coincide con la “marca” que ese grupo ha tratado de imponer con su nombre de “Autodefensas Gaitanistas”, organizaciones sociales de la región se encuentran preocupadas porque, según dicen, en los últimos 10 días por lo menos siete personas han sido asesinadas en los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita.
“Ha rotado ese panfleto por algunos municipios del departamento y han habido algunas muertes, pero hasta el momento las autoridades no han determinado quien ha sido el responsable. Van siete asesinatos en menos de dos semanas en tres municipios, mientras tanto el Ejército dice que el panfleto no es verídico y que solo se ha rotado con el ánimo de crear zozobra en la situación”, dice Olga Marcela Cruz, abogada e integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Esa idea de que la Fuerza Pública ha desestimado la amenaza se debe a que la semana anterior la Fuerza de Tarea Quirón, con jurisdicción en Arauca, publicó un comunicado asegurando que, aunque se investigaría el origen del panfleto, no hay indicios sobre actividades de “Los Urabeños” en la región.
“Hasta el momento no se tiene información de inteligencia o denuncia alguna de que el mencionado grupo ilegal delinque en la jurisdicción, lo que resta credibilidad a este panfleto, aun así, las tropas del Ejército Nacional se encuentran dispuesta ante cualquier acto que atente en contra de la comunidad”, dijeron los militares.
Y eso pese a que desde 2013 la Fundación Nuevo Arcoiris denunció que esa banda estaba copando espacios en ese departamento y que su presencia era una realidad a pesar del antiguo dominio territorial de la guerrilla.
Tal y como ocurre en el Norte de Antioquia, el temor de los pobladores está relacionado con la fuerte estigmatización con la que han tenido que cargar varias comunidades del departamento de Arauca, en su caso, por la influencia que tiene en buena parte de ese territorio el Frente de Guerra Oriental del ELN. Por ello, el riesgo de que se pase de las capturas masivas, por señalamientos de supuesta colaboración de pobladores con las guerrillas, a la persecución armada por parte de grupos paramilitares.
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El caso de Cauca también involucra el mismo panfleto. Primero, algunas versiones de prensa en ese departamento indicaron a finales de enero que el documento había aparecido en el municipio de Santander de Quilichao. Sin embargo, el secretario de Gobierno de esa localidad, Diego Fernando López, dijo no haber escuchado de la amenaza y agregó que no existe información sobre la presencia de bandas como “Los Urabeños” en ese municipio.
Pero el pasado 9 de febrero la Comisión de Derechos Humanos del movimiento Marcha Patriótica y La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes denunciaron que una semana antes de formulada esa alerta “aparecieron distribuidos panfletos amenazantes suscritos por el grupo paramilitar autodenominado Los Urabeños” en la cabecera urbana del municipio del Bordo Patía. De acuerdo con el contenido de la amenaza, se trataría del mismo panfleto que circuló en Urabá y en Arauca.
Las organizaciones que formularon la denuncia pública exigieron del Gobierno “adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo, de los habitantes del Municipio de El Bordo Patía en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares”. También aseguraron que actualmente en la región existe una fuerte presencia de autoridades militares y de Policía.
Y como si se calcara la situación, las autoridades en esa región aseguraron que se investigaría la veracidad del panfleto. Aunque no se han pronunciado al respecto, el asesinato de un joven el 5 de febrero, caso que según habitantes del municipio tendría relación con el expendio y el consumo de drogas en el pueblo, puso en evidencia que la amenaza de la supuesta expansión de grupos paramilitares a territorios que nos les han pertenecido puede no ser más real de lo que muchos creen.
