Aunque se ha reducido la violencia asociada al conflicto, el país deberá superar otros obstáculos para alcanzar la paz.
Colombia ha vivido un cambio positivo en materia de derechos humanos. Al menos eso dice el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El país, que carga una historia marcada por la desigualdad social y la violencia, ha mostrado mejoría durante los últimos años. Sin embargo, todavía hay mucho trecho por recorrer y muchas heridas por sanar.
Desde julio de 2015, en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, el conflicto con esa guerrilla ha disminuido drásticamente. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) ha dicho en los últimos meses que “se ha reducido la violencia asociada al conflicto Estado-FARC a niveles nunca antes vistos”. Aunque alertó también sobre un aumento de las acciones violentas ejecutadas por el Eln, el Epl y el Clan Úsuga.
El conflicto armado, en cualquier caso, no ha sido la única fuente de violaciones a los derechos humanos. La desigualdad, la falta de acceso a la educación y las carencias en salud han impedido que muchos colombianos tengan una vida digna. En el camino hay una lista de grandes problemas por resolver: regular la minería, cuidar el medio ambiente, generar condiciones de igualdad para comunidades negras, indígenas y LGBTI, etc.
En ¡PACIFISTA! hacemos un recuento de lo que faltó mejorar en materia de derechos humanos en 2015 y de lo que queda pendiente para 2016.
No baja la desigualdad
La lucha contra la pobreza sigue siendo limitada, porque no se atacan la discriminación y la desigualdad. Según el DANE, a julio de 2015 el 28% de la población colombiana era pobre, tan sólo un 1% menos que el año anterior. Eso significa que 700 mil colombianos salieron de la pobreza entre 2014 y 2015. La tasa sigue siendo muy alta y la pobreza extrema —personas que viven con menos de 97 mil pesos al mes— sigue siendo de más del 7%.
La pobreza multidimensional, que no sólo mide los ingresos económicos sino también el acceso a educación, salud y trabajo, también bajó de 24% a 21%. La disminución se debe al crecimiento económico del país, pero varios expertos han explicado que esa situación ha favorecido más a los ricos que a los pobres, porque así las tasas de pobreza bajen el índice de desigualdad no se mueve desde 2012. Colombia ocupa el puesto 14 en desigualdad entre 134 países, en una escala que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La desigualdad es evidente cuando se comparan zonas urbanas y rurales. En zonas urbanas, la pobreza es del 18%, mientras que en zonas rurales es del 45%. En el campo, por ejemplo, los servicios de salud no alcanzan los estándares mínimos de disponibilidad, acceso y calidad: niños campesinos, afrocolombianos e indígenas siguen muriendo de enfermedades prevenibles y tratables por falta de servicios de salud, agua potable y saneamiento básico. En Chocó murieron tres veces más niños menores de un año que en Bogotá.
El impacto de la minería
A menudo, en las zonas de explotación minera existe profundo malestar social por la imposibilidad que enfrentan sus habitantes de participar en las decisiones que los afectan. Frecuentemente, a las comunidades negras e indígenas no se les garantiza el derecho a la consulta previa sobre los proyectos económicos implementados en sus territorios. La minería, sin embargo, sigue siendo una de las “locomotoras” del Gobierno.
Además, la minería a gran escala continúa generando daño ambiental y social en varias regiones del país. Algunas comunidades étnicas han atribuido el aumento de la mortalidad infantil en los últimos años a la explotación minera intensiva que afecta al agua en sus territorios. Los sindicatos de trabajadores mineros también han denunciado malos pagos e inseguridad producto de la tercerización laboral.
Algunas grandes compañías que explotan oro y carbón están en la mira por violar derechos humanos. No sólo ha sido evidente el deterioro al medio ambiente, por el que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha sancionado a varias compañías, sino que se han presentado casos de violencia en muchas regiones donde la minería manda la parada.
Hace poco, un informe de Dejusticia y el Centro de Recursos para los Negocios y los Derechos denunciaba un historial de violaciones a los derechos humanos cometidos por la industria del carbón, entre las que sobresalía el desplazamiento en zonas como El Cerrejón, en La Guajira. El caso del oro no ha sido distinto, y la explotación de ambos minerales ha estado en el centro de la controversia. En varios casos, quienes han denunciado las irregularidades (periodistas, alcaldes, líderes comunitarios) han sido amenazados, y muchos activistas tienen sospechas de que existen alianzas entre algunos empresarios y grupos armados, que también se han beneficiado de la minería.
Aumenta la violencia contra defensores de derechos humanos
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) y el programa Somos Defensores señalan que el incremento de la violencia contra defensores de los derechos humanos se mantiene, a pesar del desescalamiento del conflicto.
En 2015, las agresiones a defensores de derechos humanos en Colombia aumentaron casi el doble respecto al 2014. Un informe de Somos Defensores registró 332 amenazas y 34 asesinatos, sólo entre enero y julio. Las cifras equivalen a que cada día se agreden dos defensores y cada cinco días matan a uno. La misma ONG informó sobre 133 amenazas y 17 asesinatos entre julio y septiembre.
Asimismo, Somos Defensores se preguntó: “¿Podrá este Gobierno garantizar la protección de tantos líderes amenazados? ¿La Fiscalía en verdad quiere encontrar a los responsables de las agresiones? ¿Es consciente el Gobierno y en general la ciudadanía de lo importantes que son los defensores de DD.HH. para implementar los acuerdos de La Habana y llegar a la paz?”.
Las organizaciones que promueven los derechos humanos resaltan que, aunque las cifras son escandalosas, las autoridades no han tomado las medidas suficientes para que se acabe ni se castigue la violencia. Pese a que las denuncias de las ONG apuntan a que en 2 de cada 3 casos los presuntos responsables son bandas criminales y que en 1 de cada 10 es la Fuerza Pública, las investigaciones por los 17 asesinatos entre julio y septiembre no arrojaron ni siquiera una captura.
El más reciente informe de Somos Defensores concluye diciendo que “pareciera que ni el Gobierno ni las instituciones del Estado son conscientes de la importancia que tienen y tendrán los defensores y defensoras de DD.HH. en la eventual implementación de acuerdos de paz en el nivel territorial y local, dejando al garete su protección eficaz, las investigaciones por los crímenes en su contra y por supuesto la implementación de mecanismos preventivos para evitar futuras agresiones.”
‘La restitución no se puede basar en batir récords’
En materia de restitución de tierras, el informe del ACNUDH dice que la principal preocupación del Gobierno no puede enfocarse en cumplir un récord de restitución, que sólo se base en el número de sentencias, sino en crear garantías para que esta sea integral. Que las comunidades tengan acceso a agua potable, salud, educación, trabajo o ingresos económicos, porque la falta de garantías para la vida digna de quien retorna puede ser revictimizante.
Entre las recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con el fin de que las políticas de retorno sean exitosas, está la de “capacitar a las comunidades, buscando una participación más activa de estas, e incorporar perspectivas de género en las políticas de acceso y retorno a la tierra.”
Además, recordó que el trabajo no sólo es de la Unidad de Víctimas, sino que otros sectores también pueden contribuir a garantizar la dignidad del retorno. “Los inversores de capital, la ayuda al desarrollo proveniente de países terceros y los países con acuerdos comerciales con Colombia deberían tener en cuenta, al diseñar sus planes de inversión o sus normas de importación, el problema del despojo de tierras ligado al conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que a menudo la producción en tierras despojadas está destinada a la exportación (plátano, aceite de palma, minerales).”
Se espera que la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, que arrancaría en 2016 si los colombianos la respaldan en las urnas, contribuya a mejorar las falencias que existen en asuntos tan complejos como la protección de los defensores de derechos humanos y la reducción de la pobreza en el campo.
