Abogados de las víctimas dicen que estos procesos deben debe permanecer en la justicia ordinaria.
Una de las decisiones más controvertidas en el proceso de los falsos positivos de Soacha corrió la semana pasada por cuenta del Juez Noveno de Garantías de Bogotá. Este le dio la razón a la defensa de seis exmilitares presuntamente involucrados en esos delitos, que pedían pasar sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia que el gobierno y las Farc acordaron en La Habana.
El funcionario se justificó diciendo que “los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado para el año 2008, y este tipo de actos serán juzgados en la JEP”. De inmediato, las organizaciones defensoras de las víctimas criticaron el fallo a través de comunicados.
“La decisión constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas y contradice las disposiciones del propio acuerdo de paz con las Farc aprobado el 12 de noviembre de 2016”, dice un documento firmado por la organización Human Rights Watch, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la asociación Minga y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, entre otros.
Sin embargo, la discusión sobre este tema ya había comenzado hace rato. En diciembre del año pasado, el propio Fiscal General dijo que enviaría los falsos positivos a la JEP porque “el país no podría volver a observar procesos de paz en donde gozan de beneficios los agentes de la guerrilla y están sometidos a altas penas los agentes del Estado”.
A principios de marzo, cuando se terminaba de negociar la JEP en el Congreso, Claudia López señaló en una entrevista a la revista Semana que prefería que ” todos los delitos, aun los delitos más atroces de miembros de la fuerza pública como los llamados falsos positivos, sean juzgados en Colombia, por la JEP, con penas muy bajas a cambio de verdad y garantías de no repetición”. Las víctimas, y sus defensores, piensan distinto.
Por este contexto, la decisión del Juez Noveno es histórica. Se trata de la primera vez que un funcionario judicial remite un proceso a la JEP. ¡Pacifista! consultó a abogados tanto de las víctimas, como de los militares para entender las razones de por qué debería o no un crimen sistemático entrar a ese sistema de justicia transicional.
¿Hasta dónde va la competencia de la JEP?
El primer lío de la decisión de este juez tiene que ver directamente con el acuerdo de paz. El texto firmado en diciembre dice que la “Fiscalía General de la Nación (…), continuará adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala (…) anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones”.
Esto quiere decir, en palabras de la abogada Pilar Castillo, defensora de dos víctimas de falsos positivos en Soacha, que hasta tanto no se creen los tribunales de la JEP, este tipo de casos “siguen en cabeza de la Fiscalía”. Castillo aclara: “La JEP ya fue aprobada por el Congreso, pero no ha sido reglamentada y en realidad todavía no existe. En este momento, bajo el amparo del acuerdo, es la Fiscalía la que tiene la competencia para investigar y son los jueces de jurisdicción ordinaria la que tiene competencia para adelantar los casos”.
Las ONG que firmaron el comunicado de rechazo a la decisión también señalan que “la Fiscalía debe adelantar las investigaciones por violaciones de derechos humanos hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz requiera los informes sobre los casos de su competencia”.
Una abogada que defiende a antiguos miembros de las Fuerzas Militares, que prefirió no dar su nombre, le dijo a ¡Pacifista! que “faltan el decreto presidencial y la ley estatutaria que reglamente la JEP. Por ello la decisión del juez es ilegal por carecer de soporte jurídico real. Las investigaciones no pueden parar, ninguna norma dice eso”.
Las tres fuentes consultadas coinciden en que la decisión afecta el derecho de las víctimas a la administración de justicia. “Es una burla a sus derechos. Se convoca a la primera audiencia luego de nueve años de los hechos, y un juez sale con una decisión de esas sin argumento. Es un desconocimiento total de sus derechos, a la verdad y la justicia”, dice Pilar Castillo.
“El comercio de civiles no es un delito de guerra”
El otro problema de la decisión judicial tiene que ver con una polémica que ya hace rato venía configurándose: ¿son los falsos positivos de Soacha un crimen que forma parte del conflicto armado o no? El Juez Noveno de Garantías de Bogotá, luego de declararse impedido para continuar con el caso, tomó parte y dijo que sí.
Los defensores de los exmilitares estuvieron de acuerdo. Según periodistas de la emisora La W, el abogado Sebastián Fajardo, que representa a dos militares, resaltó al salir de la audiencia que el juez de control de garantías haya decidido declararse incompetente y concluyó que “evidentemente se está hablando de hechos que tienen que ver con el conflicto armado, y que deben ser juzgados por la JEP”.
¡Pacifista! intentó a contactar a Fajardo, pero una colega suya dijo que no hablaría con los medios más allá de esa declaración.
Los defensores de las víctimas, por supuesto, contradicen a Fajardo. “Los jóvenes eran venidos por un millón de pesos a la brigada móvil 15 del batallón Santander en Ocaña. Se trata de un comercio de personas que fueron negociadas con el único propósito de ser asesinadas”, dice la abogada Castillo.
Además, señala que Soacha no era en ese momento un escenario de conflicto armado, que las víctimas “eran civiles, fueron asesinadas en estado de indefensión y despojadas de sus documentos de identidad para que no las pudieran encontrar”. Por ende, concluye Castillo, el “comercio de civiles no es un delito en el marco del conflicto”.
Sin embargo, el propio ministro de Defensa señaló hace dos semanas, cuando el Congreso aprobó la JEP, que “todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran, y los homicidios agravados o en persona protegida son muy difíciles de desvincular del conflicto. Están relacionados con el conflicto, por lo tanto hacen parte de la justicia transicional”.
Militares condenados
Este lunes, en medio de la discusión sobre si los falsos positivos deben o no ir a la JEP, el juzgado primero Especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares por las ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Entre los condenados se encuentra el coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, quien fue hallado responsable por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. El exmilitar tendrá que pagar una pena de 46 años de cárcel.
