Los indígenas de esa región de Nariño todavía enfrentan la violencia armada y luchan contra la actividad petrolera en sus territorios.
POR DANIEL MONTOYA
Hace siete años, el 4 de febrero de 2009, las Farc cometieron una de las masacres más recordadas por las comunidades indígenas del sur del país.
En el resguardo indígena Tortugaña-Telembí, en Ricaurte, Nariño, la guerrilla asesinó a cortes de machete a 11 indígenas de la comunidad awá que habita en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador. Dos de las víctimas eran mujeres embarazadas.
Ocho días después, el 12 de febrero, las Farc regresaron. Esta vez al resguardo de Sandé, entre los municipios Ricaurte y Guachavez (Nariño). Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), 10 indígenas más fueron asesinados en esa ocasión, mientras intentaban huir de la guerrilla. Tras la masacre, el Ejército sólo encontró uno de los cadáveres y cerca de 400 awás salieron desplazados.
La confirmación oficial de que las Farc fueron quienes realizaron la masacre llegó el 30 de octubre de 2010, más de un año después. El presidente Juan Manuel Santos anunció que entre los computadores de alias “Mono Jojoy”, encontrados en la operación Sodoma —en la que murió ese jefe guerrillero, en la Macarena, Meta—, estaba un cruce de correos entre “Pablo Catatumbo” –actualmente vocero de las Farc en La Habana– y “Alfonso Cano”, para entonces máximo comandante de esa guerrilla. Comunicaciones que ponían en evidencia su presunta responsabilidad.
Este es un extracto del cruce de correos entre los guerrilleros:
La columna Mariscal Sucre ajustició a ocho bandidos indígenas, repudiados por la comunidad, sapos confesos, capturados cuando exploraban para el Ejército.
Después, solo fueron hallados cuatro de los cuerpos de los indígenas asesinados, los demás, se cree, fueron lanzados al río El Bravo. Esos cuatro cadáveres no fueron devueltos a la comunidad sino hasta el 13 de noviembre de 2014.
Como respuesta, en un comunicado llamado No enterramos a nuestros muertos, los sembramos para la vida, la comunidad awá anunció el regreso de los cuerpos a su comunidades para “devolver a la madre tierra a los hermanos y hermanas caídos en esta absurda guerra”. Además, pidieron al Gobierno “adelantar las acciones pertinentes para atender las víctimas de manera integral y así garantizar que el febrero de 2009 no se vuelva a repetir”.
Solo hasta agosto del año pasado la Fiscalía aseguró que está lista la imputación de cargos contra las Farc por crímenes de lesa humanidad en la masacre y por la siembra de minas antipersonal en ese territorio. De inmediato, la respuesta de la guerrilla llegó desde La Habana de la mano de “Marcos Calarcá”, quien aseguró que la imputación “carece de fundamentos de hecho, o probatorio alguno”, además de “poner piedras en el camino de la paz y ensuciar la imagen de compatriotas”.
La eterna resistencia de los awá
Aunque hoy no se repitan casos como el de esa masacre, la zona que habitan los awá está plagada de minas antipersonal sembradas tanto por el ELN como por las Farc. Además, durante años han estado en medio de los enfrentamientos entre los distintos actores del conflicto. De 2002 a 2012, 125 indígenas awá fueron víctimas del fuego cruzado.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha denunciado, además, que en los últimos meses la fuerza pública ha incursionado de forma arbitraria en algunas viviendas. Incluso, según denunciaron, un niño de ocho años, integrante de la comunidad, resultó herido el pasado 23 de enero, al parecer por un disparo de un agente de la Sijín. El menor permanece en estado de coma en un hospital de Pasto.
Pero además de la violencia armada que no ha dejado en paz a los awá, desde 2014 adelantan una defensa de su territorio ante la creciente explotación petrolera que, según dicen, amenaza la estabilidad de sus comunidades. El caso de los indígenas contra un proyecto de exploración y explotación del consorcio Colombia Energy ya se encuentra en manos de la Corte Constitucional.
De esa forma, dice la Unipa, se conjuga su lucha pues no quieren que en la región haya “presencia de ningún actor armado ni empresa que afecten la pervivencia física, cultural y espiritual de nuestro pueblo”.
Según el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, “el asunto demuestra los altos contrastes sociales que se observan cuando el Estado privilegia los intereses económicos sobre la protección al ambiente y a las comunidades étnicas minoritarias”.
Por casos como los que aún afectan a su pueblo, este 4 de febrero no parece solo el recuerdo de la violencia del pasado. Como lo hacen cada año, recordarán a sus muertos con una minga para conmemorar la masacre que las Farc no quieren reconocer. “Nos reuniremos —dice la Unipa— a pensar sobre todos los acontecimientos que se han suscitado después de la masacre de Tortugaña Telembi, donde lo principal es no permitir que este hecho quede en el olvido”.
