Los líderes de la Alta Montaña que consolidaron un movimiento pacífico en 2013 se lanzaron a las elecciones el año pasado. Así les fue.
POR DANIEL MONTOYA
Aroldo Canoles come linaza, sábila, un pan integral que le prepara su hermana, muchas frutas y avena cruda. No mucho más. Después de las elecciones locales que se realizaron en octubre del año pasado su cuerpo está, en sus palabras, “achacado”.
Igual que él anda el Movimiento Pacifico de la Alta Montaña (MOPAM), que en 2015 decidió participar en política y perdió. Aroldo, que hacía parte de la lista que presentó ese movimiento al concejo del Carmen de Bolívar, se quemó. Todos se quemaron, el movimiento no logró arañar ni un escaño del Concejo. Apenas si logró pasar el umbral.
La Alta Montaña de los Montes de María se encuentra conformada por 17 corregimientos y cerca de 55 veredas entre los departamentos de Bolívar y Sucre, pasando por los municipios de Ovejas, Colosó y el Carmen de Bolívar.
No es una zona cualquiera, esta montaña es el corredor más importante para comunicar al Occidente e interior del país con la costa Atlántica, en especial con el Golfo de Morrosquillo. Una posición estratégica que la convirtió en una de las principales regiones en disputa entre guerrilleros, paramilitares y el Ejército. Al final, una guerra creó líneas invisibles que dividían a una comunidad de otra. Cada una cargaba con un estigma diferente a los ojos de las demás comunidades. “Nos acusábamos los unos a los otros de guerrilleros y paramilitares”, cuenta Aroldo.
Cada actor del conflicto armado se encargó de crear estos prejuicios. Era tan fuerte el sentimiento de odio entre los mismos pueblos que se ejecutaban entre ellos. Este es el caso de la masacre de Macayepo, el corregimiento donde Aroldo vive.
Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, quien fue líder del Bloque Héroes de Montes de María, nació allí y formó una primera generación de paramilitares en la región. ¿La razón? En 1989 el Ejército Popular de Liberación (EPL) asesinó a una joven llamada Nancy de 18 años, prima suya, por haberle dado agua a un soldado. ‘Cadena’ se fue de Macayepo con la idea de acabar con la guerrilla y sus hombres regresaron allí el 14 de octubre del 2000 buscando cómo concretarla. Asesinaron a 15 campesinos con palos y piedras. A garrote.
Tres meses después 60 paramilitares liderados por Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, asesinaron a 27 personas en Chengue a golpes de morteros de hierro y cortes de machete. Chengue cargaba en ese entonces con el estigma de ser un pueblo guerrillero. Macayepo, al haber nacido ‘Cadena’ allí, cargaba con el estigma de ser paramilitar. Y por allí empezó a romperse todo el tejido que unía a la Alta Montaña. Ya no eran campesinos. Ya no tenían relaciones comerciales. No era que unos cultivaran aguacate y otros ñame, era que unos eran guerrilleros y otros paramilitares. No solo para un bando u otro, sino para la misma población que se dejó influenciar por los odios de una guerra que no era de ellos.
En 2012, cansados de odiarse entre ellos, inició el proceso de reconciliación. “Cuando el Gobierno desmovilizó a los paramilitares y acabó con la guerrilla lo que quedaba era trabajo”, cuenta Aroldo.
Así lograron una reunión, en un principio bastante escéptica, en el corregimiento de Lázaro, en el Carmen de Bolívar. La convocatoria a esta reunión no fue nada fácil. Fue impulsada por Jorge Montes, líder del corregimiento de Huamanga, quien tuvo que remar contra la marea para lograr sentar a tantos líderes con diferentes rencores a dialogar. Solo eso tan sencillo: hablar. Volver a hablar.
Ahora el MOPAM cuenta con líderes de 33 veredas, con representación de cada uno de los corregimientos de la zona. Son un ente organizado que se convirtió en una piedra en el zapato para diferentes instituciones del Estado, para los políticos de la región; y en un motor de trabajo por la reconciliación de la Alta Montaña y el bienestar de los montemarianos.
Logros a medias
De esa reunión en Lázaro surgió una unión que quisieron materializar en una marcha pacífica por la reparación integral a las víctimas de la Alta Montaña; que el país volteara a mirar de nuevo a la región. Sí, ya no hay guerrilla o paramilitares, pero tampoco están los pueblos que existían antes y mucho menos las relaciones entre ellos. El Estado falló: no pudo salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos. Así que decidieron salir a marchar para exigirle al Gobierno una mayor atención.
No fue nada fácil coordinarla. Muchos líderes, muchas ideas, muchas propuestas y muchas fechas. Hasta en cuatro ocasiones se aplazó la marcha. Pero se logró. El 6 y 7 de abril del 2013 cerca de 1500 campesinos partieron de Arroyo Arena, una vereda a 5 kilómetros del Carmen de Bolívar, en dirección a Cartagena. “Por la reparación integral, la montaña se mueve”, decía una de las pancartas que cargaban los campesinos.
No solo partieron campesinos de la montaña, también de las comunidades de San Jacinto y María la Baja. Salieron para “ver si 1500 personas con camisetas blancas y sombreros de paja, caminando por la carretera que conecta la costa Atlántica con el interior, seguían pasando desapercibidas por el Gobierno”.
Tenían razón: no fue así. Para cuando la marcha llegó a San Jacinto, los estaban esperando representantes de los gobiernos regional y nacional. Los campesinos exigieron para sentarse a negociar presencia de la Presidencia, que nunca llegó. Aún así se sentaron. De la mesa formaron parte los líderes de 33 veredas de la Alta Montaña, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, el viceministro de Agricultura de entonces y el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.
De allí salieron 91 acuerdos con tres diferentes mesas que serían encargadas de hacer seguimiento al cumplimiento de cada compromiso. Algunos se han cumplido y otros se quedaron en la memoria de los campesinos. La realidad es que el balance que hacen hoy en el MOPAM dice que muchas iniciativas que impulsaron se quedaron por fuera.
La más importante que se quedó fuera de los acuerdos fue la decisión del Gobierno de subsidiar la revitalización del aguacate.
A mediados de los 2000 un hongo llamado fitóftora se tomó las matas de aguacate. Luis Francisco Ochoa, autor de La pérdida del oro verde, afirma que el 80% de la producción de aguacate en la zona, equivalente a unas 3.700 hectáreas, se perdió en apenas cinco años.
El aguacate era visto como un vínculo entre las diferentes comunidades de la Alta Montaña. Las relaciones comerciales y de amistad antes de la violencia giraban en gran parte alrededor del cultivo. Aún así, los gobiernos regional y nacional se negaron a subsidiar y apoyar la revitalización del “oro verde”. Por el contrario, entró en un campaña de promoción de diferentes cultivos para su diversificación.
Los campesinos afirman que se pueden discutir los beneficios económicos de la diversificación de cultivos, pero no la importancia del aguacate para el tejido social. Incluso, entre odios por ser de un bando u otro, la plaga la sufrieron todos y de cierta manera los une.
Con todo y esto aceptaron la posición del Gobierno y concertaron más puntos. Cedieron a cambio de ciertas victorias que nunca se materializaron. Una de ellas, la visita del presidente Juan Manuel Santos a la zona.
El problema, dicen ellos, es que si bien se han logrado avances, el Gobierno no abarca sus compromisos con la amplitud que se requiere. El ejemplo más diciente está en la salud. Entregaron dos ambulancias en una zona donde no hay vías para que transiten.
El salto a la política
Los problemas del MOPAM no fueron solo con el Gobierno, también con su comunidad. De los 17 corregimientos, la reconciliación de Chengue, Don Gabriel y Salitral con Macayepo sigue pendiente. Las conversaciones entre estos pueblos fueron difíciles en un comienzo por la desconfianza que existía. Pero en los últimos encuentros han podido llegar a acuerdos. Han decidido que lo fundamental es adecuar y pavimentar el camino que hay entre las comunidades, pues al estar abandonado “le cortó la arteria que le puede dar vida a las comunidades”, como explica Ciro Canoles, uno de los líderes de Macayepo.
En enero del año pasado Aroldo se temía lo peor: “el 2015 va a ser un año maldito. Los politiqueros no nos van a dejar trabajar”, decía. Y no era para menos. Si bien el MOPAM se sabía mover entre las diferentes instituciones para lograr que atendieran las necesidades de la comunidad, no dejaba de ser un movimiento social y no político. Lo que significa muchas promesas y pocos hechos en año electoral.
Así que el movimiento se reunió para ver a quién decidían apoyar de cara a las elecciones locales, tanto al Concejo como a la Alcaldía. Y pasó lo que todos se esperaban: cada quien apoyaba a cada cual. O en algunos casos, a ninguno. Decidieron entonces no apoyar a nadie.
Ricardo Esquivia, fundador y director de Sembrando Paz, le sugirió a Aroldo y otros líderes no dejarse llevar por el pesimismo del que estaban cargados. Si el problema es la politquería, ¿por qué no atacar el problema desde su trinchera?
Con el apoyo de Sembrando Paz, MOPAM evolucionó a un movimiento político. La idea era lograr al menos una silla en el concejo del Carmen de Bolívar. No se trataba solo de conocer cómo era la forma de buscar votos y de hacer campaña política sino, en caso de obtener una victoria, conocer el funcionamiento interno de la política local.
El problema es que se estrellaron por ingenuos. O por primíparos, para ser más crudos. Cuando fueron a inscribir el movimiento político, el registrador del Carmen no los dejó. Les dijo que ya había pasado la fecha límite de inscripción, a pesar de que en el sitio web de la Registraduría nacional era claro que quedaba más de un mes para terminar el proceso. Esto les retrasó varios días el inicio de la campaña.
Además, enfrentarse a la política costeña no es un reto cualquiera. Con la ayuda de Sembrando Paz lanzaron una campaña para recibir donaciones. Entre las filas de esta organización, que es de la iglesia menonita, hay una gran cantidad de extranjeros que podían ser los financiadores de la aventura electoral. La mayoría de Estados Unidos. Pero muchos de ellos recibieron amenazas de ser deportados de regreso a su país si seguían inmiscuyéndose en asuntos políticos nacionales.
Con todo y esto lograron recoger un total de 52 millones de pesos, que fue el monto total con el que financiaron la campaña al Concejo. La lista cerrada que presentaron era liderada por Jorge Pérez, líder de Loma Central, corregimiento de Carmen de Bolívar. Fue él el número 1 a pesar de no contar con la bendición de todos en el MOPAM para hacerlo, pero era quien mayores réditos políticos tenía en el municipio.
El problema fue que actuaron de manera desarticulada y según denuncian algunos líderes del MOPAM, voceros de diferentes veredas, que apoyaban el movimiento, se dejaron comprar por los políticos locales. Se creó una debilidad en la cohesión del movimiento y se terminaron dividiendo los votos.
La gente en el Carmen rumora que se llegó a invertir hasta mil millones de pesos para sacar una silla en el Concejo, que terminó compuesto por tres curules para el partido de La U y tres para el Liberal; dos para el Conservador, Cambio Radical y Alianza Social Independiente; y una para la Alianza Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y Opción Ciudadana. Lo más llamativo de las elecciones allí es que el Centro Democrático ni siquiera llegó a pasar el umbral, logro que sí tuvo el MOPAM.
Lo cierto es que el movimiento pacífico se puede apuntar una victoria agridulce. Achacada, como el cuerpo de Aroldo. Ni muy muy, ni tan tan. Es una verdadera victoria llegar a pasar el umbral con un movimiento campesino, que tiene la bandera menos sexy en la política, que carga con una historia de odio, que no tiene un gran presupuesto y que además no tiene el apoyo de ningún partido político tradicional.
El problema, como en todas las derrotas políticas, está más bien en el ego de sus líderes. De las 25.000 personas que viven en la Alta Montaña, la gente a la que aspiraban representar, el movimiento obtuvo 1115 votos.
Ahora el MOPAM está terminando de consolidar una estrategia de cara a las elecciones de 2019. Una estrategia que les dé el tiempo necesario para poder hacer una campaña más fuerte que logre hacerle competencia a la maquinaria política.
La idea es dividir el movimiento en dos vertientes: una social y una política. La social busca mantener los procesos que ya venía adelantado el MOPAM. La política, por otra parte, tiene mucho trabajo pues debe desmontar la estructura piramidal que se había consolidado al interior del movimiento.
Quieren arrancar de nuevo, con ideas más frescas y con tiempo para tener un verdadero proceso social y comunitario; buscar que se involucren las 34 juntas de acción comunal que existen en la Alta Montaña. “Estamos buscando oxígeno: somos un pececito que anda buscando el agua”, explica Aroldo.
