Expectativa vs. realidad: lo que pasó en el primer año de la paz

Hubo grandes avances en varios frentes, como el desarme.Reforma Rural sigue pendiente y conceptos como la JEP fueron seriamente modificados.

El acuerdo de paz con las Farc, no se puede negar, se ha ido desfigurando a medida que pasa el tiempo. La implementación ha tenido tropiezos, algunos por retrasos del gobierno y otros, como la definición del modelo de justicia, por letargo en el Congreso. En 2018 son varios temas los que el gobierno tendrá que resolver: las leyes para que la reforma rural sea una realidad, la definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las curules para las víctimas y el programa de sustitución de cultivos.

En ¡Pacifista! hicimos un corte de cuentas sobre la implementación de la paz. Aunque en algunos aspectos, como el desarme, el gobierno y las Farc han cumplido a cabalidad, existen otros, como la reforma rural, que hasta ahora siguen solo en el papel. Aquí, punto por punto, le explicamos en qué va el acuerdo.

1.Reforma Rural Integral

1. Crear un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Ejecutar plan masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escrituras.

En mayo de este año, el Gobierno presentó el Decreto 902 de 2017 para crear el Fondo Nacional de Tierras. De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, de 180.000 solicitudes de adjudicación de tierras se han logrado evacuar 32.000.  En los últimos 18 meses, la Nación tituló 21.500 baldíos que representan un total de 861.000 hectáreas.

Por el momento, el Fondo de Tierras cuenta con 138.000 hectáreas. Este fondo deberá proveer 7 millones de hectáreas a familias que fueron despojadas o que simplemente no tienen acceso a la tierra.

2. Actualización y modernización del catastro rural

En mayo de este año, el gobierno lanzó el catastro multipropósito, el cual se está implementando en Antioquia, Putumayo, Santander, Cundinamarca, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Magdalena, Quindío y Atlántico, con el fin de cumplir con lo pactado en el acuerdo.

3. Protección de las áreas de especial interés ambiental

Hasta ahora, el único avance en este frente es el programa ‘Ambiente para la Paz: vida digna y reconciliación’, lanzado por el Ministerio de Ambiente el pasado 8 de junio. El proyecto se está implementando en Meta y Caquetá con una inversión 9.000 millones de pesos.  En total, según el ministerio, participarán 3.810 personas, de las cuales el 30 por ciento son excombatientes de las Farc. La idea es que trabajen para prevenir efectos adversos al medio ambiente, como la deforestación. Sin embargo, este programa, tal como está diseñado, no garantiza la protección de las áreas de interés ambiental.

4. Jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra

El proyecto de jurisdicción agraria ni siquiera ha surtido su trámite en el Congreso.

5. Vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación, conectividad a internet y desarrollo social.

Hasta el momento, el proyecto de vías terciarias es el que más ha progresado. El gobierno destinó 1,26 billones de pesos para avanzar en la construcción y recuperación de 2.600 kilómetros de vías terciarias y la reparación 11.683 kilómetros de carreteras. En teoría, en 2018 estarán en mejores condiciones las vías terciarias de 51 municipios del país, la mayoría víctimas del conflicto armado. En conectividad a internet, el país pasó de tener 200 municipios conectados por fibra a óptima a 1.075, según el MinTic.

6. Acceso a vivienda y agua potable

Según cifras del Ministerio de Vivienda, en el gobierno de Juan Manuel Santos se han entregado 1.500.000 viviendas y en lo que resta de mandato entregarán 190.000. De acuerdo con el viceministerio de Agua Potable, Colombia pasó de tener 37% de agua tratada por saneamiento básico a 42%.

7. Estímulos a la productividad

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, la implementación del Acuerdo de Paz no ha tenido en cuenta el fortalecimiento de los programas de nutrición y en general de soberanía alimentaria para la población rural, un punto clave si dentro de los objetivos del acuerdo está el de conseguir un campo más productivo.

8. Planes para fomentar la economía familiar y solidaria

Este punto, en el cual poco se ha avanzado, está directamente relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos. En Putumayo, por ejemplo, 40 mil piñas que estaban produciendo los campesinos para sustituir la coca se perdieron por falta de comercialización. Y aunque cerca de 20.000 familias están vinculadas al programa de sustitución del gobierno, las condiciones para producir nuevos alimentos no están dadas.

9. Acceso a crédito para campesinos y excombatientes

Este punto tampoco presenta mayores avances. La razón: el Congreso no ha tramitado la Ley que se necesita para hacer viables estos créditos.

2. Participación en política

1. Facilitar la creación de nuevos partidos políticos. Fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales así como promover una mayor participación electoral

Para que este punto se hiciera realidad era necesaria la aprobación de la reforma política propuesta por el gobierno. En teoría, esta reforma permitiría nuevos incentivos para partidos políticos independientes y garantías para la oposición. Sin embargo, el proyecto fue cambiando a medida que surtía su trámite en el congreso, tanto así que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adquirió un poder político superior en la reforma, eclipsando otros temas prioritarios, como las garantías para los partidos minoritarios. Al final, las mismas Farc solicitaron que se hundiera el proyecto.

2. Creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto

De este punto dependía que 16 víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto armado tuvieran una representación directa en el Congreso durante los próximos dos periodos presidenciales. Estas curules para las víctimas, también conocidas como “circunscripciones especiales de paz”, fueron rechazadas en el Senado, donde el proyecto no alcanzó las mayorías que necesitaba. El gobierno interpuso una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado porque, a juicio del Ministerio del Interior, el proyecto sí alcanzó las mayorías porque tres congresistas que no votaron están en la cárcel. Aún no hay una sentencia definitiva en este asunto.

4. Garantías para la oposición política: definición de un estatuto para la oposición

El estatuto para la oposición está cerca de ser realidad. La Corte Constitucional está estudiando la ponencia del magistrado Alejandro Linares que le permitiría a las Farc hacer la transición a un partido político. La oposición, de acuerdo con la ponencia, debe declararse como derecho fundamental.

5. Acciones para fortalecer y darles garantías a los movimientos y organizaciones sociales

Este es quizás uno de los puntos que tiene menos avances. El asesinato de 66 líderes sociales desde que comenzó la implementación del acuerdo de paz dejó en evidencia la fragilidad del Estado para proteger a movimientos sociales de las regiones. De hecho, este año también se realizó una minga indígena por las dificultades que ha tenido la implementación de este punto.

6. Promover la participación e incidencia de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional

En mayo de 2018 se sabrá a ciencia cierta qué tan avanzados están los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a cargo de la Agencia para la Renovación del Territorio.  Actualmente son 170 municipios los que participarán en la elaboración de los PDET, todos con un alto nivel de conflictividad y ausencia estatal.

7. Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, institucionales, regionales y creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia

El pasado 20 de diciembre comenzó a funcionar el Consejo Nacional de Paz, organismo creado para concertar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc. La idea es que este Consejo logre agilizar la implementación de los acuerdos de paz.

9. Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales

El Sistema fue creado este año y cuenta, por el momento, con la participación de 10.000 carabineros, según datos de la Policía Nacional.

3. Fin del conflicto

1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

En el primer año de implementación este punto se cumplió a cabalidad. Aunque no hubo enfrentamientos entre las Farc y el Ejército, sí se presentaron entre este último y disidencias de la guerrilla.

2. Dejación de armas

Este fue uno de los sucesos más esperanzadores de 2017. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, “la dejación de armas de las Farc se ha cumplido a cabalidad. La medición internacional se hace calculando la relación entre el número de armas por desmovilizado. El promedio más alto había sido Afganistán, donde se entregaron 0.76 armas por desmovilizado. A nivel nacional, la desmovilización paramilitar arrojo un promedio de 0.6 armas por hombre. Para el caso de las Farc la relación fue de 1.3 armas por excombatiente, más del doble a la de paramilitares y casi del doble de la de Afganistán, una cifra que no tiene precedentes en los procesos de dejación de armas”.

3. Zonas Veredales y puntos transitorios de normalización

La construcción de 26 zonas veredales en donde se agruparon los exintegrantes de las Farc fue un reto que al gobierno le costó cumplir. Algunas zonas, como Policarpa, en Nariño, no comenzaron a funcionar en el tiempo pactado y tampoco fueron construidas con las condiciones de infraestructura necesarias. No obstante, el proceso terminó a mediados de este año, cuando las zonas pasaron a ser Espacios de Reincorporación y Capacitación (ETCR).

4. Reincorporación social, económica y política

Se han presentado avances menores. A corte de octubre de este año, solamente la zona veredal de Óscar Montero, alias “El Paisa”, había presentado proyectos productivos. Una de las mayores dificultades ha sido mejorar el acceso a la tierra, pues si el Punto Uno de acuerdo sigue estancado, los excombatientes no podrán contar con proyectos productivos. De acuerdo con la Agencia Nacional para la Reincorporación (ANR),  11.130 excombatientes de las Farc recibieron la asignación única de normalización, es decir, 2’000.000 de pesos por persona.

5. Garantías de seguridad

El gobierno no ha avanzado lo suficiente en este punto y muestra de ello es el flagelo que viven los líderes sociales (66 asesinados desde diciembre de 2016). En mayo de este año el gobierno avanzó con un decreto para mejorar el sistema de alertas tempranas y así garantizar una protección efectiva a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, solo hasta el pasado 18 de diciembre el gobierno expidió el decreto que reglamentaba el nuevo sistema de alertas tempranas.

4. Solución al problema de drogas

1.  Creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de cultivos.

En mayo de este año el gobierno creó oficialmente el Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pnis), con el cual se esperan sustituir los cultivos de uso ilícito en el país. A la fecha, según Presidencia, se han vinculado 54.180 familias al Pnis que dicen tener 40.000 hectáreas de coca. Del total de familias vinculadas, 24.580 recibieron el primer pago para adelantar la sustitución. El Pnis, en departamentos como Nariño o Putumayo, ha tenido serios inconvenientes por la política de erradicación forzosa del gobierno.

2. Creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar, de manera focalizada, las redes de narcotráfico en el territorio

No hay avances concretos en este punto. De hecho, la Procuraduría le llamó la atención el gobierno en octubre pasado por los retrasos en la implementación del Punto Cuatro del acuerdo. El único avance, aunque contradictorio con la sustitución, es la creación Centros Estratégicos Operacionales (CEO), enfocados en la erradicación en 11 departamentos del país.

5. Acuerdo sobre las víctimas

1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición

El pasado 5 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. De 199 personas postuladas, el Comité de Escogencia eligió los 11 que, a su juicio, pueden realizar una investigación exhaustiva sobre el conflicto armado y, lo más importante, otorgarles claridad a las víctimas y promover su reconocimiento. La Comisión estará a cargo del padre Francisco de Roux. En la lista de magistrados hay nombres importantes como los de Alfredo Molano Bravo y Martha Ruiz.

2. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas

La Unidad, creada en el segundo semestre de este año, está a cargo de la abogada Luz Marina Monzón. Uno de los retos de esta unidad será fortalecer la búsqueda y la verdad sobre 46.970 víctimas de desaparición forzada en el país.

3. Jurisdicción especial para la paz (JEP).

La Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de juzgar y otorgar amnistías a las personas que participaron en el conflicto armado colombiano, fue radicalmente modificada en el Congreso y el proyecto que expidió este organismo está siendo evaluado por la Corte Constitucional. Las Farc no están conformes con la reglamentación parcial de la JEP, entre otras razones, porque condiciona la participación política a un sometimiento a la justicia. El principal argumento de las Farc es que el Congreso ha legislado para aumentar las presiones en su contra, dejando a salvo a líderes del uribismo y a otras personas que, directa o indirectamente,  podrían ser partícipes de los crímenes del conflicto y por ende, en teoría, tendrían que ser sometidos a la justicia. La JEP ya cuenta con cuenta con los 38 magistrados que necesita para comenzar a evaluar las responsabilidades de los crímenes en el conflicto armado con la guerrilla de la Farc.